Estado de México • La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) recomendó a la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJEM) iniciar una carpeta de investigación en la que se determine la responsabilidad en la que habrían incurrido tres agentes del Ministerio Público de Los Reyes La Paz, quienes negaron su libertad a un detenido, a pesar de no acreditar flagrancia en su aseguramiento.
Tampoco contaron con pruebas suficientes en su contra, además de que pretendían retenerlo ilegalmente durante 10 días en el Centro de Justicia de esa localidad.
Lo anterior, luego de que esta persona fue asegurada el 4 de septiembre de 2011 por elementos de la Policía Municipal cuando participaba en una riña. Momentos después, mientras permanecía en las galeras de la alcaldía, una mujer acudió a señalarlo como el presunto responsable de herir de bala a su hermano; sin embargo, su dicho no fue corroborado, incluso la prueba de rodizonato de sodio salió negativa, pero aun así no lo dejaron salir hasta que un Juez de Distrito ordenó su libertad tras un amparo.
Al respecto, el Organismo determinó que hubo anomalías diversas en la actuación de los servidores públicos, al transgredir los derechos humanos a la libertad, la seguridad jurídica y legalidad del hombre arrestado, lo cual podría incluso constituir el tipo penal de abuso de autoridad y faltas administrativas.
Entre estas irregularidades se incluye la negativa, en dos ocasiones, por parte de la agente del tercer turno de Los Reyes La Paz, María Guadalupe Rentería Rodríguez, a que la Comisión tuviera acceso a la carpeta de investigación, lo cual está prohibido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en la cual se establece que los trabajadores del gobierno deben proporcionar de manera oportuna y veraz la información y datos requeridos por personal de la Comisión de Derechos Humanos y los defensores municipales, además de permitirles el acceso a sus espacios físicos.
En vista de las diferentes anomalías documentadas en la actuación de la representación social, se envió la resolución a la PGJEM, a fin de que los agentes del Ministerio Público de La Paz, se capaciten en materia de respeto a los derechos humanos, al tiempo de solicitar que las conclusiones del documento 15/2012, sean tomadas en cuenta dentro del proceso administrativo disciplinario que se sigue en la Contraloría Interna de la Procuraduría.
La Codhem determinó que en el periodo comprendido entre el 4 y 7 de septiembre de 2011, los agentes del Ministerio Público Miguel Morales Victores, Carlos Torres Vera y María Guadalupe Rentería Rodríguez, actuaron en contra de los derechos fundamentales del detenido
Tampoco contaron con pruebas suficientes en su contra, además de que pretendían retenerlo ilegalmente durante 10 días en el Centro de Justicia de esa localidad.
Lo anterior, luego de que esta persona fue asegurada el 4 de septiembre de 2011 por elementos de la Policía Municipal cuando participaba en una riña. Momentos después, mientras permanecía en las galeras de la alcaldía, una mujer acudió a señalarlo como el presunto responsable de herir de bala a su hermano; sin embargo, su dicho no fue corroborado, incluso la prueba de rodizonato de sodio salió negativa, pero aun así no lo dejaron salir hasta que un Juez de Distrito ordenó su libertad tras un amparo.
Al respecto, el Organismo determinó que hubo anomalías diversas en la actuación de los servidores públicos, al transgredir los derechos humanos a la libertad, la seguridad jurídica y legalidad del hombre arrestado, lo cual podría incluso constituir el tipo penal de abuso de autoridad y faltas administrativas.
Entre estas irregularidades se incluye la negativa, en dos ocasiones, por parte de la agente del tercer turno de Los Reyes La Paz, María Guadalupe Rentería Rodríguez, a que la Comisión tuviera acceso a la carpeta de investigación, lo cual está prohibido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en la cual se establece que los trabajadores del gobierno deben proporcionar de manera oportuna y veraz la información y datos requeridos por personal de la Comisión de Derechos Humanos y los defensores municipales, además de permitirles el acceso a sus espacios físicos.
En vista de las diferentes anomalías documentadas en la actuación de la representación social, se envió la resolución a la PGJEM, a fin de que los agentes del Ministerio Público de La Paz, se capaciten en materia de respeto a los derechos humanos, al tiempo de solicitar que las conclusiones del documento 15/2012, sean tomadas en cuenta dentro del proceso administrativo disciplinario que se sigue en la Contraloría Interna de la Procuraduría.
La Codhem determinó que en el periodo comprendido entre el 4 y 7 de septiembre de 2011, los agentes del Ministerio Público Miguel Morales Victores, Carlos Torres Vera y María Guadalupe Rentería Rodríguez, actuaron en contra de los derechos fundamentales del detenido
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