* El fondo financiero alcanzará hasta octubre
próximo; hay 509 personas protegidas por amenazas y agresiones a nivel nacional
Ciudad de México a 10 de abril
de 2017.-
Diputados integrantes de la
Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de
comunicación, presidida por Brenda Velázquez Valdez (PAN), expresaron su
preocupación por el agotamiento de los recursos económicos del Fideicomiso
Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,
que actualmente resguarda a 509 integrantes de estos gremios a nivel nacional.
En reunión con la Comisión
Especial, Patricia Conchero Aragonés, titular de la Unidad para la Defensa de
los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación (Segob), externó a los
legisladores su inquietud de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) 2017 no se etiquetaron fondos a ese fideicomiso, que es un mecanismo de
protección y funciona en estos momentos con el remanente del año pasado.
Estimó que los recursos
financieros se agotarán entre septiembre y octubre próximos; sin embargo, de
seguir en aumento la tendencia de las solicitudes de protección a más
periodistas y defensores de derechos humanos, los fondos se terminarán antes de
esa fecha.
El diputado de Morena,
Virgilio Caballero Pedraza, resaltó la impunidad existente en la muerte de
periodistas y la falta de castigo a los asesinos que los agreden o acosan.
“Estamos ante el recrudecimiento de la violencia contra el gremio. Tres
asesinados en un mes, más los agredidos. Tres muertes más. ¿Esos tres
periodistas estaban protegidos por el mecanismo de protección?”, inquirió.
Agregó: “¿Por qué no se
castigan los 120 homicidios, más de 600 casos de agresiones y 20 desaparecidos
en los últimos diez años, según la ONU? No hay un solo detenido ¿cómo se
explica eso?” Resaltó que Veracruz es la entidad más peligrosa en América
Latina para ejercer el periodismo.
“Es increíble que el
fideicomiso del mecanismo de protección no recibiera este año presupuesto de
parte del gobierno federal. Verdaderamente raya en la locura, ya que conforme
el problema avanza, no progresa la protección como corresponde. ¿Cómo se
explican la falta de ese apoyo, políticamente hablando?”, preguntó.
La legisladora de Movimiento Ciudadano,
Candelaria Ochoa Ávalos, cuestionó cuáles son los principales riesgos que
enfrentan las 509 personas sujetas a medidas de protección por parte del
gobierno federal. Además, “¿por qué acudieron a ese mecanismo? y ¿todas las
solicitudes se han atendido?”.
Manifestó su preocupación por
la carencia de suficientes recursos para atender esta problemática. Aclaró que
el reajuste de presupuesto sólo lo puede hacer el Ejecutivo federal, y no el
Poder Legislativo.
Señaló la factibilidad de
diseñar una iniciativa jurídica, enriquecida con las propuestas de los
periodistas para que definan los mejores mecanismos de seguridad. “Lo que
necesitamos es que el Estado mexicano cree medidas de protección”.
Convocó a los diputados a
solicitar un reajuste del presupuesto de ese fideicomiso, porque “no es posible
que a partir de octubre no tengan un peso para hacer frente a los compromisos
de protección a periodistas”.
Se carece de investigaciones
efectivas en casos de periodistas
En su turno, la titular de la
Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Secretaría de
Gobernación, atribuyó la falta de castigos a los asesinos de periodistas al
sistema de justicia que prevalece en México y la carencia de investigaciones
efectivas, tal y como ocurre en otros delitos como la trata de personas y
tortura. Además, admitió, existe colusión de autoridades.
Los periodistas no se quieren
acercar a las autoridades estatales, porque no creen en sus investigaciones ni
en su apoyo, ya que por años han sufrido las agresiones, también los defensores
de los derechos humanos, comentó Patricia Conchero Aragonés.
Informó que los tres
comunicadores asesinados recientemente, “no estaban apoyados por el mecanismo
de protección”. Cuando se hicieron los trabajos sobre el Plan de Contingencia
en Chihuahua, Miroslava Breach Velducea participó en la mesa de periodistas y
“nunca nos dijo que quisiera la protección del mecanismo porque tuviera riesgo;
su compañera Patricia Mayorga decía que ella sí tenía riesgo, pero tampoco
quería incorporarse al mecanismo y trabajó en el alerta temprana” o de
prevención, explicó.
“Es terrible, estuvimos cerca
de Miroslava, pero nunca pidió la protección del mecanismo y, ella propuso
impulsar el alerta temprana. Los otros dos periodistas no estaban protegidos
tampoco. No se tuvo contacto con ellos”, sostuvo.
La funcionaria de la Segob
explicó que cuando se observa alguna amenaza o agresión, de inmediato se les
contacta, pero en estos casos no había ningún indicio ni señal de alarma. “Debe
apostarse a una coordinación con las entidades para reforzar la estrategia de
seguridad”, planteó.
Sobre el presupuesto para el
fondo, dijo desconocer los motivos por los que no se etiquetaron recursos este
año. “Había un fondo que no se devolvió, y la probabilidad es que vieron esta
bolsa y consideraron que con eso se subsanarían los gastos, pero la verdad es
que no se calculó la tendencia al alza en las solicitudes de protección”,
consideró.
Preguntó a los diputados sobre
la posibilidad de gestionar una ampliación presupuestaria, a fin de asegurar la
protección a los profesionistas de la información y luchadores por los derechos
humanos.
A nivel internacional,
continuó, es un tema de mucho impacto; además, existe diálogo bilateral con la
Unión Europea sobre este tema.
La funcionaria federal explicó
que el protocolo de protección se otorga a petición individual o colectiva de
los periodistas o defensores de derechos humanos, mientras que la alerta es una
herramienta de prevención desplegada en estos momentos en Veracruz y Chihuahua,
por amenazas perpetradas por distintas vías y agresiones.
La alerta se activa, precisó,
mediante una evaluación de riesgo que se efectúa en el lugar donde se
registraron las amenazas o agresiones, a petición de los afectados. Se revisa
el contexto, el contorno, los desplazamientos y el tipo de notas que publican y
con eso “definimos qué tipo de medidas podemos darles. Tenemos un amplio
catálogo a implementar”.
“Tendríamos que desarrollar
medidas de seguridad digital, como lo sugirió Michel Forst, relator especial de
la ONU sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos. Es un
tema pendiente que se revisa con la Policía Federal”, sostuvo.
Explicó que se tiene una
cantidad importante de información que se analiza como el domicilio de trabajo
o incluso el lugar de residencia, porque aparte del riesgo que tiene el
periodista, el peligro también lo sufre la familia, como el desplazamiento de
sus hijos.
En donde se detectan
problemas, se instala un GPS o se da acompañamiento de policías federales,
aunque cada vez los designan en menor cantidad porque hay pocos elementos; se
asigna un número o botón de emergencia vinculado con la Policía Federal y
autoridades estatales.
Aseguró que existen muchas
medidas, de acuerdo con el caso, para desplegar una alerta temprana. Los
analistas de riesgo proponen un plan a la Junta de Gobierno, a los
beneficiarios y a sus representantes, quienes toman la decisión para desplegar
el mejor plan de protección, de acuerdo con las circunstancias particulares, y
se revalúa permanentemente para ajustarlo a las necesidades, garantizó.
Avalan opiniones a iniciativas
en apoyo a comunicadores
Por otra parte, los
legisladores de la Comisión Especial aprobaron cuatro opiniones en positivo a
tres propuestas de puntos de acuerdo y a una iniciativa. La primera, para que
la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad
de Expresión (FEADLE) atraiga el caso del asesinato de Cecilio Pineda Brito, y
a realizar todas las diligencias para capturar a los responsables, presentada
por el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (Morena). El documento se
remitió a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.
La segunda, para solicitar al
Ejecutivo federal que garantice la libertad de expresión, el ejercicio de la
labor periodística y la vida, la seguridad e integridad de los profesionales de
la comunicación en México, la cual fue presentada por la diputada Brenda
Velázquez Valdez (PAN). Se envió a la Comisión de Gobernación para dictamen.
La tercera, para condenar el
asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea y exhortar a la FEADLE a
realizar las diligencias necesarias para esclarecer el caso y capturar a los
responsables, presentada por los diputados de Morena, Ángel Antonio Hernández
de la Piedra, Virgilio Caballero Pedraza y Renato Josafat Molina Arias. La
opinión de la Comisión Especial fue remitida a la Comisión de Justicia para
dictamen.
La cuarta opinión se refiere a
la iniciativa presentada por el diputado Caballero Pedraza (Morena), para
adicionar el capítulo XVIII, “Trabajo de periodistas”, artículos 353 Bis a 353
Decies, al título sexto de la Ley Federal del Trabajo. Se remitió a la Comisión
de Trabajo y Previsión Social para dictamen.
Para concluir, la presidenta
de la Comisión Especial, Brenda Velázquez Valdez, anunció el foro “La libertad
de Expresión en México” que se llevará a cabo el próximo 24 de abril en San
Lázaro. Participarán periodistas, representantes de organismos internacionales
y de organizaciones de la sociedad civil, servidores públicos y académicos
expertos en la materia.