* 10 años y no hemos podido
capacitar a la policía preventiva
* Trabajadoras del Hogar
siguen esperando por sus derechos
A dos meses de la elección al
tricolor le llueve sobre mojado, hasta los taxis de “Clavillazo” en Nuevo León
le pegan al partido en el poder de las tres gubernaturas donde habrá comicios,
ni que decir el de Nayarit, que dejó en evidencia a la Inteligencia mexicana y
al súper secretario encargado de la seguridad nacional y que se cree
presidenciable, como otros, pero lo que todos evidencian es que no hay ni habrá
combate a la corrupción.
Los escándalos por desvíos de
recursos y vínculos criminales de ex gobernadores y funcionarios priistas
obligan a su partido y al Gobierno federal asumir un verdadero compromiso en
contra de la corrupción, aseveró el coordinador del PAN, Fernando Herrera.
“Los senadores de Acción
Nacional exigimos que se avance ya en las leyes pendientes que completen el
andamiaje legal que requiere el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), al cual
se ha resistido el PRI-Gobierno”, señaló el hidrocálido.
Contrario a ello, dijo, el
Gobierno y su partido han inducido campañas de denostación en contra de
gobiernos y políticos panistas, pretendiendo cubrir la corrupción, el desvío de
recursos y el enriquecimiento ilícito de numerosos gobernadores priistas,
responsables, además, de haber sumido en la peor de las deudas a sus estados.
Tan sólo en los años
recientes, los señalamientos han recaído en contra de Javier Duarte, de
Veracruz; César Duarte, de Chihuahua; Roberto Borge, de Quintana Roo; Fausto
Vallejo, de Michoacán; Jorge Herrera Caldera, de Durango; Miguel Alonso Reyes,
de Zacatecas; Rodrigo Medina, de Nuevo León; Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas,
y Rubén Moreira, de Coahuila.
A la lista, se suman los casos
de Andrés Granier, de Tabasco; Humberto Moreira, de Coahuila; Fidel Herrera, de
Veracruz; Arturo Montiel, del Estado de México; Tomás Yarrington Ruvalcaba y
Eugenio Hernández, de Tamaulipas, y José Murat y Ulises Ruíz, de Oaxaca.
La atención está puesta ahora
en el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por sus posibles vínculos con el
fiscal del estado, Édgar Veytia, detenido en Estados Unidos por presuntos nexos
con el narcotráfico.
En ninguno de estos casos,
apuntó, el Gobierno priista ha mostrado diligencia en el ejercicio de la
justicia, la cual exhibe ahora intentando descalificar a gobiernos de la
oposición y las políticas que en el pasado se instrumentaron para atender retos
nacionales.
“Vemos con preocupación cómo
secretarios de la Administración Pública están atacando a gobiernos, partidos y
políticos de la oposición, por la desesperación que tienen de mantenerse en el
poder”, denunció.
Si no hay voluntad política
para hacerlo nunca se hará, porque los cañonazos para ADN y su Barbie están a
la vista para que “los del PRD apoyen al PRI” como lo afirman los operadores
oficiales. Nada ha cambiado en cien años, solo los actores y los escenarios.
¿Y LA POLICÍA ‘APÁ?
Mientras la ciudadanía sigue
bajo el fuego cruzado de los delincuentes y narcofiscales, a los periodistas
nos siguen matando, a los activistas de derechos humanos persiguiendo, a las
mujeres matando en cada esquina del país, ya que la clase política lleva 10
años sin capacitar y preparar a la policía que debe brindarnos seguridad en
nuestras vidas y patrimonios.
El coordinador del PRD,
Francisco Martínez Neri, dijo que el problema de seguridad pública no se
resolverá manteniendo a las Fuerzas Armadas en las calles, prueba de ello es
que a una década de su incursión en la lucha contra el crimen organizado los
índices delictivos no han decrecido.
Precisó que lamentablemente el
país sigue inmerso en una escalada de violencia que no cesa. “Cifras oficiales
revelan que la actual estrategia de combate contra la delincuencia en lugar de
bajar la estadística ésta sigue en aumento”.
Según datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a noviembre de
2016 se registraron a nivel nacional 32 mil 572 homicidios, 4 mil 706
extorsiones y mil 22 secuestros.
El oaxaqueño indicó que ante
la gravedad de dicha crisis su bancada continuará pugnando por la construcción
de un sistema donde haya controles de constitucionalidad, legalidad,
transparencia y rendición de cuentas de las instituciones de seguridad pública.
“Seguimos en la idea de que se
requiere la profesionalización de las instituciones encargadas de la seguridad,
así como implementar programas para lograr la profesionalización de las
policías, a fin de que sean absolutamente confiables”, externó.
Martínez Neri urgió a discutir
cuanto antes el tema de Mando Mixto y rechazó cualquier intento de aprobar la
Ley de Seguridad
Interior de manera unilateral.
“No aprobaremos un precepto
que resulte violatorio de la Constitución y de los Tratados Internacionales en
materia de Derechos Humanos que México ha firmado”.
Llamó a “entrar de lleno al
debate de temas de suma importancia como son lo relacionado a mando coordinado,
a la erradicación de la tortura y a revisar lo relativo al artículo 29
constitucional”.
NO HAY CONGRUENCIA
En Los Pinos son muy dados a
hablar de las mujeres, pero a dos tercios del actual gobierno del de
Atlacomulco no han ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), a fin de que este sea la base para las reformas a la ley en
la materia, que permitan hacer valer los derechos de trabajadoras del hogar.
Durante la inauguración de la
exposición “Hogar justo hogar” y la presentación del libro “Hacer visible lo
invisible. Formalización del trabajo del hogar en México: Una propuesta de
política pública”, convocados por la senadora Angélica de la Peña, presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, se demandó su inmediata
ratificación, pero no oyen.
La legisladora del PRD señaló
que el Convenio 189 fue aprobado por la OIT el 16 de junio de 2011, pero el
Gobierno Federal no lo ha remitido al Senado para su ratificación, sin que
exista razón para ello, y el Estado debe ser garante de los derechos de los
trabajadores.
Recordó que, en 2014, junto
con la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, Marcelina
Bautista, dialogaron con el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, quien dijo cumpliría con dicha ratificación.
“Pero el secretario de
Gobernación se encontró con un gran muro, el IMSS quien dijo que no se pude,
quizás porque pensó que los más de dos millones de trabajadores del hogar iban
a exigir sus derechos”, acotó.
Reiteró que el Presidente debe
enviar al Senado el Convenio 189, pues no se trata sólo de reformas de ley,
sino de un trabajo conjunto para lograr un México igualitario e incluyente,
lejano a la discriminación laboral y social, de la que ahora son objeto las
empleadas en servicios domésticos.
Comentarios a uliseshj@hotmail.com