Por Agencias
14/02/2014 - 10:39 AM
México, D.F.- El 75% del
territorio ha sido utilizado por criminales para construir fosas clandestinas y
abandonar los restos de sus víctimas, por lo menos 983, en 86 meses. La mayoría
de ellas sin nombre y sin saber porqué fueron asesinadas.
Son 24 estados en donde el
Ejército, la Marina o las autoridades locales han encontrado los cuerpos de
niños, hombres y mujeres de todas las edades; algunos restos fueron sepultados
de manera superficial, agujeros hechos rápido, otros a varios metros de
profundidad, con mayor cuidado para no ser detectados, y unos más tirados al
fondo de alguna mina.
Las entidades donde más casos se
han presentado desde 2006 a la fecha son Tamaulipas, Michoacán, Guerrero,
Veracruz, Morelos y Jalisco.
Las autoridades no han tenido la capacidad
de revelar su identidad, ni siquiera tener un registro integrado y confiable
con huellas, ADN o fotografías, en otros casos ni siquiera informar de cuántos
cuerpos fueron encontrados en las fosas clandestinas.
Un seguimiento de notas
informativas desde enero de 2006, cuando los enfrentamientos entre
organizaciones criminales comenzaba a crecer, hasta la fecha, revela que fueron
detenidas 116 personas presuntamente vinculadas con estas tumbas clandestinas,
pero se desconoce si fueron sometidas a procesos penales y, finalmente,
sentenciadas.
En gran parte de estos casos se
ha detectado la participación de funcionarios federales y estatales,
particularmente policías.
De acuerdo a un documento de la
Procuraduría General de la República elaborado en marzo de 2013, sólo había
podido identificar a 640 personas encontradas en estas fosas clandestinas.
Pero los documentos oficiales
aportan más confusión que claridad, la Marina encontró de 2006 a 2012 un total
de 39 fosas con 64 cadáveres; el Ejército en un año, de 2011 a 2012 detectó 175
tumbas clandestinas con 431 cuerpos, y la PGR informó 122 fosas con 847
personas asesinadas. Sin embargo, no se sabe si se repiten, si se trata de los
mismos o estamos hablando de un total de 336 fosas con mil 342 cuerpos.
Uno de los casos más emblemáticos
es el de San Fernando, Tamaulipas, donde había 122 cuerpos de migrantes, aún
sin identificar todos ellos ni ser detenidos todos los responsables.
Los casos más recientes fueron
detectados en Taxco, Guerrero, el pasado 9 de febrero, en donde la búsqueda aún
no termina y suman hasta ahora 23 personas. En ese mismo municipio se encontró
cuatro años atrás una fosa con 55 cuerpos.
También en Coahuila
En Coahuila se detectó otra tumba
clandestina el 31 de enero de este año, en la que se han reportado 500 restos,
pero a pesar de haber transcurrido dos semanas del hallazgo, aún se ignora
cuántos cuerpos suman; pero se ubica en la zona serrana del estado en donde
pueblos enteros han sido “secuestrados” y atemorizados por el crimen
organizado.
Solo 22 peritos
Para identificar a los centenares
de cuerpos que han aparecido en fosas clandestinas en los últimos años en el
75% del territorio del País, la Procuraduría General de la República (PGR)
empleó, cada año, a un equipo de hasta 22 peritos especialistas en ADN.
El resultado de estas pruebas ha
sido la identificación de menos del 8% de los 983 cuerpos encontrados en las
fosas durante los últimos 86 meses.
Datos oficiales que 24 HORAS pudo
verificar, detallan el trabajo que por año realizaron los peritos de la PGR
para tratar de identificar a los cuerpos encontrados en fosas clandestinas con
pruebas de ADN, que son las únicas que ofrecen un resultado cien por ciento
confiable, aunque los restos estén en mal estado.
En el 2006 fueron solo 10 los
peritos que trabajaron para realizar 111 estudios de ADN a restos ubicados en
fosas y 12 a posibles familiares. Para el 2007 el equipo fue de 16 peritos que
practicaron 78 estudios genéticos.
Para el 2008, el equipo volvió a
reducirse a 10 peritos que sin embargo tuvieron que realizar 366 estudios de
ADN a restos en fosas y 37 de referencia a posibles familiares.
En 2009 y 2010 la PGR usó a 16
peritos que efectuaron, en total en esos dos años, 997 pruebas de ADN a restos
humanos y a personas de referencia para los comparativos.
En los años 2011 y 2012 la PGR
volvió a elevar el número de peritos que tuvieron que realizar dos mil 266
pruebas de identificación genética.
De acuerdo con autoridades de la
dependencia, en el 2013 el equipo de peritos especializados en este tipo de
pruebas genéticas no superó los 25 integrantes. El número de pruebas que
realizaron no se han dado a conocer.
Todo el trabajo descrito
anteriormente ha permitido identificar con el ADN menos de 70 cuerpos
encontrados en cosas clandestinas desde el 2006. (24 Horas)
El costo
- La PGR reveló que el costo de
las pruebas genéticas practicadas a los restos ubicados en fosas entre el 2006
y el 2012 supera los 17 millones y medio de pesos.
- Este monto incluye la inversión
en los kits “Identifilier”, el producto biológico y los reactivos necesarios,
además del salario proporcional al tiempo que invierten los peritos en el
procedimiento.
- La dependencia explicó que en
los últimos años el costo de estos estudios en general ha reportado una baja,
porque los procedimientos para la obtención de muestran se han vuelto más
sencillos conforme la tecnología avanza.
Urge célula genética
ARTURO ANGEL
El Director Adjunto de
Biotecnología del Tec de Monterrey, Rodrigo Muñoz Soto sostuvo que es necesario
que se comience a considerar la implementación de la denominada “Célula
Genética” es decir, un registro de ADN de cada ciudadano del país tal como se hace
con la huella dactilar.
“Esto permitirá contar con un
método mucho más biométrico de identificación y eventualmente para estos
lamentables casos (de desconocidos muertos en fosas) auxiliaría de gran medida”
detalló.
No obstante, el especialista del
Tec de Monterrey subrayó que aún sin la “Célula Genética” generalizada, es
posible tener resultados satisfactorios en la identificación de cuerpos pues
desde hace varios años el país cuenta con la tecnología y especialistas
suficientes para ello.
Recordó que las técnicas de
amplificación de ADN permiten la identificación de restos aunque se trata de
osamentas que tengan varios siglos de antigüedad.
“Lo que tiene que suceder es que
las institución es encargadas de la justicia realmente incorporen de una manera
sería con expertos del sector público y privado estos mecanismos y que las
técnicas se usen responsablemente” apuntó.
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