México, DF. Abogados
litigantes señalaron que el hecho de que el titular de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto
Castillo, haya revelado que solicitó una orden de aprehensión en contra de
Arturo Escobar por presunta comisión de delitos electorales, “es como haber
avisado para que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia”, y
consideraron también que sus declaraciones pueden generarles responsabilidades
de tipo administrativo o penal porque con ello se reveló información que se
considera secreta.
De la misma manera, los
entrevistados señalaron que las autoridades ministeriales deben analizar si con
ello no se violó el principio de presunción de inocencia ya que el anuncio
generó daño a su imagen pública.
El penalista Juan Velázquez
señaló que “en caso de que así hubiera ocurrido, porque no me consta que el
fiscal haya hecho esas declaraciones, pero el hecho cuando menos es imprudente
en tanto que se trataría de la solicitud de una orden de aprehensión y por lo
tanto una información secreta para no advertir al acusado, ya que ello
generaría que pudiera sustraerse a la acción de la justicia o se pueda amparar
en contra del mandamiento judicial si éste se libra, entorpeciendo el trámite
de la procuraduría”.
La abogada litigante Bárbara
Zamora consideró que “es estarle avisando previamente y ponerle sobreaviso de
que se está solicitando una orden y ello genere que se sustraiga de la
justicia, ya que es una petición en trámite que ni siquiera se ha obtenido ni se
ha ejecutado, lo cual resulta incongruente y es un contrasentido.
“Parece un aviso al imputado
para que se escape, y esta circunstancia constituye un error porque siempre se
ha argumentado la secrecía de las actuaciones del ministerio público. Creo que
hay una responsabilidad del fiscal al haber revelado cuestiones
confidenciales”.
El abogado Sandino Rivero
estimó que en este asunto “se generaría una violación al derecho a la
presunción de inocencia, ya que aún ni siquiera se libra el mandamiento judicial
y el caso se está ventilando de manera pública”.
La Fepade solicitó el
mandamiento judicial en contra de Arturo Escobar, quien hasta ayer se
desempeñaba como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana en la
Secretaría de Gobernación, porque según el fiscal especial firmó documentos
para la distribución de tarjetas Premia Platino y firmó contratos con empresas
que no aparecían -para la fecha de contratación- como proveedores ante el
Instituto Nacional Electoral.
Santiago Nieto Castillo concedió
una entrevista en la que confirmaba la petición del ministerio público en
contra de Arturo Escobar, y en ella ya hablaba de comunicados de prensa en los
que se daba a conocer la información, cuando tales documentos aún no habían
sido difundidos por la Procuraduría General de la República.
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