AMLO NO CONTRATARÁ A ESPECIALISTAS PARA ENFRENTAR LA VIOLENCIA.

El primer semestre de 2019 ha sido el más violento del que se tenga registro con 17 mil 65 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, en comparación con el mismo periodo de 2018, en el que se contabilizaron 16 mil 585 asesinatos.

Si bien el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) aún no emite su informe mensual correspondiente a la incidencia delictiva de junio, el conteo diario que realiza el gabinete de seguridad federal —que tiene una subestimación al alza de 20%— reporta 2 mil 543 muertes intencionales el mes pasado, con lo que se suman más de 17 mil eventos de este delito en dicho periodo.

Si se agregan los 2 mil 879 homicidios de diciembre de 2018, el mes de arranque de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el acumulado se eleva a 19 mil 944, casi 20 mil muertos en un inicio de sexenio.

"El último año [2018] del expresidente Enrique Peña Nieto fue [malo] en materia de incidencia delictiva, pero 2019 se encamina a ser [incluso] peor, y no por mucho. Es importante ver que vamos peor que el peor año", advirtió el experto en seguridad Ricardo Márquez Blas.

La cifra del conteo diario de 2 mil 543 asesinatos del mes de junio podría aumentar a más de 3 mil en el reporte que emita el SESNSP el próximo 20 julio por la subestimación de 20%, lo que convertirá a ese mes en el más letal desde que se iniciaron los registros en materia de incidencia de homicidio.

De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo, en enero se registraron 2 mil 932 muertes violentas; en febrero, 2 mil 877; en marzo, 2 mil 933; en abril, 2 mil 801; en mayo, 2 mil 979, y de acuerdo con el conteo diario de junio, 2 mil 543.

Las entidades que encabezan los homicidios dolosos en lo que va de la actual administración federal son Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Veracruz, Ciudad de México y Guerrero, a donde llegarán elementos de la Guardia Nacional en los próximos días.

En Guanajuato, a principios de este año, se recrudeció la disputa entre los cárteles Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación por el control del robo de combustible, secuestro y extorsión. 

En el Estado de México, segundo lugar en violencia homicida, la Familia Michoacana, los cárteles Jalisco Nueva Generación, Nuevo Imperio y reductos de los Caballeros Templarios y del Cártel del Golfo se disputan el control de territorios para el narcomenudeo.

Ante este panorama, Ricardo Márquez Blas consideró que no habrá punto de inflexión en la violencia homicida en el país en octubre próximo, mes en el que se cumplirán los seis meses que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en abril para dar los primeros resultados en materia de seguridad.

"En octubre, cuando se cumplan los seis meses [de la promesa del Presidente], no habrá ningún cambio esencial a la baja en materia de incidencia delictiva, particularmente en homicidios. Va a seguir. Las cifras lo demuestran", aseguró.

En su opinión, el despliegue de 70 mil elementos de la Guardia Nacional —anunciado el pasado domingo en el Campo Militar Marte, en la Ciudad de México— "es un mito, porque ya había 63 mil elementos de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, [y eso] no ha tenido [ningún] impacto positivo. El mejor ejemplo [de eso] es Tijuana".

"El secuestro y el feminicidio aumentaron, y eso tiene que ver con la falta de recursos. No [hay] prioridades en términos de inversión de presupuesto. Se ha estado planteando que la estrategia de seguridad es 80% prevención de delito y 20% despliegue policial y fuerza", dijo.

Para el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, la situación que padece el país en materia de asesinatos es "grave desde hace mucho", y para atenderla se requieren de acciones específicas y de una estrategia que, hasta la fecha, señaló, no han presentado con claridad las autoridades encargadas del tema.

"El problema es que este gobierno no tiene una estrategia y se han justificado [con base en] declaraciones políticas [que dicen] que sí hay una estrategia, pero la verdad no se puede confirmar que exista una", indicó.

En entrevista, Rivas aseguró que el gobierno de López Obrador sólo tiene "buenas intenciones y una serie de ingenuidades, porque su política social, así como está armada, no va a lograr disminuir los homicidios, ya que no tiene esas características".

Por su parte, el académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) Jorge Alberto Lara Rivera señaló que el gobierno ya "no tiene margen y cada quien está leyendo partituras distintas" acerca de la situación de inseguridad.

"Esto el crimen organizado lo tiene perfectamente claro, y es momento de que ya se vea a [éste] como una contraparte fundamental que tiene información y una agenda estratégica, como se vio en Tabasco. Incluso tiene una agenda de inteligencia", refiere el exsubprocurador de la antigua Procuraduría General de la República.

Lara Rivera advirtió que mientras no se entienda que deben diseñarse estrategias para combatir al crimen, "desafortunadamente vamos a seguir viendo los mismos resultados".

Lamentó el desdén al reporte mundial sobre drogas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que se alertó que el tráfico de fentanilo apunta a ser una fuente de violencia y de trasiego entre México y Estados Unidos, quizá, aseveró, "de mayores consecuencias que la propia cocaína en los últimos años. (Sin embargo) el gobierno continúa instalado en su discurso de pacificación, que no tiene mayor sustancia".