Organizaciones de la sociedad
civil de México advirtieron que con la aprobación de la Ley de Seguridad
Interior, el Ejército legalizaría su actuación durante la guerra contra el
narcotráfico.
Después de poco más de 10 años
del comienzo de una guerra abierta contra el narcotráfico en México, una
legislación está a punto de ser aprobada para legalizar el actuar de las
Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
"Autogolpe de
Estado": así calificó la politóloga Denise Dresser a la llamada 'Ley de
Seguridad Interior' durante una conferencia de prensa que reunió a un nutrido
grupo de organizaciones de la sociedad civil y académicos de México.
Las organizaciones, entre las
que se encuentra Amnistía Internacional, advirtieron que, de aprobarse la Ley
de Seguridad Interior, el Ejército tendría "carta abierta" para
realizar tareas de fiscalía, detenciones e inteligencia, además de usar "cualquier
método de recolección de información".
Antecedentes
Desde hace 10 años, el
Ejército se ha visto envuelto en polémicas como la matanza del pueblo
mexiquense de Tlatlaya en el 2014. También existen sospechas de que tuvo
conocimiento en todo momento de la desaparición el mismo año de 43 estudiantes
de la normal rural de Ayotzinapa, un caso que conmocionó a México.
En la investigación
periodística cadenademando.org, hay un análisis de las 34 recomendaciones que
la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) ha hecho al Ejército
desde el 2007 hasta la fecha. En las recomendaciones hay evidencia de que el
94% las autoridades militares intentaron evadir su responsabilidad. Y que en 18
casos de agresiones, el Ejército alteró escenas del crimen, a veces sembrando
armas, en otras exhumando cuerpos de víctimas.
José Guevara, de la Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), agregó que,
del 2006 al 2014, las Fuerzas Armadas detuvieron arbitrariamente a 64.000
ciudadanos. Además, reveló cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
del 2006 al 2011: se acumularon 390 quejas por desaparición forzada a manos del
Ejército en este organismo.
También contó que ante la
Fiscalía de México existen 1.273 denuncias contra las Fuerzas Armadas por
torturas como golpes con armas de fuego en el rostro para confesiones,
violación sexual, toques eléctricos y asfixia con bolsas de plástico.
La semana pasada, las imágenes
de un helicóptero artillado de la Marina de México disparando en un barrio
residencial del estado de Nayarit en plena noche recordaron escenas de guerra
de Siria e Irak. Si bien la Marina de México abatió a 'El H1', líder del cartel
de los Beltrán Leyva, durante todos los enfrentamientos murieron otras 15
personas. Como no existe una investigación independiente sobre el caso, no se
sabe si todas las personas abatidas tenían que ver con el capo o no.
En octubre del 2016, el
poderoso general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa Nacional, habló del
cansancio de los militares por estar en las calles. "El marco jurídico
pregúntenselo a los legisladores, no a mí; yo no hago leyes", habría dicho
en ese entonces.
El dictamen final de la Ley de
Seguridad Nacional es desconocido por legisladores de partidos opositores, los
cuales propusieron que el tema se discutiera de manera más amplia este
miércoles 15 de febrero, informó el semanario 'Proceso'.
"En lugar de regresar a
los soldados, el Gobierno permite la cuartelización del país", concluyó
Dresser.
Académicos y activistas
también advirtieron que, ante el escenario generalizado de asesinatos y la
aparición de fosas en México, la nueva ley blindaría al Ejército para evitar
que soldados puedan ser llamados a cuentas conforme a las leyes nacionales e
incluso internacionales.
Santiago Aguirre, subdirector
del Centro Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos, advirtió que el concepto de
"seguridad interior" que propone la nueva ley diluye la frontera
entre la seguridad nacional y la seguridad pública; una característica de los
"regímenes autoritarios".
El debate más importante en
décadas
Alejandro Madrazo, del
programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia
Económicas calificó el debate en torno a la Ley de Seguridad Interior como
"una de las decisiones más importantes en décadas".
Urgió que la legislación se
haga conforme a los datos disponibles, pues los operativos conjuntos entre
Policía y Ejército durante la presidencia de Felipe Calderón dispararon los
homicidios en el país: de 8 por cada 100.000 habitantes a 24 por cada 100.000
habitantes.
Matar o morir: periodistas
revelan testimonios de soldados mexicanos de la guerra contra el narco
"Muertes que no se
investigan. Se les descarta como sicarios porque supuestamente andan en malos
pasos", denuncia.
El académico recomendó:
"Si el gobierno civil se rinde, el aparato castrense se expandiría y cada
vez más funciones pasarían a órganos militares".
José Guevara de la CMDPDH
advirtió que, con la nueva ley, toda información interior generada por el
combate al crimen organizado tendría la etiqueta de 'clasificada' por motivos
de seguridad nacional, es decir, conservaría un candado para evadir las leyes
de acceso a la información de México.
"Ya son diez años de esta
política que ha fomentado, tolerado y formado estas violaciones de derechos
humanos: estamos ante un escenario catastrófico para el país", advierte.