Medio siglo después de los
sucesos de Tlatelolco, donde los estudiantes, luego de diversos movimientos
ferrocarrileros, médicos, magisteriales y campesinos, buscaron que los derechos
constitucionales se cumplieran en el país para dar paso a un gobierno
democrático donde la soberanía popular se expresara en sus políticas públicas,
se espera que el nuevo gobierno de alguna manera sea reflejo de esas demandas.
Y es que los derechos legales
de la Constitución por lo general no son cumplidos por los gobiernos e
instituciones que deben velar por su cumplimiento, ya que primero no se
promueve el conocimiento entre la población, de sus derechos y deberes como
firmantes del pacto social al que estamos sujetos desde nuestra llegada al
mundo, sino que se deja a la discreción su cumplimiento.
Aún ahora en la llamada
sociedad de la información que vivimos, la cauda de hechos y noticias que nos
atosigan cada segundo, han aumentado la desinformación de la sociedad en su
conjunto. Primero se escondía la información, ahora nos inunda y no sabemos
cuáles son, para qué nos sirven, cómo utilizarla, cuándo, por qué y para qué
sobre toda la información que necesitamos.
Ahora se desinforma inventando
información que nos llegan por las redes sociales para así confundir a los
seguidores de un partido, de una organización, de una institución, de cualquier
sector de la sociedad y evitar o provocar sucesos de diversos tipos en la vida
de la sociedad mexicana.
Después de la matanza del 68,
diversos grupos optaron por la vía guerrillera para transformar el país, otros
por la vía de la organización política para que se cumpliera nuestros derechos
a la reunión, manifestación y agrupación con fines de interés políticos, así
surgieron diversos partidos de izquierda como el PMT y PSUM, después el PMS y
el PRD.
Lo único que demandaban era
que si la soberanía radica en el pueblo y este tiene en todo momento el derecho
a cambiar su forma de gobierno, que se hiciera efectivo el lema por el cual se
inició en 1910 una Revolución que dejó más de 10 millones de muertos, de
“Sufragio Efectivo”, que décadas después de institucionalizarse el movimiento,
el gobierno surgido de él no lo cumplía y dejaba todo a la discreción de su
clase gobernante.
Con la reforma electoral se
institucionalizó la oposición para que desde algunos nichos de poder pudieran
expresarse, aun cuando se mantuviera en los hechos el sistema político, solo
que con más apertura en 1977; pasaron dos décadas para que en 1997 comenzarán
los primeros cambios de fondo en los poderes del país, al perder el partido
oficial su mayoría en el Congreso y tener que compartir con otros dos las
decisiones en el mismo.
Pero la oposición se hizo
copartícipe de las corruptelas del sistema en la medida en que fue ganando
posiciones de poder en el país, estados y municipios, al mimetizar en los
hechos, todos los vicios que le criticaban al viejo partido en el gobierno. “No
hacemos lo mismo, lo hacemos mejor”, fue la respuesta de la izquierda en el
gobierno cuando la cuestionamos de la corrupción en sus filas, igual a la del
otrora partido único.
Todavía tuvieron que pasar dos
décadas más, después de tres sexenios perdidos en los 18 años que llevamos en
el nuevo siglo XXI, para que el recuerdo de los estudiantes y mexicanos que
perdieron la vida en 1968 estén en el muro de honor del Congreso, por el
presidente electo y los contingentes universitarios de ahora.
50 años después ¿llegó la hora
de la democracia, de la libertad sindical, del respeto a los derechos
ciudadanos, de la participación en la toma de decisiones, de la representación
verdadera de los intereses de la Nación en los Tres Poderes de la Unión y los
tres niveles de gobierno? ¿O habrá que esperar otro medio siglo y una nueva
Revolución?
SANDINISTAS IGUAL A SOMOCISTAS
Una revolución que ya naufragó
es sin duda la Sandinista en Nicaragua, donde el Díaz Ordaz que gobierna,
Daniel Ortega, y su vicepresidenta Rosario Murillo, no tienen nada que
envidiarle a los Somoza que derrocaron en los 70 del siglo pasado, movimiento al
que de manera solidaria nos sumamos miles de mexicanos para que terminaran con
la dictadura de esa familia.
Casi cuatro décadas después,
la demanda es terminar con la dictadura de la familia Ortega-Murillo que
controla la economía, los medios de comunicación, los poderes de ese país
centroamericano, y la vida de los nicaragüenses a los que ha asesinado desde
abril pasado de manera impune con sus grupos paramilitares que la juventud
sandinista de Murillo controla y la Policía Nacional en manos de Ortega, ejecuta.
Este fin de semana ante el
creciente descontento de la población contra su gobierno, como pasó en México,
pese a tener derechos a reunirse y manifestarse, los Sandinistas/Somocistas,
decretaron que convocar a manifestarse o reunirse es un delito y la policía y
grupos paramilitares que han asesinado a más de 500 personas en los últimos 5
meses, cometiendo delitos de lesa humanidad contra los nicaragüenses, trataron
de evitar que se agruparan.
Parece que ocurrió lo mismo
que les pasó a grupos de izquierda en México cuando probaron la miel del poder,
mimetizaron las costumbres, métodos y acciones de la dictadura somocistas a la
que combatieron, para ahora hacer cosas peores que ellos, como quemar a una
familia completa en su propia casa, ejecutada por sandinistas porque ahí se
reunían opositores, o la detención de Coquito por la policía como si fuera
delincuente, por repartir bolsas con agua a los manifestantes este fin de
semana, de manera solidaria como lo ha hecho esta sexagenaria. Las imágenes de
como la suben a una pickup de la policía recorrieron el mundo.
La mayoría de los sandinistas
que triunfaron en la revolución condenan las acciones del gobierno
Ortega-Murillo, incluyendo sus propios familiares, pero se niega a aceptar el
veredicto de la gente, algo de lo bueno que debe aprenderle ahora a México.
PROTECCIÓN A PERIODISTAS
El gremio periodístico, así
como los defensores de derechos humanos y medio ambiente, seguimos poniendo los
muertos ante la ausencia del Estado de Derecho en el país, la omisión de las
instituciones en cumplir con sus responsabilidades y la falta de interés de la
clase política de ver primero por México.
En septiembre de 2017, un
grupo de periodistas cansados de la retórica gubernamental que siempre habla de
que la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia, pero en la
práctica no hace nada por defenderla, como Benito Juárez con otras palabras en
su época lo advirtió, entregó al Congreso del Estado de México una iniciativa
de Ley de Protección Integral de Periodistas.
Uno de los tres tristes tigres
tricolores que ganó de mayoría una diputación federal es quien durante 3 años
presidió la Jucopo en la LIX Legislatura local y que nunca demostró interés por
legislar a favor de la protección de los periodistas.
Hoy hay una nueva mayoría,
pero muchos de ellos han sido colaboradores del sistema en ocasiones
anteriores, por lo que falta que demuestren su interés por legislar a favor de
los mexiquenses y los periodistas en este caso, para hacer efectivo el dicho de
que para gobernar hay que comunicar, no callar a la verdad asesinando a
periodistas y agrediendo a medios de comunicación, como sucede en muchos puntos
del país.
Pueden dar el ejemplo a México
aprobando la Ley de Protección a Periodistas de manera integral y que a la
federación le falta.
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