La niñez olvidada por el gobierno por segundo
año consecutivo, ya que la administración federal no consideró un solo peso
para la implementación del Sistema Nacional de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es la parte medular de la ley
general en la materia aprobada y en vigor desde diciembre de 2013. Políticas
sin recursos no caminan.
Hay que recordar que esta
legislación, enviada como iniciativa preferente por el presidente Enrique Peña
Nieto, ha sido presumida en México y el extranjero por diversas dependencias,
pero en los hechos no le han destinado los fondos para su funcionamiento, es
decir, presumen algo que no está vigente.
Por ello, Rafael Hernández
Soriano calificó esta actitud del gobierno federal como demagógica, ya que no
obstante que la Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados, de
la que es secretario, solicitó que se incluyera en el presupuesto para 2016 un
fondo de 150 millones de pesos, esta fue ignorada.
Demandó una reunión urgente con
las secretarías de Hacienda y Gobernación para que se busque una reasignación
presupuestal, de manera que los derechos de los menores en México sean
respetados y no todo quede en retórica gubernamental lo que en la práctica
quieren negar.
Y es que los recortes en el
presupuesto abarcaron a todos los sectores, en lo que la oposición llamó como
una simulación de presupuesto cero que nunca se dio, al grado que siendo la
violencia e inseguridad un flagelo para todos los mexicanos, el Programa
Nacional de Prevención del Delito, considerada una de las políticas
prioritarias y de mayores dividendos durante la actual administración federal,
contará con 25% menos recursos el próximo año.
Vemos entonces que lo
prioritario no es prioritario para el gobierno como lo declara, toda vez que, según
lo establecido en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de
Diputados, el programa dispondrá en 2016 de 2 mil 15 millones de pesos, esto
es, 668 millones menos que este año, cuyo presupuesto asciende a 2 mil 683
millones.
AUSTERIDAD AVANZA
Para quien fuera el último
gobernador mexiquense cercano a la gente, César Camacho, pese a los recortes
realizados, aseguró que el gobierno federal puso el ejemplo en austeridad, ya
que el líder de la bancada tricolor dijo que, para el Gasto Público en 2016, se
decidió implantar programas en esa materia en todas las secretarías de Estado.
“De todo el presupuesto 2016,
las dependencias y entidades que presentan el mayor recorte son las del
gobierno federal. Esto le da mayor autoridad para pedirle a otros Poderes,
organismos constitucionales, y a los estados y municipios, que sean mucho más
cuidadosos en el ejercicio del gasto”, subrayó.
“Todos los recursos públicos,
que siempre son insuficientes, estarán sujetos a auditoría, rendición de
cuentas, y a la trasparencia que un sistema republicano y democrático obliga”,
aseguró.
Cuestionado sobre si se
aprobaron recursos para programas que no han dado resultados, respondió que
todos los mecanismos a los que se otorgó presupuesto “han demostrado que dan
buenos resultados y tienen no sólo un año, sino necesitan un tiempo para
madurar y consolidarse a efecto de dar los beneficios programados”.
Para el presidente de la
Comisión de Presupuesto, Baltazar Hinojosa, el presupuesto crece a pesar de los
recortes en 1.47% con respecto a este año que termina.
Para lograr estos montos, dijo, la
Cámara de Diputados realizó reducciones por 55,069 millones de pesos a
diferentes dependencias del gobierno federal y del gasto no programable. De
acuerdo con el documento aprobado, los ramos generales (aportaciones a la
seguridad social, previsiones salariales y económicas, y participaciones
federativas) fueron los que presentaron una mayor reducción de su presupuesto,
con un total de 37,489 millones de pesos, para un presupuesto de 2.43 billones
de pesos, donde se eliminaron programas y se reasignaron recursos
DESPIDOS
Pero mientras se habla de
creación de empleos que no se ven en la economía real, los recortes y ajustes
en el presupuesto representan el despido de 15 mil 825 servidores de la
administración pública federal como parte del recorte al gasto corriente, y no
precisamente de altos funcionarios que poco hacen y ganan mucho, como dice la vox populi, y que en términos
presupuestales representa un costo de 2 mil 135.2 millones de pesos en 2016.
El decreto establece que los trabajadores
que conserven su empleo van a estar sujetos a los recursos aprobados y van a
tener como objetivo exclusivamente mantener el poder adquisitivo respecto de
2015. Los diputados avalaron la propuesta original que envió el Ejecutivo el
pasado 8 de septiembre para hacer frente al gasto que representa el ajuste al
cinturón en servicios personales.
El Programa de Separación
Laboral fue ratificado por los diputados para hacer efectivo el recorte al
gasto en ese rubro que va a permitir un ahorro de 7 mil millones de pesos.
En la aprobación del PEF2016,
los diputados sólo autorizaron una ampliación de 2 mil millones de pesos al
subsector cultura, lo que dificulta aprobar que el Consejo Nacional para la
Cultura 3 y las Artes (Conaculta) se convierta en secretaría, o bien se dieron
cuenta del rechazo del sector a su creación porque su separación va en contra
de los legados que hacen indivisibles la educación y la cultura en una Nación.
‘‘No alcanzaría ni para el
cambio de papelería’’, anticipa el presidente de la comisión de Cultura,
Santiago Taboada Cortina. A lo que el morenista Ángel Hernández de la Piedra
(Morena) dijo que sí existe un acuerdo PRI-PAN para aprobar la iniciativa y si
se ha retrasado la discusión ‘‘es porque han medido el costo político de sus
decisiones’’.
En cuanto a entidades, de enero
a septiembre de 2015, la Secretaría de Hacienda transfirió a las 32 entidades
federativas del país participaciones federales por 479 mil 865 millones de
pesos, cantidad superior en 23 mil 275 millones de pesos respecto a lo
programado. Según el calendario del gasto del Presupuesto de Egresos, en el
periodo de referencia la SHCP debió transferir a los 31 estados y el Distrito
Federal participaciones federales por un monto de 456 mil 590 millones de
pesos.
Sobre los 10 mil millones de
pesos aprobados para los 500 diputados en 2016, para que puedan etiquetar
recursos por 20 millones de pesos cada uno, la Auditoría Superior de la
Federación fiscalizará al menos 20 por ciento de los proyectos financiados con
recursos del recién creado Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura
Estatal y Municipal en el PEF2016.
Al mismo tiempo, las secretarías
de Finanzas de los estados deberán publicar en su página electrónica toda la
información sobre la entrega de dichos recursos, incluyendo fecha, monto y
número de transferencia bancaria para confirmar sus depósitos a las cuentas de
los municipios. El fondo aprobado es de 9 mil 948 millones de pesos para obras
públicas en todos los distritos.
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