*Señala el ombudsman que deben
considerarse los valores en el diseño de las políticas públicas
Toluca, México, 14 de
diciembre de 2016.- El Programa de
Derechos Humanos del Estado de México permitirá tener los elementos básicos
para garantizar la protección en la materia, prevenir violaciones, lograr la
coordinación entre los actores involucrados y generar políticas públicas a
favor de los grupos vulnerables, a fin de integrar una sociedad más incluyente,
tolerante, justa e igualitaria, resaltó el ombudsman Baruch Delgado Carbajal.
Durante la presentación del
programa estatal, con el que se cumple lo marcado por el Programa Nacional de
Derechos Humanos 2014-2018 y ubica a la entidad entre las primeras diez de la
república en contar con éste, recalcó que actualmente no se justifica la
ausencia de los derechos humanos en el diseño de políticas públicas, el cual
debe considerar como hilos conductores a los principales valores que emanan de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como son los principios del
respeto a la dignidad, no discriminación y la sociedad democrática.
Ante el gobernador Eruviel
Ávila Villegas; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación, Roberto Campa Cifrián; y el representante adjunto en México del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Jesús Peña
Palacios, entre otras autoridades, Delgado Carbajal detalló que el Programa
estatal tiene una amplia cobertura para la protección, promoción y difusión de
los derechos primigenios.
Asimismo, atiende demandas a
favor de diversos sectores de la población en situación de vulnerabilidad como
son las mujeres, niñas, niños y adolescentes; jóvenes, población con
preferencias sexuales diferentes, pueblos y comunidades indígenas, personas con
discapacidad, migrantes, adultos mayores y víctimas.
Su propósito dijo, es
implementar estrategias claras y puntuales para armonizar la legislación
estatal a estándares internacionales, fomentar que todas las instituciones
tengan servicio civil de carrera en el rubro, consolidar espacios de diálogo y
comunicación entre Estado y sociedad civil, generar políticas públicas con
perspectiva de género, fomentar el cumplimiento y aplicación de las
recomendaciones y medidas cautelares en tutela de derechos fundamentales,
aumentar la transparencia y rendición de cuentas del quehacer gubernamental, y garantizar
el respeto de los derechos fundamentales a los defensores de derechos humanos,
entre otros.