PROTOCOLO DE SEGURIDAD

Las instituciones del Estado, en particular los gobiernos en sus tres niveles tienen la obligación de garantizar a los ciudadanos y pobladores en general, la seguridad en sus vidas y patrimonios a través de los cuerpos policíacos encargados precisamente del orden y la paz en los municipios, estados y Nación.

Están facultados por las normas para hacer uso de la fuerza legal en contra de aquellos que infringen la ley de cualquier forma y ponen en peligro la integridad de la sociedad en su conjunto, de una parte, o de aquella que de manera fortuita se ve involucrada por quienes, en el uso de su derecho a manifestarse, hacen uso por motu proprio o infiltrados en la marcha, ponen en peligro la integridad de las personas y su patrimonio, como ha sucedido.

La integridad de las personas no está solo en peligro ante infiltrados en marchas o manifestaciones políticas o sociales, sino también deportivas de seguidores de uno u otro equipo, o simplemente la entrada o salida a espectáculos masivos donde es tal la multitud que la vida de los participantes corre peligro.

Los periodistas estamos en primera línea en cualquier caso de manifestación o evento deportivo y de espectáculos, es parte de nuestro trabajo para garantizar a la sociedad su derecho a estar informada de los sucesos cotidianos, cómo se realizaron, quiénes lo encabezaron, cuáles fueron sus demandas, cuál fue la respuesta del gobierno, la actitud asumida por ambas partes o en el caso de un deporte, de sus seguidores ante los resultados del evento.

Para ello existía un protocolo de seguridad para que los participantes obligados: manifestantes, periodistas y autoridades, contáramos con la garantía de que realizaríamos nuestra actividad de la mejor forma, la seguridad de los manifestantes y de los ciudadanos que de manera fortuita se encontraran en el lugar.

Ahora con la errónea idea que hacer uso legal de la fuerza para garantizar la seguridad de los ciudadanos, manifestantes y periodistas es reprimir, las autoridades omiten cumplir con sus responsabilidades legales de hacer cumplir la ley, por lo que vándalos infiltrados o enviados por adversarios o seguidores, cometen toda clase de desmanes poniendo en peligro a todos.

Y esto solo sucede en la capital del país, porque gobernantes del mismo color en otras entidades, hasta uso abusivo de esa fuerza han hecho y si como medidas represivas sobre todo en contra de normalistas y movimientos sociales, sin que el gobierno federal condene dichas acciones en contra de derechos de manifestantes.

Mientras los familiares de los 43 exigían justicia, encapuchados cometían desmanes sin que autoridad alguna los metiera al orden y gritaban toda clase de descalificaciones contra el gobierno federal que los ha arropado y mantiene apertura en el caso Ayotzinapa.

En la marcha a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, unas encapuchadas pirómanas quemaban puertas, agredían a las mujeres del orden y periodistas, sin que la autoridad que protestó cumplir y hacer cumplir la ley, actuara.

¿Qué protocolo de seguridad se seguirá para garantizar la integridad de los participantes en la marcha en memoria del 2 de octubre? Que se prevé será numerosa como la del año pasado, después de más de medio siglo de ese suceso en el país, que fue parteaguas para el respeto de nuestras libertades, las cuales ahora están siendo acotadas por los infiltrados enviados o no por alguien.

¿Habrá alguna autoridad en la Ciudad de México donde los periodistas podamos exigirle un protocolo de seguridad para garantizar la realización de la cobertura informativa correspondiente y de paso para todos los ciudadanos que de manera fortuita se encuentran con los manifestantes?

CULTURA DE LA LEGALIDAD

A diez meses de iniciada esta administración no existe ningún impulso a la cultura de la legalidad en el país a no ser de adjetivos diversos y públicos, conocidos por todos, contra los infractores de la ley para ver si así dejan de infringirla y con ello, los malos volviéndose buenos, comience la pacificación de México.

No escuchamos ningún anuncio en el inicio de clases de todos los niveles, que habría promoción de la legalidad y el civismo en las escuelas para que las nuevas generaciones conozcan del pacto social y comiencen desde jóvenes a cumplir las normas y promover su cumplimiento entre los diversos sectores de la sociedad donde hacen su vida común para ser referente de nuevos ciudadanos.

Al contrario, vemos a feminicidas potenciales en las calles y transporte cotidiano como Arturo Tapia Lugo que agredió a 3 jovencitas en el suburbano y las amenazó de muerte, siendo identificado como bloguero y “productor independiente” en las redes, de esas que tanto alaban en Palacio Nacional.

No todos los que están en las redes hacen periodismo o informan con veracidad, hay muchos que actúan como sicarios de diversos intereses políticos y económicos y se escudan como “periodistas” sin ni siquiera serlo, lo cual no es nuevo, antes lo hacían muchos informadores de los gobiernos neoliberales y ahora los seguidores del nuevo gobierno que creen que de esa manera lo ayudan cuando en verdad, ponen en evidencias sus omisiones.

En el primer mundo, la cultura de la legalidad es tal que cuando las fuerzas del orden definen el perímetro para que los manifestantes ejerzan sus derechos sin menoscabo de los derechos de los demás, la mayoría acata y si algunos no lo hacen, se aplica legalmente el uso de la fuerza y nadie se queja de represión.

En México antes era un delito hacer cumplir nuestros derechos constitucionales, éramos perseguidos por reunirnos, manifestarnos y expresar libremente nuestras ideas. Ahora que esos derechos están vigentes, vándalos de la derecha o de la izquierda, o de ambas, creen que los derechos ganados con tantos luchadores asesinados pueden ser trastocados ante la omisión de la autoridad que peligrosamente deja crecer estas acciones que podrían provocar, como lo hicieron algunos comerciantes que se armaron de palos, enfrentamientos con la sociedad agraviada.

Cultura de la legalidad falta en México y ninguna autoridad la promueve hasta ahora. Hay que cumplir las normas comenzando con las de movilidad en una ciudad donde los peatones y ciclistas mueren arrollados por conductores que aceleran cuando deben disminuir su carrera ante la luz ámbar que anuncia el rojo. Solo el incumplimiento de este reglamento hace que mueran muchos por accidentes más que por homicidios en el país. ¿Hasta cuándo?

SECRETO PROFESIONAL

Ante la tentación del poder de exigir a los periodistas revelar sus fuentes con lo que el secreto profesional quedaría vulnerado, la Fraternidad de Reporteros de México demandó a los congresistas locales de la Ciudad de México evitar que dicha propuesta prosperara en la Constitución de la capital del país, porque sería un precedente funesto para la libertad de expresión en todo México.

Por ello, con el consenso de varios legisladores, el pleno del Congreso de la CDMX aprobó la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico en la capital del país para fortalecer el marco jurídico que rige la protección de periodistas en el desempeño de sus funciones y garantizarles que el derecho a la información sea una opinión pública libre.

Aunque dicho decreto dejó fuera a los colaboradores periodísticos, figura de jurisprudencia que refiere a los que colaboran con los medios sin ser periodistas que reporteen, indaguen o investiguen como lo hacemos a diario, pero que son también piezas importantes para la existencia de un Estado democrático en donde impere la libertad de expresión.

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