· Los
actores del conflicto se olvidaron de la mesura y del partido
La situación política que privó en los últimos días en el
municipio de Valle de Chalco puso a pensar a muchos perredistas incluso hubo
unos que pidieron la expulsión del partido del diputado con licencia, Jesús
Sánchez Isidoro, sin embargo, hubo otros que actuaron con mesura hasta en tanto
los actores del conflicto se pusieran a dialogar para que la autoridad
jurisdiccional actuara en consecuencia y convenciera a los involucrados a
actuar conforme a la ley.
No obstante éste conflicto de tribus pudo haberse solucionado de forma
inmediata, sin embargo, la actitud de las corrientes perredistas casi pone en
evidencia o más bien lo hizo de colocar por delante los intereses personales y
no los del partido. Eso debió haber sido sancionado y no lo digo sólo por el
PRD sino de todas las fracciones de los partidos políticos que pudieran estar
en el futuro en un caso similar.
Lo cierto es que las declaraciones hechas por el
secretario general del Sol Azteca, Octavio Martínez Vargas de exigir la
expulsión del diputado perredista fue a título personal de un integrante del
comité estatal, no así de todos los del partido, tal como lo afirmó el líder
Omar Ortega Álvarez, quien consideró que la actitud asumida por el diputado de
Valle de Chalco no ameritaba tal separación.
Pero aquí es donde predomina la inconsistencia de algunos
políticos que ven los errores en otros y no ven los suyos, tal como los ha
tenido el ex diputado local y candidato a la presidencia municipal de Ecatepec
en el pasado proceso electoral del 7 de junio, donde perdió. También hay que
ver el predominio que tienen las tribus.
Él es de Nueva Izquierda, en tanto el diputado Sánchez
Isidoro es de Alternativa Democrática Nacional, corriente que prácticamente
tiene mayor poder partidario.
Lo dicho por el dirigente perredista, Ortega Álvarez de
que no ve elementos necesarios en que haya incurrido en algunos de los
supuestos o fracciones que determinen los estatutos para que Sánchez Isidoro
sea suspendido de sus derechos partidarios. “Es solo una manifestación que hace
Octavio Martínez que yo no comparto”.
Que él haga valer la queja correspondiente ante la
comisión jurisdiccional del partido y sea esta la que resuelva en consecuencia.
“Para mí no hay elementos de convicción ilegales para poderle obsequiar la
solicitud que aun o sé si ya la presentó el ex diputado o la vaya presentar
Octavio Martínez”.
Vaya con la actitud de los perredistas, seguramente en
los próximos días habrá sorpresas de todas las tropelías cometidas por los
actores políticos en Valle de Chalco. Yo no dudo que el Tribunal Electoral del
Estado de México de cabido a todas las denuncias pos electorales y de cuenta
quien fue el que ganó la elección del 7 de junio. Ojalá y que el Sol Azteca no tenga un revés de graves
consecuencias para la población y todo por una actitud triunfalista que
asumieron algunos y que seguramente les dolerá a muchos.
En más temas del estado de México, grave es la situación
que han asumido habitantes algunos municipios mexiquenses de hacerse justicia
por su propia mano, es decir los famosos linchamientos que al ver que no existe
autoridad para castigar a los delincuentes. De hecho hay autoridad, lo que no
existe es voluntad para ejercerla, es decir, pese a los operativos de seguridad
que se vienen realizando en varias zonas de la entidad no todos o casi ninguno
ha logrado abatir y frenar a los
delincuentes aunado a la desconfianza ciudadana de que los delincuentes son
protegidos por los gobiernos. Que en realidad eso no ocurre.
Dicen los que saben que la justicia es pronta y expedita,
sin embargo, en la realidad es paciente y muy tardada, situación que la población
ha visto por es la que sufre en carne propia las consecuencias de la impunidad
y la corrupción. Temas riesgosos que la autoridad no quiere tocar porque está
involucrada. Eso nadie lo puede negar, por el contrario es muy evidente y quien
no haya acudido a un MP a denunciar y
ser partícipe de la corrupción es que no conoce nada.
Ese es el dilema de los MPs y es una situación que ni el
propio procurador general, Alejandro Gómez Sánchez ha solucionado. Tampoco el
Comisionado Estatal de Seguridad, Eduardo Valiente Hernández. Tal parece que
ambos funcionarios navegan con la bandera de incrédulos que no existe impunidad
mucho menos corrupción.
Ojalá y conozcan de viva voz a personas que sufren por no
tener dinero y pagarle al MP lo que les pide para iniciar una denuncia. En fin
en un estado de México donde no pasa nada, ni que hablar. Hasta mañana y ojo
cuídese porque la ola de los populistas llegaran en los últimos meses del 2016
y se estancarán en el 2017 en la entidad. Comentarios a esquiveljesus30@gmail.com.

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