Un documento del Ejército
mexicano confirmaría que soldados recibieron la orden de matar criminales días
antes de que se cometiera, hace un año, una aparente masacre militar en la
localidad de Tlatlaya (centro), denunció este jueves una ONG mexicana. El
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reveló ese
documento en una conferencia de prensa en la que exigió que se investigue si
hubo responsabilidad de mandos militares en los hechos acontecidos el 30 de
junio de 2014 en Tlatlaya, en los que 22 personas murieron.
"Las tropas deberán operar en la noche en
forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en
horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese
horario," dice el documento fechado el 11 de junio de 2014 en el campo
militar número 22-D de San Miguel Ixtapan, cercano a Tlatlaya. La ONG dijo que
el ejército emplea el término "abatir" como eufemismo cuando quiere
decir "matar".
Contactada por la AFP, la Secretaría
(ministerio) de Defensa señaló que debe corroborar la autenticidad del
documento pero no hizo ningún otro comentario. Diecinueve días después de la fecha
en que se habría emitido esta orden militar, el ejército reportó un incidente
en Tlatlaya en el que aseguró que los 22 muertos eran secuestradores que
fallecieron en un enfrentamiento con soldados que sólo dejó un uniformado
herido. Este saldo tan asimétrico despertó dudas y, meses después, una testigo
superviviente aseguró que muchos de esos presuntos delincuentes, incluyendo su
hija de 15 años, fueron ejecutados a sangre fría por los soldados a pesar de
haberse rendido, lo que generó un gran escándalo en México.
Esta sobreviviente y testigo
clave en el caso, Clara Gómez González, hizo su primera aparición pública este
jueves en la conferencia del Centro Prodh. "Mi vida está en riesgo",
dijo la mujer visiblemente angustiada, al explicar que teme represalias tras la
divulgación de falsas versiones que indican que ella recibió una compensación
financiera por sus declaraciones.
"Lo único que yo quiero es que se haga
justicia porque ejecutaron mi hija menor de edad", clamó antes de
limpiarse las lágrimas. - Orden "ilegal" - Un oficial y seis soldados
enfrentan un juicio por su presunta participación en las muertes de ocho
personas en Tlatlaya, todos acusados por ejercicio indebido del servicio
público y sólo tres de ellos por homicidio calificado.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (Ombudsman) concluyó en octubre que al menos fueron 12 personas
ejecutadas extrajudicialmente por los uniformados.
"Estamos frente a una
orden totalmente ilegítima e ilegal que amerita sea investigada la responsabilidad
en cadena de mando: ¿Quién emite la orden? ¿Quién autoriza la orden?",
dijo a la AFP Mario Patrón, director de Prodh. Ese mismo documento, firmado por
el teniente coronel de infantería Sandro Díaz, también establece en otro punto
que "las operaciones deben realizarse en estricto respeto a los Derechos
Humanos". Esta semana, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos y Amnistía Internacional emitieron sendos comunicados para
pedir a las autoridades que investiguen a más oficiales militares por el caso
Tlatlaya. El secretario (ministro) de Defensa, el general Salvador Cienfuegos,
dijo al diario El Universal que el juicio contra los militares ha sido
"muy costoso" para el Ejército en términos de imagen.
"Lamentablemente muchas personas y grupos
que a lo mejor no ven bien a las Fuerzas Armadas ya sentenciaron a los
soldados", aunque el juicio "todavía no ha empezado", acotó
Cienfuegos, quien insistió en que fueron los fallecidos quienes atacaron
primero a los militares. El miércoles, las autoridades anunciaron que siete
policías de investigación de la fiscalía del estado de México (centro) fueron
acusados de haber torturado a tres mujeres que sobrevivieron a los hechos de
Tlatlaya. "Servidores públicos habrían maltratado física y psicológicamente
a las tres víctimas" para obtener información sobre las 22 personas que
murieron y sus supuestos vínculos con el crimen organizado, indica un
comunicado de la fiscalía del estado de México.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto
enfrenta fuertes cuestionamientos sobre violaciones de derechos humanos a raíz
de este caso y el de la desaparición y presumible masacre de 43 estudiantes en
septiembre pasado, a manos de policías coludidos con el narcotráfico en
Guerrero (sur).
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