El proyecto fue enviado por el
Ejecutivo estatal para su análisis y discusión, para regular los asuntos
metropolitanos que incluyen a 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59
municipios del Estado de México y un municipio de Hidalgo, donde habitan 21
millones de personas.
Maurilio Hernández González,
presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura acudió en
calidad de testigo a la sesión de comisiones legislativas, y a su salida
aseguró que la Ley discutida es una necesidad porque la realidad metropolitana
exige coordinación de las tres entidades y la Federación.
“La división política
territorial no resuelve los problemas reales de la movilidad social, seguridad,
transporte y abastecimiento de agua; son problemas que los límites
territoriales no pueden frenar, se tienen que articular acciones de gobierno de
manera conjunta entre las tres entidades y la propia Federación”, apuntó Hernández.
Recordó que actualmente en
materia de seguridad, la división territorial genera impunidad, pues se cometen
delitos en una entidad y los delincuentes se trasladan a otra, y muchas veces
queda sin efecto las acciones de la justicia, por lo que la ley ayudará a
resolverlo.
A la reunión asistieron los
funcionarios estatales: Rodrigo Espeleta, Secretario de Justicia y Derechos
Humanos; Andrés Massieu Fernández, Secretario de Desarrollo Urbano y
Metropolitano, y Pablo Basáñez, subsecretario de Desarrollo Metropolitano.
Mónica Álvarez Nemer cuestionó
cuáles serán los criterios para definir las agendas metropolitanas, y cómo se
manejará el tema de seguridad para los tres estados.
Al respecto, Pablo Basáñez
explicó que los gobiernos de las tres entidades han trabajado de manera
tripartita en materia de seguridad, lo que ha permitido la interconexión de
cámaras de video vigilancia entre las tres entidades, pues hoy el C5 del Edomex
puede visualizar las cámaras de la Ciudad de México y viceversa, instalar
cámaras de vigilancia al interior de unidades de transporte, y crear corredores
seguros.
La Ley de Desarrollo
Metropolitano establece diversos criterios para el financiamiento de proyectos
de obra pública y servicios, como créditos, aportaciones, fondeos de terceros
de carácter nacional e internacional, financiamiento de la banca multilateral,
e inversión pública y privada, y buscaría también acceder a fondos de
organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo.
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