En México lo que permite que el
ciclo de la pobreza se perpetúe no es la carencia de recursos, sino su
deficiente administración, diagnosticó Juan Manuel Portal Martínez.
El auditor superior de la
Federación explicó que debido a la situación de carencia que vive una parte
considerable de la ciudadanía, el gasto social representa uno de los pocos
elementos a favor de mejorar las condiciones de marginación de la ciudadanía.
“El gobierno federal dedica una
parte sustancial de su presupuesto a la promoción de programas y políticas a
favor de una disminución de la brecha existente entre los distintos sectores
que componen la sociedad. Sin embargo, los datos indican que dichos recursos no
tienen un efecto multiplicador que permita modificar sustancialmente las
condiciones de vida de los beneficiarios de este esfuerzo social’’.
En reunión con la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de
Diputados, para analizar las auditorías practicadas en funciones de desarrollo
social y desarrollo económico, incluidas en el Informe del Resultado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, Portal Martínez comentó que
se siguen encontrando prácticas de ineficiencia que perjudican a la población
receptora de los programas gubernamentales.
Es a través de la fiscalización
superior que los ejecutores del gasto pueden contar con elementos objetivos
para evaluar la pertinencia y los logros de las políticas públicas auditadas,
amplió el funcionario. Sugirió que las observaciones y hallazgos de la ASF
representen puntos de partida o marcos de referencia para mejorar de manera
sustancial los alcances del gasto social.
Respecto del gasto social en el
sector de la educación, precisó que resulta desafortunado que los resultados
obtenidos no reflejen aún el cambio estructural que se requiere para abatir las
diferencias en cuanto a la calidad de los servicios y la preparación adecuada
de los alumnos, independientemente del nivel educativo que cursen.
A manera de ejemplo, detalló que
en el Programa Nacional de Carrera Magisterial, que la Secretaría de Educación
Pública (SEP) operó en 2012, participó 78.2% de un millón de docentes de
educación básica pública.
De los 808,400 maestros
participantes de manera voluntaria, puntualizó, 53.8% se encontraba en el nivel
A –el mínimo-, 43.2% en los niveles B a D y 3% en el E –el máximo.
Durante el ciclo escolar
2011-2012 los resultados de la prueba Enlace reflejaron que cinco de cada 10
alumnos tenían un nivel insuficiente o elemental en comunicación, y en matemáticas
siete de cada 10 evaluados no tenían los aprendizajes deseables.
Tales resultados, consideró el
auditor, son atribuibles, en gran medida y entre otros factores, a la falta de
articulación de las competencias genéricas establecidas en las estructuras curriculares
de la educación, la insuficiente profesionalización del magisterio, la
deficiente gestión escolar y los recurrentes conflictos laborales.
A fin de reducir las deficiencias
en la prestación de los servicios de salud y lograr la cobertura universal,
recomendó, por último, urge la debida coordinación entre las instituciones de
seguridad social y los esquemas de atención a la población abierta.

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