NARCOMENUDEO Y FEMINICIDIOS CRECEN CON EL ESTADO FALLIDO

* Crece la trata de personas en el aeropuerto de la CDMX

* Piden la salida de la pareja presidencial de Nicaragua

Para el mexicano de a pie no es un secreto, todos los días lo vive y sabe que en México tenemos un Estado fallido, pero los que gobiernan y le lavan el coco al de Atlacomulco, creen que no, lo hemos mencionado este espacio que esa una variable definitoria del proceso electoral que vivimos, porque ya los mexicanos están cansados de tanta ineptitud e ineficacia en Los Pinos.

Por ello, la Vicecoordinadora de Proceso Legislativo del PAN en San Lázaro, Eloísa Talavera Hernández, comentó que tan solo en el actual proceso electoral se han cometido 305 agresiones contra políticos y autoridades en todo el país, de las cuales 94 se han traducido en asesinatos, lo que vulnera gravemente la democracia del país.

Recordó que, en abril, se dio a conocer el lamentable caso de los tres estudiantes de cinematografía de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara que desaparecieron en el municipio de Tonalá, Jalisco, quienes fueron secuestrados por miembros del crimen organizado y sus cuerpos fueron disueltos en ácido de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco.

La violencia, indicó, no solo tiene impacto negativo en la forma de vivir de los ciudadanos, sino también repercute en el tema económico, en donde datos del Índice de Paz México, refieren que el impacto económico de la violencia en país, tan solo en el año 2017, alcanzó la cifra de 4.72 billones de pesos (249 mil millones de dólares), cifra que equivale al 21% del PIB nacional y lo ubica como uno de los mayores porcentajes en el mundo.

“La descomposición de un país inicia con la impunidad y la corrupción, no podemos seguir permitiendo que México sea secuestrado por el crimen organizado y por un gobierno incapaz de ofrecerle a la población la seguridad que constitucionalmente está obligado a ofrecer” dijo.

Talavera Hernández informó que a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhortó a la Secretaría de Gobernación, para que, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus atribuciones, implementen estrategias eficaces para fortalecer las políticas de seguridad pública y las acciones en materia de prevención del delito, con el objetivo hacerle frente a la alarmante y urgente situación de inseguridad en el país.

El fracaso del Estado dijo, se ha definido como su incapacidad para proveer los bienes políticos fundamentales asociados con la estatalidad: seguridad física, instituciones políticas legítimas, administración de la economía y bienestar social en donde el gobierno le queda a deber grandemente a los mexicanos.

Indicó que cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, infieren que tan solo en el mes de marzo del 2018 se cometieron un total de 155 mil 431 delitos, destacando a los estados de México, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Baja California respectivamente, donde se cometen más delitos.

Agregó que datos de la organización ciudadana Semáforo Delictivo, en su reporte del grado de violencia en el país del primer trimestre del 2018, señalan un alza respecto al año anterior en delitos como homicidio con un 16%, narcomenudeo 37%, robo a vehículos 7% y feminicidio 18%.

En México, tenemos que garantizar el derecho a la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro, garantizando a sus habitantes una paz justa, sostenible y duradera, puntualizó. Pero todo indica que esto tratará de hacerlo el próximo gobierno.

TRATA DE PERSONAS

Y es tan fallido el Estado Mexicano que por el aeropuerto de la capital ingresan personas de otras nacionalidades con fines de trata, sin que la autoridad haga nada por sancionar a los agentes migratorios involucrados, afirmó la senadora Adriana Dávila Fernández quien solicitó a la PGR iniciar las investigaciones.

La presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas llamó al encargado de despacho de la PGR a coordinarse y colaborar, mediante los instrumentos internacionales pertinentes, con autoridades de otros países en la investigación y desmantelamiento de la red de delincuencia organizada que capta y engancha a mujeres de nacionalidad venezolana y que son sometidas a distintas formas de explotación en nuestro país.

Asimismo, la legisladora por Tlaxcala pidió a la PGR, así como a la Comisión Nacional de Seguridad (CSN) y al Instituto Nacional de Migración (INM) coordinarse para diseñar y ejecutar una estrategia eficaz que permita identificar, desarticular y sancionar las redes dedicadas a la trata de personas que operan en las terminales internacionales nuestro país.

Dávila Fernández recordó que el pasado 8 de mayo en medios de comunicación se publicó una entrevista con la abogada Beatriz Borge, coautora del informe “Trata de Personas, trabajo forzoso y esclavitud moderna”, en el que señala que Colombia es la ruta por la cual paramilitares y traficantes de drogas y armas trasladan a mujeres venezolanas, reclutadas mediante engaños, para ser sometidas a diversas formas de explotación.

De acuerdo con dicho informe, los tratantes pagan entre 14 mil y 19 mil pesos a agentes de migración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para facilitar la entrada de mujeres venezolanas.

Además, se expone que el número de víctimas que han sido reclutadas para ser sometidas a algún tipo de explotación aumentó en los últimos años hasta en un 300 por ciento, al pasar de 60 mil 900 personas, entre 2014 a 2016, a 198 mil 800, entre 2016 a 2018.

De continuar esa tendencia, se estima que, en 2020, la población reclutada será de cerca de 600 mil personas, es decir el 2 por ciento de la población total de Venezuela, refirió Dávila Fernández.

Tenemos legislación contra la trata de personas, pero no tenemos autoridades que las cumplan y hagan cumplir la ley.

PAREJA PRESIDENCIAL

“Esta no es una mesa para dialogar sino para negociar la salida de la pareja presidencial” dijo el vocero de los estudiantes a los nuevos Somoza de Nicaragua: Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como la vigencia de la libertad de expresión que los hijos de la pareja controlan al manejar los medios oficiales y el fin de la represión que las turbas sandinistas realizan y que han costado desde el 18 abril pasado, 73 muertos, 65 desaparecidos y casi 700 heridos, los que por cierto, en los hospitales oficiales no atienden y los dejan morir. Es el fin de la Revolución Sandinista.

Porque muchos de los participaron en ella cuestionan el gobierno autoritario de Ortega y Murillo, a quienes comparan con Somoza y con acciones que ni el mismo dictador en su momento realizó en contra de la población de ese país. En términos mexicanos salió más caro el caldo que las albóndigas para los nicaragüenses.

La CIDH ya se encuentra investigando y esta semana dará a conocer sus primeros resultados, después de al llegar solicitó al gobierno Nica el fin de la represión, lo que no ha hecho.

Y es que los ciudadanos, parece que estamos en México, afirman que la pareja presidencial ha hecho del gobierno el negocio familiar y no quieren dejarlo. Cualquier similitud es pura…

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