CASI 200% CRECIÓ COSTO DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA

* Piden investigar presunto fraude fiscal o posible contrabando

* Piden unos piden lana, otros demandan fiscales de justicia

Que el de Atlacomulco no diga después que porqué lo culpan, pero ya la bancada del PAN en El Senado denunció que el costo del Tren Interurbano México-Toluca aumentará 175% por lo que solicitó investigar un presunto fraude fiscal o posible contrabando en la adquisición de 30 convoyes para recorrer la ruta, revelado por la disparidad de cifras en los costos de importación.

La obra ferroviaria iniciada en 2014 ascenderá a poco más de 59 mil 216 millones de pesos, de acuerdo con lo proyectado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, en estudio en la Cámara de Diputados, indican en un punto de acuerdo que será presentado en la sesión senatorial de esta semana.

El incremento es desmedido, toda vez que la inversión se estimó en 21 mil 504.9 millones de pesos y se preveía que este año comenzara operaciones, pero a principios de julio se anunció la modificación del trazo, para evitar la tala de tres mil 300 árboles del bosque El Ocotal, destacan.

Lo anterior pone en evidencia que en el proyecto original no fue considerado el impacto ambiental que tendría la obra, exponen la senadora Marcela Torres Peimbert y los senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez Valenzuela y Ernesto Ruffo Appel.

De igual forma, resaltan la falta de transparencia en la adquisición de los trenes, al reportar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) distintos precios de los convoyes, ante la petición solicitudes de información.

De acuerdo con los pedimentos de importación, el valor declarado en aduana es de poco más de 5 millones 772 mil pesos por convoy (una máquina y cinco vagones), que sumado al Impuesto al Valor Agregado (IVA) arroja un total 6 millones 695 mil 724 pesos, subrayan.

Sin embargo, refieren que la SCT reporta que cada tren costó 107 millones 921 mil 617 pesos y, adicionalmente, un directivo de CAF, la empresa armadora, reveló a la prensa que el precio es de 110 millones de dólares, es decir, 2 mil 90 millones de pesos.

“Estas tres cifras, tan distintas una de la otra y teniendo como base los antecedentes de corrupción de esta administración, permiten suponer que el costo de cada uno de los trenes es, al parecer, secreto de Estado, aún para el pago de impuestos”, exponen.

Al declarar la importación de las unidades a un valor muy por debajo de su precio real se configura un posible delito de contrabando o una cuantiosa defraudación al fisco, advierten, lo cual debe ser aclarado por las autoridades hacendarias.

Será por eso por lo que la reflexión presidencial de: “estamos a 1, no a menos, como a 5” tiene mucho de cierto ¿o no?

COSTOS INFLADOS

Los senadores del PAN comentaron que la SCT a cargo de Gerardo Ruiz Esparza habitualmente incrementa los costos de las obras, lo que significa más impuestos para los ciudadanos y la sospecha de que esos recursos podrían ser desviados para la campaña electoral presidencial de 2018.

También remarcan que CAF, cuyo crecimiento en México ha sido exponencial, en alianza con algunas constructoras participa en todas las etapas del proyecto, además de que “vale la pena mencionar que esta empresa también participó en la controvertida construcción de la línea 12 del metro de la Ciudad de México”.

Por ello solicitan al SAT verificar el costo real de los trenes y determinar si el pago de impuestos se hizo con base a lo que señala la Ley Aduanera y otras disposiciones legales aplicables.

En otro resolutivo demandan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe detallado de los incrementos en el presupuesto destinados a la obra y las razones por las que ha sufrido un aumento desmedido.

De igual modo, piden a la SCT que en un plazo no mayor a 30 días remita al Senado el costo total del proyecto y los montos ejercidos por capítulo, y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) efectuar una investigación integral del proceso de ejecución del programa presupuestario.

Asimismo, exigen a la Secretaría de la Función Pública (SFP) instruir a los titulares de los órganos internos de control del SAT, SHCP y SCT, rendir un informe de los procesos de licitación, asignación y ejecución del proyecto.

Por último, solicitan a la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Jaqueline Peschard, dar seguimiento puntual a la obra.

El Tren Suburbano México-Toluca tendrá una longitud de 58 kilómetros -4.7 mediante un túnel-, los cuales serán recorridos por 30 trenes de cinco vagones a través de seis estaciones en un tiempo aproximado de 39 minutos.

Y los vagones de la corrupción se presentan ahora.

REPARTO PRESUPUESTAL

Rectores, alcaldes, gobernadores y demás sectores estarán estos 10 días solicitando presupuestos para el 2018, como lo hizo la presidenta de la Comisión de Juventud, Karla Karina Osuna, quien propuso 9 ampliaciones para impulsar programas de movilidad urbana, infraestructura y educación para el próximo año, derivado de la falta de recursos, y reasignar más de siete millones y medio de pesos, lo cual fue aprobado por unanimidad, y forma parte de la Opinión sobre diversas modificaciones al PEF2018 que se entregará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para impulsar el desarrollo de la juventud mexicana.

Destaca el proyecto de Impulso a la Movilidad Urbana de la SEDATU por 269 millones 124 mil 17 pesos para resarcir los problemas, ya que “por años no se ha dotado de recursos, pese a que en las agendas legislativas de los diferentes grupos parlamentarios se consideran prioritarios”.

En el país se registraron 34 mil 509 defunciones de jóvenes por accidentes de tránsito en el 2013; el 17.2% son hombres y 10.3% mujeres.

Las lesiones por contingencias de tránsito entre la juventud son de gran relevancia, “la segunda causa de muerte entre jóvenes de entre 20 a 29 años, concentrando el 25% de los fallecimientos”.

De este porcentaje, 17.9% son peatones atropellados; 9.7% motociclistas y el 0.4% ciclistas, sumando el 28% de la totalidad de muertes. Por ello, se necesita diseñar políticas públicas en materia de movilidad más eficientes y fortalecer los proyectos que tienen mayor impacto para proteger de la población.

Para programas en materia educativa propusieron una ampliación por 69 millones 124 mil pesos para fortalecer el Programa Nacional de Becas, a fin de que más jóvenes tengan acceso y permanencia a estos apoyos, que garantice la conclusión de estudios y logren superación académica.

La propuesta obedece a que el proyecto de PEF 2018 presenta una reducción de mil millones de pesos, y por los adolescentes de 12 a 17 años, que representan el 36% y no tienen acceso a estudiar, lo que aumenta su vulnerabilidad y marginación.

La rebatinga por los pesos está en marcha, ¿quién da más? Y el Congreso deberá definir el caso de los fiscales que no tenemos.

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