FEADLE ha atraído 48 casos y sólo existen tres sentencias
Desde la creación en 2010, la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ha
atraído 48 casos, de los cuales sólo se han logrado tres sentencias, informó
Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del
Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR.
En reunión con la Comisión Especial para dar seguimiento
a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, la funcionaria sostuvo
que la FEADLE ha tenido conocimiento de 114 homicidios de periodistas ocurridos
desde el 2000 hasta el pasado mes de febrero integrando 42 expedientes, 32
averiguaciones previas y 10 carpetas de investigación en los que el móvil
principal derivó del ejercicio de la actividad periodística de las víctimas.
Ricardo Celso
Nájera Herrera, titular de la FEADLE, afirmó que en los casos de los
periodistas Miroslava Breach, del periódico “La Jornada”; Ricardo Monlui,
director del portal “El Político de Xalapa”, y Cecilio Pineda Birto, director
del diario “La Voz de la Tierra Caliente”, se trabaja con el apoyo de todas las
instituciones, es decir, servicios periciales, policía de investigación y el
personal necesario para multiplicar las capacidades y obtener un resultado en
el menor tiempo posible.
La presidenta de
la Comisión Especial, Brenda Velázquez Valdez (PAN), mencionó que con cuatro
asesinatos vinculados con el ejercicio de la libertad de expresión, tan sólo en
el mes de marzo, es claro que las
políticas de prevención y de procuración de justicia del gobierno de la
República son ineficaces e ineficientes.
La realidad ha
superado el marco normativo, por lo que conminó a las comisiones a analizar con
prontitud las iniciativas que tienen en sus manos para buscar mejorar el
escenario de prevención y protección al periodista.
Ante la situación de violencia contra periodistas y la
libertad de expresión, “hago un llamado al secretario de Gobernación para que
garantice la seguridad de los comunicadores y a la Procuraduría General de la
República para que se castigue a los responsables, indicó.
La diputada Lia
Limón García (PVEM) preguntó sobre cuántas entidades cuentan con una fiscalía,
los casos atraídos por la FEADLE, y qué cantidad han resultado en sanción para
los agresores.
Consideró que los
casos no debieran ser atraídos al ámbito federal, pues a nivel estatal se puede
tener mayor información, permitiendo mayor avance.
La diputada María
Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano) señaló que “a ningún periodista
le sirve apretar un botón de alarma, lo que necesita son medidas de protección
para desarrollar su trabajo”.
El diputado
Exaltación González Ceceña (PAN) expresó que los periodistas son seres humanos,
tiene hijos y padres y la autoridad está obligada a dar protección. “Ustedes
nos vienen a dar una serie de explicaciones, pero son sólo de trámites
burocráticos y no dan resultados”.
Añadió que para la
autoridad, “tres resultados de ciento y tantos casos no es nada”. El problema
es la impunidad para encontrar a los autores materiales e intelectuales de las
agresiones a periodistas, llámese asesinatos, ataques a la integridad física o
materiales, porque también se agreden sus instalaciones y son casos que siguen
sin resolverse.
Preguntó a los
funcionarios qué le hace falta a la fiscalía para dar verdadera protección a
los periodistas.
El priista Cesar
Alejandro Domínguez Domínguez propuso presentar un punto de acuerdo que exhorte
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a autorizar una ampliación
presupuestal para el mecanismo de protección y, de esa manera, cumplir con los
objetivos establecidos. Asimismo, pidió definir cuál es la línea de
investigación sobre el cierre del periódico Norte de Ciudad Juárez, en
Chihuahua.
Inseguridad grave
para quienes ejercen la libertad de expresión en México
Sara Irene
Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y
Servicios a la Comunidad de la PGR, detalló que en los últimos años se ha
presentado una situación de inseguridad grave para quienes ejercen la libertad
de expresión en México, en especial para los periodistas.
Agregó que de los
delitos que conoce la FEADLE desde su
creación hasta la fecha, son 368 expedientes por amenaza, 159 por abuso de
autoridad, 70 por lesiones, 70 por robo, 66 por homicidio, 55 por privación
ilegal de libertad y 48 por daño en propiedad ajena.
Respecto a la
atracción, a partir de la reforma de 2013, la FEADLE ha ejercido su facultad en
48 casos por delitos de abuso de autoridad, amenazas, homicidio, robo, daño en
propiedad ajena, lesiones, privación ilegal de la libertad y tentativa de robo
y homicidio.
En cuanto a las
medidas dictadas derivadas de denuncias y
respectivas indagatorias para proteger la integridad física de los
periodistas, en algunos casos a sus familiares, se han promovido 525
solicitudes de medidas ministeriales de protección en favor de 483 personas,
162 víctimas directas y 21 indirectas promovidas ante autoridades de las áreas
de seguridad pública en el país, federales y locales, y se aseguró la
protección de estas personas beneficiadas.
Explicó que las
medidas de protección consisten,
principalmente, en la asignación de números telefónicos de contacto de atención
del grupo inmediato en seguridad pública, los rondines domiciliarios,
asignación de escoltas, entrega de chalecos antibalas, asistencia médica y
psicológica y la protección de los inmuebles.
“Nosotros somos
conscientes de que el ejercicio de la libertad de expresión es fundamental en
una sociedad democrática; el intercambio de ideas y la difusión de información
son de interés público, y contribuyen a la rendición de cuentas y a la
participación informada de la sociedad”.
Aseguró que están
atendiendo en sus términos la recomendación 24 de la CNDH para asegurar que los agentes del Ministerio Público
integren debidamente las indagatorias, realicen todas las diligencias
necesarias y agoten todas las líneas de investigación para sustentar
sólidamente todas las determinaciones que dicten en su momento.
También se busca
la coordinación con las procuradurías y fiscalías de las entidades, y revisar
con ellas aquellos expedientes iniciados con motivo de los probables agravios a
periodistas, para que pueda ejercerse la libertad de expresión. “Estamos
intensificando la relación con los fiscales y procuradores”, afirmó.
En tanto, el
titular de la FEADLE, mencionó que este órgano tiene acercamiento con 28
entidades, para brindarles cursos a periodistas y servidores públicos sobre
derechos humanos, libertad de expresión y el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Se ha logrado
impartir más de cinco mil cursos, y con ello, “hemos observado que en estas
entidades se han reducido las agresiones a los periodistas”, sostuvo Nájera
Herrera, y afirmó: “Estamos tratando de que cuando un periodista reciba una
agresión menor, sea atendido por la delegación federal cuando ellos manifiesten
tener desconfianza de las autoridades estatales”.
Expuso que en las
dos agresiones a periodistas en el estado de Veracruz se tiene una carpeta de
investigación abierta y comunicación con el fiscal; en el caso de Cecilio
Pineda, comunicador de Guerrero, desde el momento en que sucedieron los hechos,
cooperó este organismo con el gobierno estatal y se integraron las carpetas
paralelas para ver quién puede judicializar el tema.
Indicó que se tuvo
cercanía con el periodista, ahora fallecido, para que, en su momento,
presentara una denuncia; sin embargo, no quiso acercarse a la autoridad,
“siempre dijo que lo haría, pero no lo hizo”.
Sostuvo que se
está trabajando duro y se tienen varias líneas de investigación sobre este
homicidio. “No hemos cerrado ninguna, para obtener un resultado en el menor
tiempo posible”.
Respecto al
asesinato de la periodista Miroslava Breach, informó que entabló conversaciones
con el fiscal de Chihuahua desde el primer momento, para implementar el manejo
de los datos.
“Ella era una persona importante en su estado, con gran
penetración por sus notas; por ello, no hemos descartado ninguna línea de
investigación hasta no tener la certeza de que alguna ya se puede comprobar y
encontrar a los responsables”.
Finalmente, apuntó
que en el caso de Armando Arrieta, se le brindaron las medidas de protección;
sin embargo, reiteró que es necesario reforzar la seguridad pública, mejorar la
impartición de justicia, lo cual, dijo, no puede esperar mucho tiempo, porque
es una problemática que afecta a toda la sociedad.
Veracruz está en
una situación de alarma
Ana Laura Pérez Mendoza, fiscal de la Comisión para la
Atención y Protección a los Periodistas de Veracruz, dijo que esta entidad se
encuentra en una situación de alarma, por lo que la FEADLE atrajo siete casos;
no obstante, no hay resultados y se
deben a las fiscalías locales. “Lo que queremos es justicia y que se venza la
impunidad, que haya detenidos y, además, con todas las garantías de que es una
investigación profesional”, resaltó.
Manifestó que
“mientras no se venza la impunidad, el mensaje es que al estado no le importa
que cualquiera puede agredir a un periodista y no le va a pasar nada”.
Refirió que en
tanto no se contenga la impunidad y el estado no ponga toda su fuerza en detener
a los responsables de las agresiones, no se logrará combatir la vulnerabilidad.
David Augusto
Sotelo Rosas, subsecretario para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de
Guerrero, comentó que el gobernador ha remitido al Congreso local una iniciativa
de ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, a fin
reglamentar las obligaciones institucionales y la creación de un mecanismo de
protección.
Resaltó que la
entidad trabaja en este mecanismo, el cual ya tiene a una serie de periodistas
que han solicitado este protocolo de seguridad.
La diputada María
Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano) resaltó su preocupación por la
vida de los periodistas, debido a que no se ha valorado lo suficiente su
trabajo que está en riesgo, frente a lo cual los gobiernos estatales, federal e
instancias como la fiscalía, tienen la obligación de ver por ellos.
Propuso convocar a
los periodistas para definir lo que se puede hacer en la ley, así como en el
Poder Ejecutivo y el Judicial, debido a inseguridad creciente en el país.
