A dos años de su centenario,
la Constitución Mexicana de 1917 se ha convertido en una reliquia propia de los
festejos que cada año en su nombre se realiza, con más de 600 enmiendas, pero
que en la práctica, los derechos constitucionales no tienen vigencia ante un
Estado ausente en el cumplimiento de sus responsabilidades, afirmó la secretaria
de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julisa Mejía Guardado.
Lamentó que en México la
simulación de los poderes sea una constante, desde el momento en que los
actores dejan de cumplir con atingencia sus responsabilidades para posar
solamente.
La legisladora del PRD dijo
que el Poder Legislativo debe cumplir con su papel de supervisión permanente de
los gastos públicos con recursos federales para que estos recursos aprobados
por el Congreso, se destinen para los fines etiquetados y no se desvíen hacia
otros rubros, y entre ellos, vigilar la asignación de contratos a las diversas
empresas y evitar los moches a cambio de gestión presupuestal.
Apuntó que el descrédito de
las instituciones es tal que para el control del daño y pensando en las
elecciones, el ejecutivo revivió una secretaría que no tiene funciones para
investigar lo que públicamente pide y que si podría haberlo hecho una oficina
externa o la Fiscalía Anticorrupción que su partido se ha negado a crear, al no
aceptar que sea autónoma y pretender que la presidencia nombrara a su
responsable, el mismo que ahora unge como titular de la Función Pública.
“Es una simulación pretender
que uno de sus subordinados con claro conflicto de interés, por tener muchos
vínculos con sus superiores desde la escuela, sea el que investigue el caso de
las casas que contratistas han otorgado a los que les han dado obras
millonarias que realizar en el Estado de México y a nivel federal”, subrayó.
De manera, aseguró, que al
conflicto de interés ya existente, le suman otro más, y como en las redes
sociales se ha mencionado, resulta preocupante que el hijo de un abogado de
Romero Deschamps, conocido líder sindical por sus corruptelas, sea el que
nombren para que investigue si en el gobierno federal se han cometido irregularidades
por conflicto de interés y demás.
Mejía Guardado comentó que
sin duda hay que legislar sobre el conflicto de interés para que este quede
debidamente definido y no se preste a interpretaciones diversas.
Pero lo que hace falta,
enfatizó, es crear el Sistema Nacional Anticorrupción, autónomo y con
patrimonio propio, que comience a investigar los casos que ya son del
conocimiento de la opinión pública nacional, donde secretarios con negocios en
el sector energético, estén a cargo de las políticas públicas de ese ramo. De
las casas conocidas y otros temas más que son públicos.
Recordó que fue una promesa
de Peña Nieto crear la Comisión Anticorrupción y lo anunció en una reunión con
sus actuales diputados y pese al “te lo firmó y te lo cumplo”, no lo ha hecho,
por lo que para reparar el daño de su imagen y ante el proceso electoral,
prefirió revivir un cadáver que ya debía haber desaparecido.
Con este panorama de un país
sin Estado de derecho, llegamos al 98 aniversario de la Constitución Política,
con múltiples parches, los últimos en contra de los intereses de la Nación y
que en la práctica han demostrado su inconsistencia, al grado de que muchos de
esos cambios que anunciaron con pompa y platillo que nos traerían bonanza, nos
hunden cada vez en la recesión económica, la violencia y la inseguridad,
puntualizó.
¿Habrá que refundar la
república? O seguiremos cayendo en el descrédito de las instituciones que
prácticamente han borrado al Estado Mexicano, terminó.
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