El Estado se encuentra en fase crítica. Su debilidad es
evidente y su incapacidad trágica. La fuga de “El Chapo”, por segunda vez de
una cárcel de máxima seguridad, se suma a los desatinos del gobierno de los
casos Tlatlaya y Ayotzinapa, dijeron académicos.
El 11 de julio Joaquín “El Chapo” Guzmán, de 60 años de
edad, se esfumó del Altiplano, la aclamada prisión de máxima seguridad del
Estado de México, tierra natal del Presidente de México, Enrique Peña Nieto,
dejando atrás a reos famosos como: Servando Gómez Martínez “La Tuta”, José Luis
Abarca, ex alcalde de Iguala,
Édgar Valdez Villarreal “La Barbie”, Miguel Ángel
Treviño, “El Z-40”, Mario Aburto Martínez, acusado por la muerte del candidato
a la presidencia Luis Donaldo Colosio en 1994, y Daniel Arizmendi López, “El
Mochaorejas”.
El líder del Cártel de Sinaloa se ha fugado dos veces de
prisiones de alta seguridad en México. La primera vez, en el 2001, había estado
retenido ocho años en la cárcel de Puente Grande, Jalisco, tras ser capturado
en 1993 en Guatemala. La segunda sólo pasó poco más de un año recluido. En las
dos fugas quedó en entredicho el papel del Estado mexicano como protector de la
ciudadanía.
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