** Un profesor de cuarto grado de
primaria impuso castigos físicos a sus alumnos como medida correctiva.
Toluca, México, 28 de agosto de
2013.- El Organismo defensor de los derechos humanos en el Estado de México
emitió su Recomendación número 13 de este año, dirigida a la Secretaría de
Educación de la entidad por algunos castigos corporales, violencia física y
verbal ejercida por un profesor de una primaria ubicada en Valle de Chalco
Solidaridad.
Dicho docente estableció como
medida de corrección disciplinaria a sus alumnos, hicieran sentadillas, en
repetidas ocasiones, cargando una llanta de automóvil, lo cual podría
constituir el delito de abuso de autoridad y debido a ello, la CODHEM solicitó
al Ministerio Público iniciar una investigación contra el maestro.
Las afectaciones provocadas por
estos castigos, que ocurrieron de manera reiterada en contra de varios
estudiantes de cuarto grado, ocasionaron incluso que uno de ellos fuera
atendido en un hospital público y constituyeron una violación al derecho humano
de los menores a ser protegidos contra los castigos corporales, crueles,
inhumanos y degradantes, así como al derecho a la educación.
Derivado de estas conductas
excesivas por parte del profesor Filiberto Peralta Fuentes, la CODHEM informó
de los hechos al Ministerio Público, a fin de que se inicie una investigación
en contra del docente, por el probable delito de abuso de autoridad.
De igual manera, la Defensoría de
Habitantes recomendó a la Secretaría de Educación iniciar el procedimiento
administrativo disciplinario, para imponer las sanciones correspondientes tanto
al maestro, como al director de la escuela, quien omitió realizar una
investigación profunda de los hechos.
Asimismo, la CODHEM reiteró a la
autoridad educativa velar para que la disciplina escolar se administre de modo
compatible con la dignidad humana del niño, mientras éste se encuentre bajo el
cuidado de un docente y le pidió reforzar la difusión de una circular en la que
se prohíban, investiguen y sancionen toda clase de conductas que atenten contra
la integridad de las niñas y los niños.
Dicha circular deberá hacerse
llegar a los directivos y maestros de la escuela donde ocurrieron los hechos,
al igual que a la totalidad de autoridades escolares y administrativas de
educación básica, quienes deben adoptar de inmediato las normas destinadas a
investigar, deslindar y sancionar a nivel disciplinario y penal a los servidores
públicos que cometan violaciones al derecho a la educación e integridad
personal, lo cual implica aplicar la normatividad escolar vigente, y dar vista
tanto al órgano de control interno como a las autoridades competentes.
Lo anterior, en vista de que al
enterarse de las medidas impuestas por el profesor a manera de correctivo, el
director del plantel, Gregorio José Luis Zavala Nieto, únicamente se limitó a
imponer una severa llamada de atención por escrito al profesor, pero no realizó
una investigación a fondo ni dio parte al supervisor escolar o a la Contraloría
Interna de la Secretaría, tampoco tomó las medidas necesarias para evitar que
estos abusos continuaran.
La Recomendación se emitió al
finalizar las indagatorias derivadas de la queja CODHEM/CHA/652/2012, tras las
cuales se determinó que al menos 11 alumnos refirieron que el citado
profesor, además de imponerles el
castigo de las sentadillas, hasta el límite de sus fuerzas, lo cual les originó
tensión emocional, humillación frente a sus compañeros y llanto, también
trataba de controlarlos a través de golpes e insultos, todo lo cual es
arbitrario, desproporcionado, ineficaz y peligroso, contrario a los preceptos
estatales, nacionales e internacionales que velan por el interés superior del
niño y la protección de sus derechos humanos.
En su resolución, la Defensoría
de Habitantes, insistió en la imperiosa necesidad de que las autoridades
escolares cumplan a cabalidad con los debidos procedimientos, a efecto de
deslindar responsabilidades y se ataque de manera enérgica conductas
arbitrarias y excesivas, ya que la erradicación de castigos corporales en las
aulas escolares es un tema prioritario en la agenda de protección y defensa de
los derechos humanos, de ineludible atención por la Secretaría de Educación.
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