Se acaba el periodo ordinario de sesiones, el primero de esta legislatura
y se definen diversos temas, y hay monedas de cambio en la agenda para que
dictámenes pospuestos como el de la reforma política del DF salgan, pero está
en marcha lo que la oposición llama la privatización de la pensión en el
ISSSTE, lo que ha propiciado manifestaciones ante el palacio legislativo, así
como el rechazo de los trabajadores de la cultura a la creación de una
secretaría que separaría este sector del educativo.
Para el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, la aplanadora
legislativa desaparecerá el Fondo Nacional de Pensiones de Trabajadores al
Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), por lo que llamó a los legisladores del
PRI, PAN y PVEM a votar a conciencia para evitar que se cometa un atraco en
contra de los trabajadores al servicio del Estado.
Expresó que las reformas a la seguridad social realizadas en los
últimos 20 años, sólo han mermado sus derechos y han puesto a la deriva sus
ahorros para el retiro, condenándolos a la pobreza cuando termine su vida útil,
y esta es la tendencia que tiene el dictamen que pretenden aprobarse ahora.
Manifestó que los diputados que voten a favor de la reforma, tendrán que
asumir su responsabilidad histórica por la traición que cometan en contra de
los trabajadores, porque “pasaremos del PENSIONISSSSTE al ya perdiste”.
Reiteró con esto desaparecería el sentido social del sistema de pensiones en
México, ya que los recursos serían un botín para posibles especuladores,
dejándose en la total incertidumbre el futuro de los mexicanos, aseveró.
Expresó que su bancada se opondrá a la imposición. Agregó que
preocupa que esta reforma la quieran vender como otra de las grandes reformas
salvadoras de México, pero que en la realidad sólo se trata de “darnos atole
con el dedo”.
Mencionó que la propuesta del PRI para convertir este fondo de ahorro de
los trabajadores del Estado en una “afore pública”, representa una forma de
simular su próxima privatización, ya que recordó el caso de la Afore Siglo XXI
que terminó fusionándose con Banorte, y actualmente está generando
movilizaciones en varios estados del país, al negarse a pagar a los asalariados
del IMSS.
Aseguró que por diversos motivos se ha venido posponiendo la
reforma al PENSIONISSSTE, pero parece que la orden ya se dio en Los Pinos para
sacarla a como dé lugar, y ahora se pretende forzar el tema para que sea
aprobado fast track, con la imposición de una mayoría autista que no escucha ni
entiende razones.
Sostuvo que la iniciativa que viene del Ejecutivo Federal, carece de
elementos suficientes para dar certeza para la mejora de la calidad de vida de
los pensionados.
Consideró que la reforma violenta el artículo 9 del Protocolo Adicional
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, donde México se compromete a que toda pensión asegure una
vejez digna y decorosa.
Además de que en el artículo transitorio segundo en su fracción
V, se establece que el Gobierno Federal no responderá por las obligaciones a
cargo de la sociedad que se creará en términos de la propia reforma.
Deja claro entonces, afirmó, que el gobierno federal quiere desentenderse
de su obligación de proteger las pensiones de los trabajadores; pero lo más
peligroso, insistió, es que se prepara a futuro para posibles fallos en el
sistema de pensiones que se pretende establecer, porque esas sociedades se
desvincularán del gobierno.
CASTIGO A PROTESTAS
Para Arturo Santana se debe tipificar con precisión las conductas en
materia de robo, sustracción, transportación y comercialización de
hidrocarburos en sus diversas modalidades, llámese gasolina, diésel, etcétera,
porque se está criminalizando la protesta social de manera que las libertades
que deben ser garantizadas serían castigadas, contrario a la ley.
Mencionó que en algunas partes del articulado algunas conductas se
sancionan, considerando que la pena es excesiva. “Es decir, hay pena privativa
de la libertad para casi todos los casos que se tipifiquen como delitos contra
la industria petrolera”.
En ese sentido, lo que está proponiendo la bancada del PRD es que
la pena sea asequible como lo establece la propia Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos: que la pena sea proporcional a la conducta o al
delito que se cometa. Ésa es una parte que el Sol Azteca defenderá hasta el
final de la concreción de este dictamen.
Santana afirmó que nunca la protesta social, precisamente como ha
quedado estipulado, podrá llegar a equipararse al delito de terrorismo, porque
si se permite que se agrave una conducta en materia de terrorismo, con
dedicatoria para las empresas que van a invertir en materia de sustracción,
explotación de los hidrocarburos en México, pero a costo de la libertad y del
libre pensamiento ideológico de los mexicanos, se estaría cometiendo un error.
Es por ello que demandó que los articulados sean precisos, que
la técnica legislativa que se utilice no lleve a confusiones al Ministerio
Público al momento de consignar y al Juez Penal al momento de dictar sentencia.
Para el defeño, es importante también definir cuál es el tipo de
información que será clasificada como información de seguridad nacional. “Porque
nos parece muy rigorista el hecho de que los automóviles de los asignatarios o
contratistas sean considerados de información de seguridad nacional o el hecho
de que el movimiento de personal de esas empresas, también sea considerado como
información de seguridad nacional.
Todo indica, dijo, que se trata de ocultar lo que debe ser público y
de castigar lo que es un derecho universal en la Ley de Hidrocarburos, por ello
hay muchas dudas del dictamen que está en marcha y debe revisar la técnica
legislativa para que sea la correcta y se sancione a los que cometen ilícitos
en el sector energético del país y no la libertad de expresión y manifestación.
SALARIO JUSTO
La bancada del PAN llamó a iniciar a la brevedad un proceso de
debate a fin de mejorar el nivel de vida de las familias mexicanas, a través de
un Salario Mínimo más digno, afirmo su coordinador, Marko Cortés Mendoza, quien
dijo que esta es una prioridad en su agenda legislativa para que los
trabajadores de México aumenten sus niveles de bienestar, mediante una
remuneración justa.
Sostuvo que “fue Acción Nacional quien impulsó la consulta popular
referente al salario digno” y refrendó el compromiso del PAN con la dignidad de
las personas y, en especial, con los millones de trabajadores mexicanos a los
que, con el salario actual cada vez les alcanza para menos.
“Queremos que México deje de ser el país con salario mínimo más bajo de
los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE)”, apuntó el michoacano, quien manifestó que con elección
extraordinaria en Aguascalientes ganada, tendrán ahora su diputado 109.
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