Si existen cargos sólidos contra personas o empresas, es
mejor que haya detenidos, no exhibiciones, señala Rodolfo de la Guardia.
La intención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) de dar a conocer una lista de personas y empresas presuntamente
vinculadas con el narcotráfico y el terrorismo es “demagógica e irresponsable”,
además de que vulnera los derechos humanos, señalaron penalistas y juristas.
El titular de Hacienda, Luis Videgaray, dijo el sábado en
Estados Unidos que daría a conocer la narcolista con base en datos de
Washington y de la ONU.
Funcionarios federales dijeron desconocer qué papel jugará
la PGR en el tema, particularmente la Unidad Especializada en Investigación de
Delitos Fiscales y Financieros de la Seido.
Recordaron que el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, no
está de acuerdo en señalar a personas sin pruebas; hacerlo de manera
“irresponsable” generará daño moral a inocentes, agregaron.
MILENIO entrevistó a penalistas y constitucionalistas,
quienes dijeron que la medida anunciada por Hacienda tiene como propósito
seguir lineamientos internacionales; sin embargo, para hacerlo el Estado mexicano
debe contar con sentencias judiciales, pues de lo contrario solo se generarán
problemas.
El abogado penalista Rodolfo de la Guardia señaló: “No
entiendo la lógica de publicar y divulgar una lista de personas contra las
cuales el Estado ya debió haber actuado; es decir, ¿qué propósito práctico
tiene divulgar y afectar los derechos que todavía no están juzgados en
definitiva de una persona física o moral?”
En la práctica, añadió, no pasará de ser una mera
divulgación de datos, que será violatoria mientras no exista una sentencia
definitiva que ordene el decomiso de los bienes de los involucrados.
El abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana dijo que ese método
afecta los derechos humanos.
Por su parte, el constitucionalista Elisur Arteaga aseguró
que en México prevalece la presunción de inocencia, por lo que cualquier
declaración “irresponsable”, sin una declaración judicial, solo repercutirá en
desprestigio de las personas involucradas.
Mientras que el jurista Clemente Valdez comentó que a veces
los funcionarios públicos aprovechan sus cargos para hacer denuncias mediáticas
sin que se haya declarado judicialmente alguna imputación.
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