CIUDAD DE MÉXICO. Un grupo de
cerca de 35 extrabajadores del Senado, que entraron por recomendación del
expresidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, se organizaron para exigir al
Senado que les pague una liquidación, que implicará un promedio de 321 mil
pesos por cada uno, que representarán una erogación no prevista de la
institución de casi 11 millones de pesos.
Los extrabajadores, quienes
fueron dados de baja a partir del pasado 15 de septiembre, argumentan que, al
haber ocupado una plaza de estructura en el Senado, tienen derecho a una
liquidación, aunque algunos de ellos no cumplieron el año de laborar en la
institución.
Entre quienes buscan esa
liquidación están Federico Anaya, quien fuera el consejero jurídico de Martí
Batres en el Senado, así como Omar Butrón, el subcontralor que aseguró haber
cursado la licenciatura en un año y ser pasante de maestría sólo un mes
después.
Desde el 15 de septiembre, 86
trabajadores del Senado, entre ellos los 66 que llegaron por recomendación
directa del senador Martí Batres, causaron baja en la institución, por lo que
fueron notificados; de ese total, sólo un grupo de quienes ocuparon puestos de
estructura han decidido unirse para exigir que el Senado les entregue una
liquidación o los reinstale en sus puestos, porque, desde su perspectiva, no
existe ningún motivo laboral que justifique su salida.
Este grupo de extrabajadores
ya hizo el planteamiento oficial a las autoridades de la Mesa Directiva, para
que se les entregue el dinero al que dicen tienen derecho.
De acuerdo con información
obtenida por Excélsior entre las autoridades del Senado, en este grupo de cerca
de 35 personas que buscan la liquidación están todos los que trabajaron en la
Coordinación de Consultoría Jurídica Legislativa, que encabezó Federico Anaya
Gallardo; con él están Olivia Rubio, Claudia Mendiola, Joel García López, Elisa
Álvarez Hernández, Juan Carlos Gómez Nájera, Roberto Euclides Hernández
González, Yolanda Pérez Santillán, Frida González Jordán, Omar Monroy Rodríguez
y Liliana Martínez Calderón.
El 17 de junio pasado,
Excélsior informó que entre este grupo de trabajadores del Senado existen
personas que carecen del título profesional para ser asesores parlamentarios y,
salvo Olivia Rubio, ninguno tiene experiencia en ese tema.
En esa ocasión, este diario
mencionó que Joel Aniceto García López, pasante de la licenciatura de Ciencia
Política y Administración Pública, fue director de Bienes, Servicios y Archivo
de Luz y Fuerza del Centro en Liquidación SAE, donde también fue coordinador de
Servicios Generales y Archivo. En el Senado ganó 89 mil 717 pesos brutos
mensuales, que se traducen en 64 mil 909 pesos brutos netos, después de
impuestos.
Y Juan Carlos Gómez Nájera,
pasante de la licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública, fue
auxiliar administrativo y maestro en la Secretaría de Educación de la Ciudad de
México; en el Senado ganaba 61 mil 446 pesos brutos mensuales, que menos
impuestos se convierten en 45 mil 456 pesos netos al mes.
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