Toluca,edomex.- Es tiempo de
reconocer la labor social del periodismo, del derecho de los periodistas a la
protección integral, de acceso a la justicia, a la salud, al trabajo, y a todos
los derechos que sea pertinente y posible para que la protección sea efectiva,
afirmó el periodista Juan Hernández, director de www.legislativotv.com.mx, al
hablar a nombre de más de una treintena de comunicadores reconocidos por su
trayectoria por el Congreso Mexiquense.
Fue enfático en señala que en
el Estado de México “no tenemos ni Mecanismo de Protección ni ley de
Periodistas mientras que el recién creado Congreso de la Ciudad de México,
cuenta con una Comisión de Protección a Periodistas y realiza un ciclo de foros
denominado “Hacia una nueva Ley de Protección a Periodistas. Ahí hay voluntad
política para atender a los comunicadores”.
Aquí, subrayó, en “la
congeladora del Poder Legislativo del Estado de México se encuentran varios
proyectos de ley, uno enviado por el entonces gobernador Eruviel Ávila Villegas
con la finalidad de simular que se unía para legislar por la protección de los
periodistas y activistas de los derechos humanos, pero pasaron dos legislaturas
donde tuvo mayoría su partido y simplemente no la aprobaron”.
Por ello, recordó el
tabasqueño avecindado en la entidad, que fue necesario que los periodistas de
la Zona Oriente, del Valle Cuautitlán y del Valle de Toluca, hicieran lo propio
para que se legislara a favor de los comunicadores, pero faltó voluntad política
para aprobar una ley de Protección Integral de los Periodistas en el Estado de
México.
Si vivimos tiempos de
transformación, destacó que es el momento de garantizar el trabajo periodístico
y la vida de los comunicadores en todo el país y en todas las entidades de la
república donde estamos sujetos a la violencia de los funcionarios públicos de
todos los colores porque estos creen que los periodistas estamos para
elogiarlos, como ha sido costumbre política en este país.
Hizo alusión al momento en que
El Senado de la República entregaba la Medalla Belisario Domínguez como
reconocimiento al trabajo del periodista Carlos Payán Velver, por su
contribución a la libertad de expresión y la democracia en el país, por lo que
llamó a que la LX Legislatura impulse el desarrollo democrático de la entidad
con una Ley de Protección Integral de los Periodistas; porque ya no tienen
derecho a fallarle a la sociedad mexiquense.
“Pedimos que cumplan con su
responsabilidad, para que la sociedad se los reconozca y no que los mexiquenses
se los reclamen”, espetó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Azucena
Cisneros Coss y los diputados Bernardo Segura y Maria Godoy que se encontraban
acompañados en el presídium del Premio Nacional de Periodismo 2018, José
Reveles y la periodista Ventura Rojas.
Hernández Jiménez recordó que
México es la segunda nación en el mundo más peligrosa para ejercer el
periodismo, donde más de un centenar de comunicadores han sido asesinados en
este siglo XXI; 49 en el sexenio de Peña Nieto y dos en el actual, ante la
vulnerabilidad que viven en todo el país, sobre todo de las agresiones de
funcionarios públicos más que de grupos criminales, ya que el 99.2% de los
asesinatos de periodistas no se han resueltos.
Dijo que los gobiernos y las
instituciones del Estado están obligados a tomar acciones precisas para detener
los actos violentos contra la prensa y sus representantes, porque el periodismo
es la piedra angular de la democracia, es el vehículo para garantizar el
derecho a la información de todos los ciudadanos, de la libertad de expresión
de todos los mexicanos que se informan en tiempo real de lo que hacen o no
hacen sus gobernantes.
Cuando se ataca a un
periodista, destacó, se está atacando también la libertad que tiene un país
para conocer y entender su dinámica social, “porque los periodistas somos los
investigadores de la sociedad, no los halagadores del gobernante en turno ni
aquellos que por consigna sirven a un grupo político. Nos debemos y servimos a
la sociedad a la que informamos con puntualidad al hacer la crónica de lo
cotidiano”.
Hay que entender que defender
el trabajo periodístico es defender la democracia misma y que los gobiernos
están obligados a garantizar la libertad de expresión de sus gobernados,
respetando y blindando la actividad profesional de los periodistas para darle
vigencia al derecho a la información de todos los mexicanos, apuntó.
Hasta ahora el mecanismo de
protección, la fiscalía especializada y la legislación vigente no brindan esa
posibilidad, además que algunos gobernantes atentan contra la libertad de
expresión, utilizando el poder judicial a su servicio, para crear delitos como
el supuesto “daño moral” y judicializar así la actividad periodística que no le
agrada y exigir a cambio millones de pesos como reparación de su “imagen”.
Cuestionó si habrá acaso un
gobernante que acepte una consulta pública sobre su imagen y crea que saldrá
impoluto en los resultados, porque hasta ahora el descrédito de la clase
política es tal, que están reprobados de antemano.
“Quien podría asegurar que los
señalamientos periodísticos sobre el actuar de los actores políticos se puede
calificar de daño moral alguno, cuando es nuestra obligación como periodistas,
informarle a la sociedad quiénes son, qué hacen, qué realizan, porqué lo hacen,
para qué y si su actuación corresponde a la responsabilidad que asumió al ser
electo o es contraria a los intereses de sus gobernados”.
Porque en el imaginario
colectivo lo que permea es la percepción de que son los gobernantes los que
quedan a deber a la sociedad, los que con sus políticas públicas han dañado al
país con el saqueo de recursos públicos como la “Estafa Maestra” en la que
muchos estuvieron involucrados, concluyó.
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