
De acuerdo con el juicio
ciudadano federal, ST/JDC/170/2019, realizado
por el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, las regidoras
municipales, solicitaron la respuesta a la sentencia del pasado 13 de noviembre
de 2019 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, al
resolver los juicios JDCL/202/2019 y el JDCL/203/2019,
alusivos a la no protección de derechos políticos electorales al ejercer el
cargo para el que ambas funcionarias fueron electas; situación por la que el
tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, en el mencionado juicio
ciudadano, requirio a la alcaldesa resolver la situación jurídica de los
empleados, quienes aun no han cobrado sus salarios suspendidos desde el pasado
15 de agosto de 2019.

Cabe recordar que la Suprema
Corte de justicia, ya destituyó al presidente municipal Erwin Castelan y a sus 13
integrantes del cabildo, en 2018; por desacatar este mandato institucional, al negarse a cumplir una sentencia de amparo, derivada de un proceso laboral
iniciado por un trabajador que demando por despido injustificado.
Pero Feliciana no solo enfrenta
este juicio contra el Tribunal Electoral de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación; también ante la Contraloría del poder legislativo, arrastra la denuncia
realizada por Ana Lilia Sanchez, integrante de la Comisión para la Conformación
del Comité Municipal anticorrupción, por violación al Articulo 72 de la ley
Federal del Sistema Anticorrupción, donde se registró que la alcaldesa propuso
a uno de sus familiares a participar en esta comisión municipal, pese a que la
Ley Federal del Sistema Anticorrupción repudia esas componendas de trafico de
influencia y nepotismo, dentro de la administración pública.
Como el lector recordará, tambien el tesorero
Gonzálo Ballesteros, dolosamente entregó un cheque sin fondos a Oscar Perez
Trejo policía municipal pensionado, a quien solo le pagaron un año de
liquidación por cinco años ininterrumpidos de trabajo.
En este sentido y en su
oportunidad el uniformado denuncio que el tesorero municipal, después de evadir
en repetidas ocasiones la liquidación del policía, le entregó el cheque sin
fondos BBVV Bancomer foliado con el numero 97144232 por la cantidad de $19 mil
17 pesos; sin que este documento fuera liberado en tiempo y forma por el
funcionario.
Ante estas evasivas
circunstancias generadas por la alcaldesa; las
regidoras Juana Oropeza y Alma Janeth Hernández podrían solicitar la
intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para solucionar de
tajo, esta problemática que lesiona a las 18 familias de los burócratas afectados.
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