No hay quien niegue que en México existe una crisis de
confianza hacia las instituciones por la corrupción que corroe al Estado, como
lo afirmó el propio Auditor Superior de la Federación, al informar de los miles
de millones faltantes de comprobar del primer año del actual gobierno federal,
lo que señala la urgencia de crear el Sistema Nacional Anticorrupción ya,
afirmó la secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julisa Mejía
Guardado.
De acuerdo al informe de la ASF, recordó, los estados que
acumularon irregularidades por 67 mil 168 millones de pesos en el ejercicio de
recursos públicos federales, durante la Cuenta Pública de 2013 fueron
encabezados por Veracruz, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Chiapas, donde
se encontraron pagos indebidos o injustificados a personal, recursos no
ejercidos, ausencia de comprobantes de los gastos, transferencias monetarias a
cuentas bancarias no autorizadas y dinero aplicado en obras no convenidas.
La legisladora del Sol Azteca llamó la atención que la ASF
alertó que la legislación obsoleta y laxa que hay en cada entidad, hace casi
imposible la aplicación de responsabilidades a los servidores públicos locales,
por lo que propone que los congresos locales realicen reformas legales para
garantizar la sanción a los funcionarios estatales y municipales responsables
del mal uso de los recursos federales.
Mejía Guardado apuntó que la política de transparencia del
Estado mexicano se ha reducido a un fenómeno de opacidad, porque las
instituciones de éste han encontrado diversas opciones para evadir la
responsabilidad de la transparencia pública y consideró necesario que las
instituciones del Estado emprendan acciones concretas de combate a la
corrupción, porque todo indica que ni el sistema nacional anticorrupción tendrá
herramientas suficientes para cambiar la opacidad en que se desenvuelven todas
las instancias del Estado mexicano.
Por lo pronto, comentó que la propuesta conjunta del PRD,
PAN, y la Red por la Rendición de Cuentas, sobre la creación del sistema
nacional anticorrupción, señala que el Presidente de la República es
considerado servidor público, y por lo tanto podría ser acusado de conflicto de
interés, violaciones a la Constitución, a las leyes federales, así como por el
manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales, delitos cometidos
por servidores públicos.
Este documento que será presentado en la Comisión de Puntos
Constitucionales, asienta que los servidores públicos estarán obligados a presentar
su declaración patrimonial y de impuestos, así como la declaración detallada de
sus intereses particulares. Otorga autonomía técnica y de gestión a la
Auditoría Superior de la Federación, en tanto la Cámara de Diputados evaluará
el desempeño de la ASF, y faculta al Congreso a emitir las leyes generales en
materia de corrupción, enriquecimiento ilícito inexplicable; la ley general del
sistema nacional anticorrupción, las leyes concurrentes de la Federación,
estados, DF, municipios en materia de responsabilidad administrativa y
corrupción; y las leyes de las Fiscalías Especializadas en combate a la
corrupción y delitos electorales.
Puntualizó que actualmente las auditorias de la ASF no llegan
a la Oficina de la Presidencia y las irregularidades detectadas en el primer
año de gobierno son sobre todo sobre los programas sociales, lo que presupone
manejo indebido hacia otros ramos o acciones.
“La corrupción y la impunidad, por donde quiera que lo
veamos, siguen siendo el principal flagelo de nuestra sociedad y de ahí la
crisis de confianza en las instituciones, aún de las nuevas o recientemente
reformadas”, concluyó
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