* Mando policial pendiente
estará en la boleta: Mixto o Único
* Si el Poder Judicial
aplicará su autoridad ante desacatos…
Aunque por orden presidencial
los estudios del INEGI son ahora maquillados para que no reflejen tanto lo que
nos ocurre a los mexicanos en este triste sexenio, los datos de este organismo
aún señalan que a un año de terminar la administración que quiso controlar la
inseguridad evitando que los medios publicaran sobre este tema que, en
septiembre pasado, el 76% de la población mexicana consideró que vivir en su
ciudad era inseguro, cifra mayor al 71.9% del mismo mes de 2016.
La Oficina Coordinadora de
Riesgos Asegurados (OCRA) reportó que, entre enero y septiembre pasados, fueron
robados 66 mil 172 vehículos asegurados en el país, cifra considerada sin
precedente, toda vez que este tipo de delito tuvo un incremento de 28% frente a
los 51 mil 546 casos de 2016 y de 7% respecto a los 61 mil 828 de 2011, del
mismo periodo, cifra que era considera la más alta en el registro histórico.
Esto nos dice que en México
cada día se roban 245 automotores, 10 unidades cada hora; cada 6 minutos, una
familia se queda sin su automóvil. Si lo desglosamos por entidades el total,
serían casi 8 unidades robadas por estado diariamente, pero sabemos que son
unas las que concentran el mayor número de delitos.
Estadísticas del Sistema
Nacional de Seguridad Pública revelan que entre enero y septiembre se
registraron 18 mil 505 carpetas de investigación por homicidios dolosos, lo que
representa 23% más que las vistas en el mismo periodo de 2016, cuando sumaron
15 mil 20.
Para organizaciones sociales,
como Semáforo Delictivo, los anteriores datos colocan a 2017 como el peor año
en seguridad en la historia reciente de México, con una violencia generalizada
y un nuevo récord histórico en homicidios de 24 mil casos previstos al cierre
de diciembre.
Por ello, el coordinador de
los senadores del PAN, Fernando Herrera Ávila, señala categórico: “A un año de
que concluya la presente administración, la inseguridad y la violencia se han
generalizado en todo el país y muestran el fracaso de las estrategias
gubernamentales de seguridad y procuración de justicia”.
El hidrocálido afirmó que “la
política pública diseñada por Gobierno federal para reducir la violencia,
combatir los homicidios, el secuestro y la extorsión, así como para
reestablecer la paz en el país, quedó en buenos propósitos, con pésimos y
negativos resultados”.
Las promesas del de
Atlacomulco fueron actuar para prevenir el delito y reconstruir el tejido
social; hacer eficaz la justicia penal; profesionalizar y fortalecer los
cuerpos de policía; transformar el sistema penitenciario; promover y articular
la participación ciudadana, así como la cooperación internacional; proporcionar
información que sirva al ciudadano; regionalizar y coordinar acciones entre
autoridades, y fortalecer la inteligencia.
“Ninguna de estas estrategias
han prosperado, ni han conseguido evitar que el crimen y la impunidad continúen
lastimando a los mexicanos en sus hogares, en su integridad personal y en sus
bienes y patrimonio económico”, apuntó.
Herrera Ávila comentó que, en
los próximos días, el titular de la Secretaría de Gobernación habrá de acudir
al Senado de la República para el análisis de los resultados de la Política
Interior, correspondiente al quinto año de ejercicio del presente gobierno.
“Más allá de las explicaciones
y justificaciones que se presenten, lo que la sociedad espera son acciones
efectivas; un verdadero esfuerzo para que la presente administración no deje al
país sumido en un caos criminal y de violencia”, demandó.
CRISIS SISTÉMICA
Es tal el desorden en este
país, que todo indica que además de la crisis de justicia que ya vivimos y por
todos conocida, se sumará la crisis de seguridad por el atraso en la aprobación
del mando policial mixto, que ahora se irá al proceso electoral, donde podremos
votar si estamos de acuerdo en que sea mixto o único como lo promueve el de
Atlacomulco; mientras llega ese día, cuide su vida, su patrimonio y su familia
como pueda.
Y no es todo, la Ley de
Seguridad Interna sigue pendiente y podría seguir el mismo camino, que sea
analizada y en su caso aprobada, por la próxima legislatura federal.
Los pendientes son muchos y no
existe voluntad de los actores políticos de resolverlos, ya que todo están
pensando en las elecciones y sus posibles resultados para poder promover en su
caso alguna acción o política pública, pero si existe la incertidumbre de
quiénes serán los próximos gobernantes, nadie quiere dejar a sus opositores
políticos las cosas caminando, por ello, mejor que se hunda el país.
Lo vemos en la capital del
país, donde su última Asamblea Legislativa que será sustituida por su Congreso
local en las próximas elecciones, tiene dos mesas directivas presididas una por
Morena y otra por el Verde, las cuales convocan al mismo tiempo para sesión
plenaria para el mismo día y la misma hora, a la que acuden los seguidores de
unos u otros.
Este es el vivo ejemplo de que
la disputa por el poder está en su máxima expresión, toda vez que, desde el inicio
de la Legislatura, César Cravioto y Leonel Luna, se han enfrentado por el
manejo de dicho órgano, comprando al mejor postor seguidores.
Además de que el haberse
aprobado con anticipación nunca vista en la historia del Congreso, el PEF2018,
fue para que los grupos políticos alisten sus armas para la lucha electoral que
está en marcha y que hay que aparentar procesos democráticos para la elección
de los posibles candidatos para los más de tres mil cargos que estarán en
disputa y en particular la Presidencia de México.
Todos dan por hecho que las
sesiones que quedan de este periodo serán de mero trámite al igual que el
último periodo de la legislatura federal y todo habrá terminado. ¿Qué pasará?
APLICAR LA LEY
En un país donde la impunidad
priva, fue sorpresivo no solo para el indiciado, sino para la sociedad entera,
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hiciera valer su autoridad para
destituir al delegado de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, por
desacato a la autoridad, porque si aplicarán ahorita mismo esa facultad, nos
quedaríamos sin gobernantes en los tres niveles de gobierno y algunos poderes.
Porque desacato a la autoridad
lo vemos todos los días, en todos los sectores, en todos los lugares y sitios
de cualquier rincón de México y nunca se aplica la ley porque los responsables
de administrarla simplemente son omisos para hacerlo.
Por ello, los mexicanos se
preguntan si acaso esto fue un destello del Poder Judicial para tratar de
tranquilizar a la población que sufre día a día, la violencia, inseguridad,
corrupción e impunidad, como algo que no es posible terminar porque el de
Atlacomulco dijo que es algo “cultural” que nos heredaron ya.
Porque de no resolverse los
problemas del país, el desacato podría generalizarse y ganar las calles de las
ciudades el próximo año, ante la incertidumbre social y económica que viven las
familias en México; de no haber resultados, estamos a un paso del estallido
social gracias al gobierno que decidió esconder la realidad
Comentarios a uliseshj@hotmail.com
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