Aplicar los artículos sexto y séptimo de nuestra Carta Magna
se podría entender como algo sencillo y que en la teoría se respeta, pero hay
un trasfondo muy complicado de discernir y esto es el cauce informativo y el
coptar la opinión o línea editorial de los medios de comunicación. Fuera de
toda violación legal, los gobiernos de los diferentes niveles ocupan algo que
podríamos definir como terrorismo informativo para tener sujetos de una manera
legaloide a los representantes de los medios de comunicación, bajo la premisa
de solo apoyar publicitariamente a quien o quienes publiquen solo cosas buenas
del tal o cual gobernante. El gobierno del Estado de México no es la excepción,
si algún periodista no publica las portadas de sus periódicos con los
comunicados que ellos quieren no solo se quedan sin el pago correspondiente a
ese número, sino que podrían perder su convenio de “publicidad” y eso aquí y en
China se llama violación a su libre expresión y libertad de prensa.
Quizás
puedan argumentar que nadie los obliga, pero el chantaje ya está hecho y no es
el hilo negro, sino algo que tradicionalmente se practica con quienes viven del
presupuesto gubernamental convirtiendo a la libre expresión en voceros
oficiales salvo el riesgo de perder canonjías. La democracia es el supuesto
poder del pueblo y hasta en la palabra divina dice: “Mi pueblo pereció por
falta de conocimiento” y un pueblo bien informado es un pueblo que trabaja en
el progreso de su entorno. La manipulación de las masas por los medios masivos
de comunicación debe quedarse como una mala etapa y dar paso al verdadero
periodismo, ese que informa lo bueno y lo malo del accionar gubernamental, ese
periodismo que investiga, que redacta, que concientiza a sus lectores o
escuchas, ese periodismo que realmente encauza las luchas sociales e influye
positivamente en la opinión pública. Si el gobierno dejara de manipular la
información oficial y dejara de dictar cual receta de cocina lo que “deben
publicar” y lo que no, este país se transformaría.
No es fácil, pero la lucha
por una verdadera libertad de expresión debiera ser el factor común entre
comunicadores y las mismas esferas de gobierno si es que de verdad quieren
abonar a la democracia. En la reunión con la diputada Azucena Cisneros, unas
palabras suyas repercutieron en el ánimo de este columnista “no nos dejen
solos” esa solicitud habla de la esperanza que podría tener la actual
legislatura en contar con una prensa autónoma, libre, objetiva y es la
obligación de todo periodista que se diga serlo, el manejarse equitativamente,
poner el derecho del pueblo por encima de los intereses económicos, algo que
pareciera difícil en la práctica, pero que de intentarlo más adelante traería
mejores dividendos cuando el pueblo, que no es tonto, recupere la confianza en
sus comunicadores, pues así y solo así, volveríamos a convertirnos en la voz
del pueblo y en enlace entre sociedad y gobierno. En este espacio hemos
criticado las políticas de comunicación del gobierno estatal actual, pero no
hay eco, sino revancha para quienes hablamos con la verdad, cuesta y mucho pero
reitero, es una lucha que tarde o temprano podría abrir las puertas de una
prensa autónoma y de periodistas con credibilidad, ajenos a intereses
partidistas o de grupo. Por lo pronto la aprobación de la Ley de Protección al
Ejercicio Periodístico en el Estado de México podría sentar las bases para que
se nivelen los derechos a la información de los poderes legislativo y ejecutivo
y solo restaría el poder judicial. La posible inexperiencia política o
administrativa de los nuevos gobiernos y de la misma cámara estatal se verá
reflejada para bien o para mal en sus decisiones para los cargos de
comunicación social y en verdaderos proyectos de posicionamiento e imagen de
tal forma que de ellos depende el seguir con los viejos vicios o dar apertura a
un cambio integral en la forma de hacer política moderna.

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