Por Eduardo Muñoz
La Paz, Méx.- Apoyadas por un grupo
político catalogado aquí como invasor y violento, dos hermanas y sus
acompañantes allanaron las oficinas de Unificación de Pueblos y Colonias, en el
centro de la cabecera, lo que ocasionó una trifulca de la que resultaron varios
lesionados con golpes leves.
Los hechos se produjeron durante la
mañana del pasado martes, cuando varios sujetos intentaron desalojar por la
fuerza a los ocupantes de la UPC, cuyas oficinas se encuentran en la esquina de
Av. Morelos y Av. Puebla, junto al palacio municipal, y el cual ocupan desde
hace muchos meses. Los invasores argumentaban que la propiedad era suya, y no
dudaron en emplear la violencia para “demostrar su verdad”.
Entrevistada sobre el particular,
la directora de Desarrollo Urbano del ayuntamiento y dirigente de la UPC, Alicia
Neyra Ortiz, dijo que los activistas que
llegaron buscándola a ella para agredirla, son bien conocidos en el municipio,
ya que generalmente pretenden arreglar los conflictos a golpes y “sombrerazos”,
pasando incluso sobre el Estado de Derecho.
Manifestó que las querellantes son
sus medias hermanas, María Guadalupe y María Fernanda, de apellido Neyra,
quienes intentaron invadir un bien inmueble del que ella es albacea, en tanto
que su hermano, Jesús Neyra Ortiz, es el verdadero propietario porque posee el
fallo y la ejecutoria de un juicio de usucapión, y actualmente lleva a cabo el
proceso de inscripción en el Instituto de la Función Registral del Estado de
México.
Señaló la funcionaria que no por ser
servidora pública carece de derechos sobre los bienes inmuebles que le dejó su
padre, quien murió hace tres años.
Subrayó que por esta arbitrariedad
de sus medias hermanas y sus acompañantes, inició un juicio por allanamiento de
morada en el Ministerio Público de la localidad. Ahí, desafortunadamente, la
encargada de turno, Miroslava Domínguez, de forma grosera y prepotente ordenó
poner sellos de clausura en el inmueble.
Neyra Ortiz, abogada de profesión,
lamentó que la representante social se tomara atribuciones propias de un juez
de control. Por fortuna, gracias a la mediación de autoridades del Partido
Revolucionario Institucional y del agente del MP del siguiente turno, se llegó al
acuerdo de reabrir las instalaciones y de continuar el juicio de propiedad en
un Juzgado Civil.
La servidora pública fustigó que
grupos violentos aprovecharan el sainete para llevar “agua a su molino” e
intentaran hacer un “circo” de la situación, que es meramente privada. Añadió
que “afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho y en este municipio nadie
puede imponer sus razones mediante el uso de la fuerza”.
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