Por Anahí Rama y Lizbeth Díaz
XALAPA, México (Reuters) -
México elegirá el domingo a las autoridades de 14 estados en medio de una serie
de escándalos por los excesos de algunos gobernadores, lo que podría llevar al
partido del presidente Enrique Peña Nieto, el PRI, a perder influencia en
bastiones clave.
El caso más grave es el de
Veracruz, crucial por su peso electoral y económico, donde el gobernador
priísta Javier Duarte está acusado de desviar fondos públicos, de llevar al
estado a una situación financiera crítica y de no contener el crecimiento del
crimen organizado que ha asesinado o desaparecido a cientos de personas.
Durante su gestión, que inició
en el 2010, 16 periodistas fueron asesinados en casos que en su mayoría aún no
fueron esclarecidos, y la deuda estatal consolidada se disparó un 89 por ciento
a 5,581 millones de dólares al cierre del 2015, según datos de la estatal
Universidad Veracruzana.
La Auditoría Superior de la
Federación (ASF) del Congreso ha denunciado que desconoce el destino de 35,000
millones de pesos en fondos federales enviados a Veracruz, mientras que la
oficina recaudadora de impuestos investiga la creación de 24 empresas fantasma
supuestamente establecidas por el gobierno de Duarte para desviar partidas
destinadas a combatir la pobreza.
Una encuesta del periódico
Reforma mostró esta semana al candidato oficialista a gobernador y a los dos
principales opositores empatados, una señal de que el PRI podría perder este
estado por primera vez en la historia.
El descontento con los
gobernadores, que adquirieron mayor poder y autonomía desde que en el 2000 el
PRI perdió su hegemonía, se siente en cada esquina de Xalapa, la capital de
Veracruz, el tercer estado más poblado del país con más de ocho millones de
habitantes.
En los últimos meses, ancianos
fueron reprimidos por la policía cuando reclamaban el pago de pensiones; la
universidad estatal tuvo que cerrar cursos porque el gobierno local le debe
millones de pesos y padres de escolares protestaron por la falta del pago de
partidas federales para alimentación de los niños.
"Es insostenible la
situación que estamos viviendo como ciudadanos de Veracruz", dijo Ydalia
Arenal, de 38 años, quien lideró el lunes una manifestación de padres en
reclamo de que el gobierno estatal entregara el dinero adeudado por cuatro
meses a una escuela que alimenta a 280 niños.
"Quisiéramos saber dónde
está todo el dinero que ha desaparecido", reclamó.
"VIRREYES"
Según algunas encuestas y
analistas, el PRI tiene asegurados triunfos sólo en cuatro de los 14 estados en
disputa, en donde unos 37 millones de electores están habilitados para votar
para elegir 1,819 cargos.
Las elecciones estatales
funcionan como un termómetro del electorado, pero no necesariamente sus
tendencias se reflejarán en los comicios presidenciales del 2018.
El oficialista Partido
Revolucionario Institucional (PRI) gobierna 19 de los 32 estados, el
conservador Partido Acción Nacional (PAN) cuatro y el izquierdista Partido de
la Revolución Democrática (PRD) también cuatro.
Otros tres estados son
gobernados por un alianza entre el PAN y el PRD, uno por el Partido Verde y uno
tiene un gobernador independiente.
El PRI, acusado de
autoritarismo y de fraudes electorales a lo largo de su historia, presidió al
país por 71 años seguidos y gobernó en la mayoría de estados con el presidente
como un caudillo fuerte que mantenía a raya a los gobernadores.
Pero desde el 2000, cuando
perdió el poder a manos del PAN, los gobernadores adquirieron más control sobre
legisladores, contralores, el poder judicial y medios de prensa locales. Las
acusaciones de abuso de poder se hicieron moneda corriente.
"Con la alternancia, el
poder se descentraliza y los gobernadores se volvieron como virreyes",
explicó Hilario Barcelata, investigador de la Universidad Veracruzana.
Morena, un partido nuevo
fundado por el líder izquierdista y ex candidato presidencial Andrés Manuel
López Obrador, es una de las tres fuerzas con posibilidades de triunfar en
Veracruz. De lograrlo, le daría al dirigente una plataforma hacia los comicios
presidenciales, a los que se presentará nuevamente tras arañar el triunfo en el
2006.
En Tamaulipas, un estado al
norte de Veracruz y fronterizo con Estados Unidos, el candidato del opositor
PAN marcha a la cabeza de varias encuestas.
Desde hace años, Tamaulipas
está bajo control de grupos del narcotráfico y varios de sus ex gobernadores
han sido acusados de ser cómplices. Uno de ellos incluso fue acusado por la
justicia de Estados Unidos por lavado de dinero pero no ha sido perseguido por
las autoridades mexicanas.
ABUSOS Y VIOLENCIA
Barcelata dijo que muchos de
estos gobernadores aportan ingentes fondos a las campañas de las elecciones
federales para asegurarse que el futuro presidente no los toque.
Son muchas las acusaciones de
abuso de autoridad, despilfarro y enriquecimiento que pesan sobre mandatarios
estatales, pero las últimas administraciones no han tomado acciones reales para
controlarlos.
"Siento yo que hacen
convenios con el crimen organizado (los gobiernos estatales) y cuando llegó el
presidente y quisieron aplacar esta situación fue imposible. En este momento
está fuera de control el estado", dijo a Reuters Bernardo Benítez, padre
de uno de cuatro jóvenes asesinados en enero por sicarios y policías después de
haberlos detenido en una carretera.
El caso de estos chicos, cuyos
cuerpos aparecieron semanas después triturados y calcinados, desató un
escándalo porque recordó a lo sucedido con 43 estudiantes desaparecidos en el
2014 en el estado de Guerrero, un crimen que llevó al Gobierno federal a tomar
cartas en el asunto.
Por este sonado caso en
Veracruz, ocho policías fueron encarcelados. Pero el gobernador Duarte mantuvo
en su cargo al secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Bermúdez.
Durante la campaña, el PRI
trató de desmarcarse de Duarte e incluso el candidato del partido, Héctor
Yunes, dijo que quienes han dañado financieramente al estado tendrán que
responder ante la justicia.
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