De acuerdo con el organismo de investigaciones
con sede en Ginebra, Suiza, el año pasado los conflictos armados arrojaron un
total de 95 mil muertos en todo el mundo, de los cuales 55 mil se
contabilizaron en Siria, nueve mil en México y siete mil 500 en Afganistán.
No obstante, señaló que México, al igual que
Turquía, Tailandia y otros países, no reconoce la existencia de un conflicto
armado en su territorio.
Según el texto, además de los 95 mil muertos,
los conflictos también dejaron centenares de miles de heridos, pero pocos
dieron lugar a sanciones por crímenes de guerra, debido a que las leyes son
poco claras.
Sin embargo, en algunos casos se impuso la ley,
como sucedió cuando Estados Unidos y Gran Bretaña juzgaron a algunos de sus
soldados por crímenes de guerra cometidos en Afganistán.
El análisis, que busca allanar el camino para
el juzgamiento de crímenes de guerra, determinó la existencia de al menos 38
conflictos armados en 24 países y territorios en 2012, incluida la guerra civil
en Siria, sobre la base de su interpretación del derecho humanitario
internacional.
Los académicos que dirigieron la investigación
señalaron que hubo escasa justicia debido a la falta de acuerdo o la confusión
sobre qué constituye un conflicto armado bajo las Convenciones de Ginebra y
otros instrumentos del derecho humanitario internacional.
“No siempre está claro si una
situación constituye un conflicto armado y, por tanto, se pueden juzgar
crímenes de guerra”, subrayó Andrew Clapham, profesor de derecho internacional
y director de la academia.
En su edición 1936, que circula esta semana,
la revista Proceso retomó un informe difundido por el semanario Zeta, en el que
se detalla que durante los primeros 11 meses del gobierno de Enrique Peña
Nieto, el número de asesinatos dolosos aumentó respecto de los últimos meses
del sexenio calderonista.
La metodología instrumentada por Zeta desde el
sexenio de Felipe Calderón, aplicada ahora en la administración de Enrique Peña
Nieto, consiste, como todo trabajo periodístico de investigación, en confrontar
la versión oficial publicada en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)
y las procuradurías locales, incluidos los dichos del secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el vocero Eduardo Sánchez, con los
registros de ejecuciones que reportan mensualmente las instituciones no
gubernamentales en cada uno de los estados.
A diferencia de las 17 mil 68 ejecuciones que
contabilizó el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, basado en igual
número de averiguaciones previas abiertas por homicidios dolosos, Zeta
registró, en los primeros 11 meses de gobierno de Peña Nieto, 19 mil 16
ejecuciones hasta el 30 de octubre de 2013.
Luego de un minucioso recuento de las
ejecuciones, mes por mes, en cada una de las entidades federativas, la
conclusión más importante a la que llegó este semanario es que el primer tramo
del gobierno de Peña Nieto es ya más cruento que el último de Calderón
Hinojosa.
Para empezar, el primer año de gobierno de
Felipe Calderón, 2007, Zeta documentó 2 mil 826 muertes producto de
“ejecuciones”, “enfrentamientos”, “homicidios-agresiones” y homicidios dolosos
a consecuencia del narcomenudeo.
En los últimos 11 meses de gobierno de
Calderón, las ejecuciones alcanzaron la cifra de 18 mil 161, mientras que datos
duros documentados en este semanario arrojan la cantidad de 19 mil 16
ejecuciones entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2013. Este
rubro el gobierno peñista empezó clasificándolo como “homicidios dolosos
relacionados a delitos federales”, pero son saldos de la guerra que mantiene el
gobierno federal contra algunos cárteles de la droga y de la confrontación
entre éstos, que se disputan el control de la producción, tráfico y
distribución de sustancias ilegales.
Pero el Secretariado Ejecutivo sólo reconoce
17 mil 68 “averiguaciones previas” por homicidio doloso entre el 1 de diciembre
de 2012 y el 31 de octubre de 2013.
Más aún, en la cifra de 19 mil 16 ejecuciones
obtenida por Zeta lamentablemente no se incluye los que el gobierno de Enrique
Peña Nieto ha decidido clasificar como homicidios culposos o “accidentes” en el
Sistema Nacional de Seguridad Pública que dirige Monte Alejandro Rubido.
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