Por Eduardo Muñoz
Nezahualcóyotl, Méx.- A la corrupción generalizada que impera en las
fiscalías y las corporaciones policiacas, debe sumarse la inexperiencia,
ignorancia e ineptitud de muchos jueces de control e incluso magistrados de
segunda instancia, quienes ratifican fallos injustos que posteriormente son
revocados por los tribunales colegiados de la federación, acusó aquí el
catedrático de la UNAM y exsubprocurador de Justicia del Estado de México,
Santos Montes Leal, quien dijo que nadie devuelve la vida a personas que
pasaron dos o tres años en la cárcel a pesar de ser inocentes.
En
conferencia de prensa, el maestro en Derecho dijo que hoy por hoy, muchos
imputados logran su libertad gracias a la intervención de los tribunales de
circuito, donde los magistrados sí otorgan amparo a solicitantes y revocan
sentencias donde se aprecian múltiples irregularidades.
Dijo
que es muy lamentable que algunos pretores, quizá por desconocimiento,
incompetencia o mala fe, no tomen en cuenta la “presunción de inocencia”
consagrada en las constituciones de muchos países, incluido el nuestro, y
establecida en el nuevo sistema de justicia penal aprobado en junio de 2008.
Son los
casos, dijo, de los jueces Noemí Barrón Segura, César Menchaca Cárdenas y
Víctor Mejía Hernández, por citar algunos, quienes fallaron de manera
arbitraria en los expedientes 259/18, 10/16 y 1168/16, o el del magistrado de
la Sala Regional de Texcoco, José Ambriz Vázquez, con una resolución
autoritaria en el toca 712/16, revocada por el Poder Judicial de la Federación.
Expresó
ante los medios que en vista de que nadie devuelve la vida y la autoestima a
personas encarceladas injustamente, abogados de Nezahualcóyotl dirigirán
escritos al Congreso de la Unión para que se legisle al respecto y se ordene
que las Fiscalías del país indemnicen económicamente a estos individuos y a sus
familias, que sufrieron la pena y la vergüenza social por un delito no
cometido.
Aseveró
el catedrático que en muchos casos, los jueces de control no conocen el nuevo
sistema de justicia penal, sino que se quedaron en el anterior, el
“inquisitorio”, y por ello sus resoluciones son equivocadas. En otros opera la
mala fe, o quizá la corrupción.
Estos
profesionales, abundó, deben ser relevados de sus cargos por el Consejo de la
Judicatura, ya que sus fallos generan desorden social y una imagen negativa de
la impartición de justicia.
Señaló
por último que el sistema acusatorio es aún muy joven y necesita madurar, pero
no es justo que la justicia del país se encuentre en manos de gente inexperta e
ignorante.
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