POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DE ESTADO

Sin duda que, para lograr la 4ª transformación del país, se requieren además de herramientas jurídicas para iniciar los cambios, sobre todo de políticas públicas que en los hechos demuestren que no es un dicho de campaña al que pronto olvidaremos como las del fatídico sexenio de “te lo firmó y te lo cumplo” que su propio creador olvidó.

Los Poderes de la Unión si en verdad quieren aportar su granito de arena a la lucha contra la corrupción y la impunidad, prioridades del próximo gobierno, al igual que los tres niveles de gobierno, deben comenzar con una auténtica política de comunicación social que garantice el Derecho a la Información de todos los ciudadanos y estos estén al tanto de la legislación que a beneficio de la sociedad realizan los congresos, de las acciones de gobierno que emprenderán los nuevos gobernantes y de la justicia para todos.

México ha carecido de una política de comunicación social de Estado, salvo honrosas épocas y excepciones, como la de la LVII Cámara de Diputados que contó con un reglamento para la difusión de las actividades legislativa que permitía trasmitir a la sociedad, sin matices ni colores, información de lo que sucedía en el Congreso, tal como ocurría, sin manejo faccioso de los hechos, para que todos formaran su opinión sobre los debates.

Antes y después de esta legislatura, la discrecionalidad en el otorgamiento de las pautas publicitarias ha sido una constante que ha permitido a los dueños de los grandes medios amasar fortuna a costa de sus propios reporteros con bajos salarios.

En la LVII Legislatura, que en ese momento no contaba con tiempo de Estado para publicitar su imagen ni redes, buscó en los medios electrónicos regionales más baratos que de los de la capital, como en los medios impresos de la Ciudad de México y el país, a precios comerciales, dejar huella de su trabajo por la Nación.

Lo importante eran los trabajos legislativos a favor de México, no quienes lo hacían; todas las posiciones que se debatían eran informadas, no solo las de la bancada que presidía la Mesa Directiva y olvidadas o relegadas las otras; era una comunicación horizontal con trato de pares para todos los legisladores sin menoscabo alguno con pleno respeto a su libertad de expresión.

Incluso, en una reunión con vocero de los Congresos locales del país a fines del 2000, para intercambiar experiencia del trabajo de comunicación social del Constituyente Permanente, se pudo constatar de voz de quienes eran los responsables de este que no tenían libertad para ejercer una política de comunicación plural, abierta, incluyente, democrática, como la Nación lo demandaba ya.

“Tenemos que hacer lo que el líder cameral nos diga y lo que el gobernador le ordene al mismo. Parar notas críticas que se den por alguna mala acción de los diputados, hablando con los directores de los medios. Cubrir alguna irregularidad con notas inventadas, cuidar al costo que sea la imagen del Congreso”.

Esta y otras expresiones definen la “política de comunicación social” del país, nada con garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión de los mexicanos, sino ocultar con opacidad los verdaderos hechos de la política mexicana.

En 1997 comenzaron los cambios en el país con la llegada de congresos de tercios que comenzaron con la reforma integral de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, solo que esto no se homologó en los congresos locales, para iniciar con algunas modificaciones en la estructura de este poder, aunque en lo que va del siglo XXI, muchas de ellas se truncaron.

SIN COMUNICACIÓN

En el ejecutivo las cosas no han sido mejores porque con la llegada del gobierno de la “transición” en el 2000, todo quedó en dicho de un bocón con botas que nada hizo para cambiar el sistema al que no tocó ni con el pétalo de una rosa, al grado que la política económica la siguió manejando un miembro del partido del que había prometido sacaría de Los Pinos. Convivió con ellos y estos siguieron dirigiendo al país.

Lejos de terminar con las tepocatas y víboras prietas, siguió apapachando a los poderes fácticos y hasta redujo el impuesto que en especie pagan los medios electrónicos al Estado por el uso del espacio radioeléctrico propiedad de la Nación, combatió a los medios y periodistas que no le aplaudían y promovió el nepotismo y la corrupción en las instituciones.

¿Qué política de comunicación implementó? La que no pusiera en apuro los negocios de Martita y su marido, que permitiera lucirse con el de las botas y su partido, donde los mexicanos estamos obligados a aplaudirles por cumplir su responsabilidad como gobernantes, la misma del sistema en 7 décadas.

Llegó el michoacano y nada cambió, todo siguió igual en cuanto a políticas económicas y en materia de comunicación simplemente se mimetizó lo ya conocido y propagado por el sistema político mexicano: crea tu imagen y paga para que se difunda, tal como la quieres, en los medios que se presten para ello, sin importar el derecho a la información y la libertad de expresión de todos.

Mi compadre el de Atlacomulco no fue la excepción, ha gastado más de 50 mil millones de pesos de los mexicanos para promocionar su imagen no obstante que el párrafo octavo del 134 constitucional lo prohíbe expresamente, pero acostumbrado desde el Estado de México a hacer lo que quiere sin importar la ley, hizo de su gobierno el ejemplo vivo de la corrupción y la impunidad que ni Santa Anna en su momento lo hubiera superado.

Es claro entonces que el próximo gobierno que habla de una 4ª transformación del país, que en las últimas décadas se ha venido dando a cuentagotas por la oposición en la práctica de que esto suceda o por la omisión de los actores que cuando llegan se olvidan de ello, tiene que garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión con una verdadera política de Comunicación Social de Estado.

MEDIOS PÚBLICOS

Los medios públicos del Estado subutilizados, deben ser el canal de difusión de los logros legislativos, ejecutivos y judiciales que día a día se realicen a favor de la sociedad en su conjunto, la herramienta para promocionar la unidad y los valores nacionales, la convivencia social, el desarrollo económico y político del país, la justicia y la paz que los mexicanos demandan.

La Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) debe funcionar como tal y no como boletín oficial del gobierno sujeta a la llamada de la Secretaría de Gobernación que desaprueba la difusión de información que no les gusta, cuando debe ser el puntal de la imagen de México en el mundo, la referencia obligada en el país de las noticias del día, de los sucesos regionales pluriculturales de nuestra Nación de manera plural e incluyente.

El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano con más de 50 sistemas de radio y televisión de servicio público y permisionado a gobiernos estatales, instituciones educativas y sociedad civil, con una audiencia nacional estimada en 30 millones de escuchas y telespectadores, debe servir para impulsar la transformación del país y no para difusión de gobernantes.

Las radiodifusoras de los pueblos originarios deben ser impulsadas. Al tiempo de mejorar el uso del Instituto Mexicano de la Radio como medio de Estado, Canal 22, Canal del Congreso, Canal Judicial y otros, para que cumplan con los objetivos que se plantean para la transformación de México. Derogar la Ley Chayote y crear una verdadera Ley de Comunicación Social.

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