EX TRABAJADORES DE RUTA 100, CLAMAN JUSTICIA Y SOLUCIÓN A SU CONFLICTO LABORAL

/Redacción de Imprevistosnoticias

• Por favor, señores legisladores, señores jueces y señores magistrados, el SUTAUR les implora que “los más de siete mil ex choferes de la Ruta 100 que aun vivimos, solo les pedimos ¡¡¡…AYÚDENOS…!!!”

El 20 de agosto de 2019 se efectuó en la capital de la República una Cumbre de Togados donde se tocó un tema tan apremiante y de por sí, muy delicado, para combatir en todas sus modalidades el fenómeno de la corrupción, cristalizando el Sistema Anticorrupción en la Ciudad de México.

Tras apuntalar lo anterior, el Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100, hizo un pronunciamiento político-jurídico para manifestar su beneplácito por la serie de aciertos que viene desempeñando el Poder Judicial de la capital de la República.

El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez, afirmó que con la implementación del Sistema Anticorrupción en la Ciudad de México, sólo adquiere su verdadero sentido al hacer conciencia de la dimensión histórica de nuestro reto.

Y es que todos los mexicanos hemos sido convocados en distinta medida al fortalecimiento legal y ético de nuestras instituciones y del servicio público. Y en este sentido, el quehacer jurisdiccional refrenda su razón de ser, según palabras del propio magistrado Guerra Álvarez.

Desde la concepción original del modelo de distribución de poderes de Montesquieu pasando por la interpretación que los ensayos federalistas en Estados Unidos hicieron de sus postulados hasta llegar a su adopción en nuestro texto constitucional, el sistema de contrapesos está diseñado para que el poder dé cauce al poder, el poder vigile al poder, el poder límite al poder.

Y esa misma lógica sustenta el diseño institucional del Sistema Nacional Anticorrupción y sus capítulos locales, es decir, conforme a sus instancias e instituciones republicanas, en suma de esfuerzos, pudieran consumarse las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes y generar las políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción.

Para el Sindicato Único de Trabajadores de Transporte Urbano de la Ciudad de México, mejor conocido como Ruta 100, el Estado Mexicano tiene una Deuda Histórica con los trabajadores del volante que le dieron auge y presencia en América Latina como un extraordinario modelo en materia de transporte urbano.

Pero la lucha contra la corrupción representa la lucha del Estado moderno como lo conocemos, para preservar su propia existencia. Esa es la verdadera dimensión del reto que no solo obedece a las instituciones sino que pudieran ser una garantía de respeto hacia para nuestras leyes, que pudieran igualmente demostrar su valor.

El conflicto de la ex Ruta 100 no ha concluido. Ha pasado casi un cuarto de siglo partiendo de 1995 a nuestras fechas, que a grito abierto hemos demandado “¡…justicia…!”, y ésta justicia lamentablemente no ha llegado pese a la constante.

Bien lo formula el Señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien acepta y reconoce verbalmente…

…Para el Poder Judicial de la Ciudad de México es absolutamente claro que, si la impartición de justicia como la conocemos, es capaz de ganarse su lugar en el mundo del futuro, será indudablemente por su capacidad de adaptarse a dicho mundo. Y creo que parte esencial de comprender el fenómeno de la corrupción es aceptar que hay demasiado poder concentrado en el Gobierno y muy poco en manos de la población.

Y añade: “Como bien lo dice el principio de John Dalberg: ’Todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente’”, sin embargo, el poder también revela, también libera y también regenera o degenera la sustancia de las leyes que no son ejecutadas bajo la letra del Derecho”.

El mejor ejemplo es el conflicto laboral de la ex Ruta 100, 24 años de intensa lucha, que se traducen en 24 años de oídos sordos, de acciones ilegales, de acciones pueriles y de acciones que retroalimentan la impunidad, pero aun así, bajo ese esquema de incertidumbre y beligerancia, “confiamos que los nuevos gobiernos nos hagan justicia”, remarcó el líder moral de la ex Ruta 100, Jorge Cuellar Valdez.

Hoy en día, conforme a la Primera Constitución que posee la Ciudad de México, tras largas luchas parlamentarias, se logró constituir su Carta Magna local, para avasallar a todo esos agentes de poder que abusan y se enriquecen ilícitamente bajo el paraguas de la impunidad.

Como bien lo afirma el Doctor Rafael Guerra Álvarez:

“Hoy contamos con mayores herramientas para revertir la influencia del poder en todas sus formas: desde el soborno, el clientelismo, la colusión, la complicidad, el conflicto de interés; pasando por el ejercicio indebido del servicio público, la extorsión, el lavado de dinero, el nepotismo, la evasión y los paraísos fiscales, entre muchas otras. Es así como nuestra generación tiene más elementos para transformar a las instituciones e inhibir el flujo de la corrupción”.

Si bien es cierto que las nuevas generaciones de gobernantes velan por la legalidad de nuestra gran ciudad, que es el espejo y devenir del desarrollo político, económico, financiero, religioso y social, los mecanismos de control que debe asumir pronto el Congreso de la Ciudad de México es el de combatir la comisión de prácticas de corrupción o la situación de riesgo que provoca la ineficiencia institucional que tanto lacera el tejido social.

Si al conflicto de la ex Ruta 100 se le diera una pronta y urgente solución, el panorama sociopolítico pintaría de forma diferente. Es importante recordar que nuestra atención debe estar puesta en consolidar la eficacia de las instituciones públicas, incrementar la certidumbre y seguridad jurídica mejorar la administración de los recursos públicos y ulteriormente traducir ese esfuerzo en bienestar, paz y justicia para la ciudadanía.

Pero la lucha contra la corrupción no sólo es un postulado de orden y eficacia gubernamental o administrativa. Debemos de advertir también que la ex Ruta 100, está esperando que el Constituyente haga legítimo sus postulados, bajo la dimensión de la Rendición de Cuentas, lo cual también representa una obligación del Estado a medida que el concierto internacional la encumbra como un derecho fundamental.

Hoy, desde este punto político e histórica esfera de Donceles y Allende, sede del Congreso de la Ciudad de México, hacemos un respetuoso llamado a las instancias de gobierno, a la Trilogía Funcional Primaria que es la División de Poderes que se integran a través de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a ponderar nuestra encomienda a darle solución final al conflicto laboral de la Ruta 100.

“Porque de esos 12,004 trabajadores que distinguían a la Ruta 100 en la década de los 90’s, más de la mitad han ido desapareciendo por causas naturales, sin haber recibido una justicia pronta y expedita, justa y digna para recuperar las cantidades millonarias que aportaron para crear empresas que generarían miles de empleos para las generaciones”, precisó Cuellar Valdez.

Y acusa: “Pero sus ex dirigentes como Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera, han mostrado permanentemente las fauces de la ambición ilícita, han usurpado la representatividad legal del SUTAUR-100 a través de sus ‘títeres abyectos’, para seguir cometiendo históricos fraudes, que hasta este momento, ascienden a varios miles de millones de pesos usufructuando las empresas del Grupo Metropolitano de Transporte, mejor conocido como GMT”.

Para el SUTAUR, el asunto de la ex Ruta 100 no guarda ninguna complejidad, ni es coyuntural, sino por el contrario, gracias a que esta Ciudad de México, a través de su Congreso local lo distingue la pluralidad de ópticas y de ideas, “esperemos que el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México sea la panacea para instrumental el Derecho que todo México necesita, un instrumentos establecido por el Constituyente de nuestra metrópoli desde una visión sistémica, garantista e interactuante, con el objeto de coordinar a las autoridades competentes en las diversas instancias de esta causa”, subrayó Cuellar..

La ex Ruta 100 aplaudió el hecho que el Poder Judicial de la Ciudad de México manifieste su completa preocupación por “restablecer las cadenas de la legalidad en México”, es decir, la prevención, la investigación, la sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos.

La ex Ruta 100 sigue en espera que se le haga justicia, ponderando lo que ya se ha reiterado, con la entrada en vigor de la Constitución Política y en particular de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, se establecieron nuevas condiciones normativas, de organización y de operación.

A pesar de lo que se diga y se afirme que el conflicto de la ex Ruta 100 ya causó Estado, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México aún tiene más de mil 800 promociones que presentó en tiempo y forma, por lo que espera con urgencia que en el marco institucional del control y fiscalización, se ajuste al modelo de eficacia, de investigación, sustanciación y resolución en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, adecuando dichos lineamientos a diversos estándares internacionales.

El SUTAUR-100 le reitera al Congreso plural de la Ciudad de México, “coparticipen en la solución de su conflicto laboral”.

Quienes todavía respiramos, y a 24 años de habernos quedado sin trabajo y vernos hoy en día en la curva de nuestras vidas, ya no deseamos ser esos cadáveres vivientes de la ex Ruta 100 que deambulamos por toda la Ciudad de México y su periferia, sin horizonte alguno.

Por favor, señores legisladores, señores jueces y señores magistrados, el SUTAUR les implora que “los más de siete mil ex choferes de la Ruta 100 que aun vivimos, solo les pedimos ¡¡¡…AYÚDENOS…!!!”

Tenemos la plena certeza de que este instrumento del Sistema Anticorrupción en la Ciudad de México, permitirá recuperar la confianza ciudadana y subsanar la gran deuda de justicia que demanda la nación.

Ayúdenos, háganos justicia y eleven el espíritu del constituyente para proceder en contra de quienes al defraudar a la Ruta 100, que al vivir en la opulencia desmedida, frente a una cruel realidad: los desvalidos trabajadores de la ex Ruta 100 mendigan una limosna para comprarse una fritura a fin de mitigar el hambre sin hallar la línea de la justicia.