FIN AL PACTO DE IMPUNIDAD

Se cumplen cuatro años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y la mafia que conformó el “Pacto por México” hizo caso omiso a los reclamos de sus padres y dejó en el olvido el destino de quienes ahora serían maestros rurales graduados al servicio de la educación de sus comunidades, pero que no pudieron estar presentes en la ceremonia de graduación porque faltan 43.

El 26 de septiembre es el fatídico día en que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa tomaron camiones de transporte en Iguala para movilizarse para el boteo de las actividades del 2 de octubre, pero la delincuencia organizada que gobierna el país vio afectado sus intereses y con la policía a su servicio, los desapareció, con la complacencia de los militares destacados en la zona.

El gobierno construyó su verdad, de la que existen pocas pruebas para sostenerla y en cambio existen otras muchas que hablan de otros actores involucrados que son intocados por el Estado.

Un siglo después de que la Revolución se institucionalizaba con la Constitución de 1917, que el país daba pasos a pacificar la Nación y evitar los brotes regionales y locales de acciones contra el gobierno, lo que se logró con la creación del PNR en 1929, vuelve a replicarse, pero ahora por acción de la delincuencia organizada.

En estos sexenios del PRI y el PAN, la inseguridad y la violencia se desataron de manera tangencial en el país que lo único que gobiernan los ejecutivos, son sus oficinas y sus pléyades de aduladores oficiales, porque las calles de las ciudades, los espacios públicos y zonas económicas importantes están en manos del crimen de manga corta y de cuello blanco.

El “Pacto por México” fue el pacto de impunidad que los partidos firmantes hicieron para dejarse vía libre al gobierno discrecional de sus huestes en las regiones del país y por ello creció el número de ejecutados y desaparecidos en todos los rincones de la república, que suman miles, entre ellos los normalistas de Ayotzinapa.

El presidente electo se reunirá con los padres de los normalistas a cuatro años de su desaparición con la intención de que se conozca la verdad de lo sucedido con este grupo de estudiantes, que en un país aparentemente con un sistema democrático de gobierno, se esfumaron a la vista de las fuerzas del Estado y la dependencia procuradora de justicia inventa su historia y no da con los responsables para que los administradores de justicia los castiguen.

¿Se acabará el México de la simulación? Con un Sistema Nacional Anticorrupción más de foto que para su vigencia plena en nuestra sociedad. ¿Tendremos fiscales autónomos e independientes para procurar justicia en el país?

¿Los cambios que demanda la Nación se reflejarán en el Poder Judicial comandado por familias que han hecho de la justicia su modus vivendi? Para que la administración de justicia sea imparcial y expedita y no sujeta al mejor postor económico.

Los de Ayotzinapa y miles de familias de desaparecidos, como de ejecutados en el país, demandan justicia, ¿la habrá en la próxima administración federal, homologada mágicamente por las instancias estatales y municipales? Porque muchos de los que llegan de guinda, tienen antecedentes de otros colores maleados.

PORQUE PROTEGER A PERIODISTAS

El periodista es el investigador de la sociedad, el que le informa a los ciudadanos de un país lo que ocurre en su entorno, que levanta sus demandas para que sean atendidas por la autoridad, el que le dice quiénes son y si cumplen los gobernantes con el mandato que en las urnas les dieron los votantes, y de la situación que guardan las instituciones del Estado que deben ser garantes de los derechos de todos y de las políticas para lograrlo.

Como actores al servicio de la sociedad en su conjunto, los periodistas y los medios de comunicación somos la herramienta para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de todos los mexicanos, independientemente de la acción de otros entes públicos o privados realicen.

Sin embargo, se quiere callar la verdad asesinando a periodistas en todos los rincones del país, que han convertido a México en el primer lugar de los países de América, más peligroso para el ejercicio del periodismo que en lo que va del siglo le costado la vida a más de un centenar de colegas y solo en este sexenio del de Atlacomulco, 51 comunicadores han sido ejecutados, 12 de ellos en lo que va de 2018. El último hace unos días en Chiapas.

Ciertamente la seguridad debe de ser garantizada para todos los mexicanos en su vida y patrimonio, algo que los gobiernos en este siglo no han podido ni querido cumplir, porque las estadísticas de diversas organizaciones señalan que en México el 70% de los contenidos periodísticos son censurados por los gobernantes del país, de los tres niveles; porque el 40% de las agresiones a comunicadores y medios son de parte de políticos y funcionarios, de los cuerpos policíacos y después de grupos criminales del país.

Por eso colegas en Guerrero que salen a la cobertura de hechos noticiosos en tan convulsionado estado comentan que deben hacerlo en grupo, estar todo el tiempo comunicados desde que salen hasta que regresan al punto de salida, porque “debemos cuidarnos de la autoridad y de los criminales, cualquiera de ellos nos puede intentar asesinar o agredir de alguna forma”.

Aunque se instauró un mecanismo de protección para aquellos periodistas que han sufrido algún tipo de agresión, en manos de la Secretaría de Gobernación, este en los hechos no ha funcionado, porque se trata de una mera simulación del gobierno, ya que muchos de ellos han sido asesinados con la complacencia de la autoridad que prefiere una prensa callada y domesticada.

Por ello la necesidad de que los voceros de la sociedad, los periodistas, cuenten con una Ley de Protección Integral a nivel federal que sea homologada en cada una de las entidades del país, para que la verdad no sea acallada por los intereses económicos y retrógrados de algunos sectores y se garantice la libertad de expresión y el derecho a la información con una Ley de Comunicación Social como política de Estado.

CONFLICTO DE LOS MEDIOS

La batalla por un México distinto apenas comienza con la llegada de un Poder Legislativo con una nueva mayoría y con las políticas que en su momento realizará el nuevo ejecutivo, acciones a la que los poderes fácticos que han gozado de los privilegios del gobierno durante años se oponen, por intereses particulares.

El maestro Sixto Moya invitado por la Fraternidad de Reporteros de México, comentó que, frente al inevitable conflicto de los medios, los periodistas debemos tomar posición y no asumir el problema de los medios en sí, sino de las necesidades que la coyuntura demanda a los periodistas resolver ante los cambios.

Son tiempos de definiciones que debemos tomar ante la falta de una estrategia de comunicación de Estado que defina las políticas públicas que deben implementarse para que los medios públicos y privados, sin menoscabo de sus derechos, difundan el sentir de la sociedad y las acciones de los gobiernos en el país.

Hasta ahora no se conoce que el próximo gobierno o su mayoría legislativa estén por presentar una nueva Ley de Comunicación Social que abrogue la Ley Chayote aprobada que estará vigente en enero, porque hay indicios de que les conviene más que entre en vigor que quitarla para seguir con la discrecionalidad publicitaria.

Por ello prefiere reunirse el nuevo gobierno con los dueños de los grandes medios de comunicación y sus lectores de noticias privilegiados por el presupuesto que con los reporteros del país.

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