Reformas que han borrado los
derechos de los trabajadores y de la población a contar con una mejor
educación, son algunos de los retrocesos que se han vivido en esta legislatura
que está por terminar su ejercicio, afirmó la diputada Julisa Mejía Guardado.
Recordó que la reforma laboral
que aprobó el outsourcing, termina con la antigüedad en el trabajo y la
posibilidad de que los trabajadores puedan jubilarse al fin de etapa laboral
para recibir pensión por los años de servicios, ya que ahora con el pago por
hora los contratos temporales son lo común, de manera que cada mes los
contratan para que no generen antigüedad y por lo tanto, no recibirán pensión.
Solo que mientras en el país del
norte los trabajadores ganan en promedio 10 dólares por hora, esto es 120
pesos, en México por 8 horas de trabajo se pagan solo 70 pesos, de manera que
las familias no tienen los recursos para adquirir su canasta básica que les permita
una vida de calidad, puntualizó la legisladora del Sol Azteca.
Mejía Guardado dijo que los
legisladores del gobierno y sus aliados, en la práctica terminaron con los
derechos de los trabajadores por lo que sus condiciones laborales en lugar de
mejorarse, se agravaron y esto podría traer consecuencias a corto plazo, que
pueden verse reflejados en una crisis social de grandes dimensiones.
Por si fuera poco, agregó, la
llamada reforma educativa en lugar de mejorar la calidad de este derecho de los
mexicanos a contar con una educación que le de las herramientas para su
desarrollo profesional y con ello el de la propia familia, disminuye el
aprendizaje porque “los maestros tienen la obligación de no reprobar a sus
alumnos, aun cuando no hayan aprendido lo necesario. Tienen que pasar a todos y
esto repercutirá en su desarrollo profesional posterior”, subrayó.
Además, apuntó, contrario al
engaño que los ecologistas manejan de que ya no habrá cuotas obligatorias en
las escuelas, un artículo transitorio de la reforma, obligará a los padres de
familias a ser junto con los docentes, los responsables del mantenimiento de
los inmuebles escolares y del pago de los impuestos que les correspondan
aportar en las zonas donde se ubican, al convertirse la educación en una mercancía,
cuyos participantes: alumnos, padres y docentes, son ahora los obligados ante
la ley y ante ello, tendrán que aportar cuotas y demás.
Por ello, llamó a los mexicanos a
seguirse organizando para revertir las reformas que van en contra de los derechos
de todos los mexicanos y que el PRI, PVEM, PANAL y PAN, aprobaron en contra de
la Nación.

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