"En los 30 casos hay
algún tipo de sanción, siete u ocho destituciones y 22 personas que serán
suspendidas por algún tiempo, algunas por un mes y otras por más tiempo",
dijo en declaraciones a medios el secretario general de Gobierno del Estado de
México, José Manzur, al término de un acto político.
Dichas sanciones contra
servidores públicos las emitió la Inspección General de las Instituciones de
Seguridad Pública del Estado de México (Igispem), de un total de 52 casos este
órgano está analizando.
Según medios locales, se trata
de peritos, agentes ministeriales y miembros de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México (Pgjem) con sanciones que incluyen desde la
destitución a la inhabilitación para ocupar un cargo público.
Según la versión inicial
ofrecida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre lo ocurrido el
30 de junio de 2014 en una bodega de Tlatlaya, 22 presuntos delincuentes
murieron en un enfrentamiento armado con militares.
Sin embargo, dicha versión fue
desmentida por una de las tres personas sobrevivientes, quien aseguró que un
civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un
interrogatorio, lo que desencadenó la detención de los militares y su
procesamiento en los fueros civil y castrense.
De acuerdo con la PGR, 14
personas murieron en el enfrentamiento y las ocho restantes, algunas heridas,
fueron asesinadas por los militares, cifra que la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) estimó en 15.
En septiembre de 2014 fueron
detenidos ocho militares, incluido un oficial, pero uno quedó en libertad poco
después al demostrarse que fue herido y nunca llegó a entrar en la bodega donde
ocurrieron las muertes.
Un juez ordenó en octubre
liberar a cuatro militares implicados en la matanza tras considerar que la
Fiscalía no había sido clara a la hora de explicar los hechos por los que
estaban acusados, y en mayo se liberaron los otros tres elementos por falta de
pruebas.
De esta manera, todos los
elementos castrenses relacionados con el caso se encuentran fuera de prisión,
lo que generó severas críticas contra la investigación por parte de la sociedad
civil.
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