Ciudad de México a 15 de marzo
de 2017.- La Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y
medios de comunicación, presidida por la diputada Brenda Velázquez Valdez
(PAN), aprobó tres opiniones favorables. Las dos primeras, referidas a reformas
de los artículos 7 y 102 constitucionales, y la tercera, a la Ley para la
Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; a diversas
disposiciones en materia de derecho a la información y libertad de expresión, y
para expedir la Ley General de Protección a Periodistas.
La primera propuesta fue
presentada hace unos días por la legisladora Velázquez Valdez, quien plantea
reformar y adicionar el artículo 7 constitucional, para incorporar el concepto
de libertad de expresión al de libertad de difusión.
Con ello, busca atender el
principio de progresividad para ampliar la protección y defensa del derecho
humano de la libertad de expresión y dotar de facultades explícitas al Congreso
de la Unión para emitir la legislación nacional en la materia.
La opinión precisa que el
Poder Judicial de la Federación está en vías de desarrollar la interpretación
jurisdiccional en materia de derechos humanos, conforme al nuevo contexto
derivado de la reforma al artículo primero constitucional.
De aprobarse el dictamen a la
iniciativa, se elevaría a nivel constitucional la confidencialidad de las
fuentes periodísticas, establece el documento.
La segunda opinión, aprobada
también por mayoría, se refiere a la iniciativa presentada por el diputado
Virgilio Caballero Pedraza (Morena), para dotar de reconocimiento
constitucional y autonomía en su organización interna a la Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, “ante la
debilidad institucional mostrada desde su creación”.
La Comisión Especial recomendó
“tomar en cuenta el impacto presupuestal que supone la creación de unidades
administrativas dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) en las
entidades federativas, así como el que representaría la autonomía de la
Fiscalía Especial”.
Refirió que la reforma al
artículo 102 de la Constitución, propone que la Fiscalía Especial cuente con
autonomía de gestión y presupuestaria, y tenga personalidad jurídica, para
proteger a defensores de derechos humanos y a periodistas de las agresiones en
su contra, además de crear 32 delegaciones estatales de la misma Fiscalía
Especial.
Plantea también la creación de
un Consejo Consultivo integrado por 12 consejeros, cuatro académicos, cuatro
defensores de derechos humanos y cuatro periodistas, que durarían en su encargo
seis años y podrían ser reelectos por un periodo más. Los integrantes serían
elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la
Cámara de Senadores.
La tercera opinión, aprobada
por unanimidad, consideró viable la iniciativa para expedir la Ley General de
Protección a Periodistas y reformar la Ley para la Protección a Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como diversas disposiciones
en materia de derecho a la información y libertad de expresión.
Aclaró que la creación de la
ley general “no supone un impacto presupuestal, debido a que el Fondo y su
fideicomiso se encuentran en operación desde 2012”.
La expedición de esta norma
crearía mecanismos de protección a periodistas en las entidades federativas, ya
que el problema más grave de agresiones a este gremio se da a nivel estatal y
municipal, e incorpora conceptos internacionales como el derecho a la
información y los derechos digitales.
Asimismo, los conceptos de
periodista y colaborador periodístico dictados por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, crea una Alerta de Riesgo, prevé capacitación a servidores
públicos municipales y una reducción en los tiempos de atención a víctimas de
agresiones.
La reforma al artículo 11
párrafo I inciso c) de la Ley Orgánica de la PGR tiene el propósito de
armonizar y actualizar este ordenamiento con la expedición del Código Nacional
de Procedimientos Penales.
Los cambios al artículo 21 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, buscan incorporar los conceptos de
colaborador periodístico y derechos digitales, y que la Fiscalía Especial
ejerza su facultad de atracción de manera obligatoria para delitos contra
personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la
información o las libertades de expresión.
