La 60 legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad
exhortar al titular del Ejecutivo estatal y a las secretarías General de
Gobierno, de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, así como a la Fiscalía
General de Justicia y a los 125 ayuntamientos para que atiendan la
Recomendación General 1/2019 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México sobre la Situación de las Personas que Ejercen el Periodismo
en la entidad.
Al presentar la iniciativa, la diputada Karla Leticia Fiesco
García, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que la recomendación
establece una serie de medidas para que, en el ámbito de sus respectivas
competencias, las autoridades estatales y municipales acepten e implementen la
recomendación, con lo cual los trabajos y esfuerzos de todos se encaminen a
garantizar libertad y seguridad de los periodistas.
Señaló que
esta Legislatura ha tenido el firme compromiso de salvaguardar los derechos
humanos, entre los cuales no es ajeno el fortalecimiento de la protección a la
libertad de expresión, pero sobre todo a la integridad de los mexiquenses. “Por
ello tenemos la obligación de seguir actuando ante los agravios a periodistas
que coartan sus derechos”.
Indicó que en la Carta Magna reconoce y garantiza los
derechos y libertades de las personas, de donde se desprende la importancia de
erradicar la violencia contra las y los periodistas; sin embargo, han sido
objeto de agresiones, amenazas e intimidación, colocándolos en una situación de
riesgo inminente que se debe atender y combatir de manera inmediata.
En este sentido destacó que la Fiscalía General de la
República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Cometidos Contra la Libertad de Expresión, ha iniciado, de 2010 a este año, 87
indagatorias en el Estado de México, con lo que este ocupa el tercer lugar
nacional. Asimismo, registra cuatro indagatorias por homicidio de periodistas
en el mismo lapso.
Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México (Codhem) ha recibido 153 quejas por diversos hechos relacionadas con
periodistas y comunicadores en el periodo comprendido entre 2009 y 2019; este
año ha sido en el que más quejas se han presentado, con un total de 24.
Mencionó que es una realidad que las legislaciones estatales
de la materia deben ser reforzadas y complementadas tanto con mecanismos de
protección, como con protocolos de actuación, estrategias de aplicación
efectiva de planes de protección y con perspectiva de género.
Por lo que respecta al orden municipal, destaca el exhorto,
dispensado del trámite de dictamen, que es necesario que los 125 municipios de
la entidad cuenten con su respectivo Protocolo de Actuación y Protección al
Ejercicio Periodístico, porque solo un municipio cuenta con él. Inclusive son
pocos los ayuntamientos que hacen mención de la protección al derecho a la
libertad de expresión y de las y los periodistas en sus Bandos Municipales.
Los municipios, abundó, tienen el gran reto de proteger a
las personas que ejercen el periodismo y comunicadores, y si bien al menos 11
ayuntamientos cuentan con alguna disposición normativa, éstas no prevén la
forma en cómo los servidores públicos que tienen relación directa con el gremio
deban ajustar su actuar.
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