Fernando Camacho Servín/La Jornada
El caso Ayotzinapa ilustra los serios desafíos que
enfrenta México
En México la desaparición de personas es un fenómeno
generalizado, que ocurre en gran parte del territorio y en muchos de estos
delitos hay participación de servidores públicos, por lo que es urgente que las
autoridades lleven a cabo acciones para resolver dicho problema, entre ellas
crear una unidad especial de búsqueda y un registro único de víctimas a escala
nacional.
La información
recibida por el comite ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en
gran parte del territorio, muchas de las cuales podrían calificarse como
forzadas, debido a la participación de servidores públicos en los hechos,
subrayó el CED.
De igual manera, destacó que el grave caso de los 43
normalistas de Ayotzinapa, agredidos y presuntamente asesinados hace más de
cuatro meses, ilustra los serios desafíos que enfrenta México en materia de
desapariciones forzadas y búsqueda de las víctimas.
El comité saludó
avances del Estado mexicano, entre ellos la ratificación de todos los tratados
de derechos humanos de Naciones Unidas, la reforma constitucional en la materia
de junio de 2011 y la adopción de la Ley General de Víctimas, pero también hizo
un amplio listado de sus preocupaciones.
Entre ellas figura que México no ha reconocido todavía la
competencia del CED para recibir quejas individuales e interestatales, por lo
que llamó enérgicamente al gobierno a hacerlo, como ordenan los artículos 31 y
32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas.
De igual manera,
el organismo lamentó que en el país hay niveles de cumplimiento desiguales de
las normas en contra de la desaparición forzada, y en ese sentido pidió a
México que expida una ley general en la materia, en la cual se tomen en cuenta
las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos.
El CED también manifestó su preocupación por la falta de
información estadística precisa sobre el número de víctimas de desaparición
forzada, lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo. Por ello,
recomendó que el Estado cree un registro único a escala nacional.
Asimismo, indicó
que algunas legislaciones no incluyen el delito de desaparición forzada o
establecen penas disímiles, por lo que apremió a México a tipificarlo a escala
federal y estatal de acuerdo con los estándares de Naciones Unidas y fijar
penas en función a su extrema gravedad.
En las
observaciones finales también se destaca que hay numerosos casos de
desaparición forzada contra migrantes, y por tanto convoca a las autoridades a
redoblar sus esfuerzos para prevenir e investigar estos casos.
Por otro lado, el
CED lamentó la impunidad de los casos denunciados, la falta de investigaciones
eficaces e inmediatas tras recibir una denuncia y la reclasificación de los
delitos. Por ello, pidió a México que realice indagatorias exahustivas e
imparciales, castigue a los responsables con penas adecuadas y facilite la
participación de los familiares de las víctimas.
Para tales efectos,
consideró que la Procuraduría General de la República debe crear una unidad
fiscal especializada en la investigación de las desapariciones forzadas que
cuente con recursos adecuados y trabaje de manera coordinada con otras
agencias, en particular la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Por otra parte, el
CED convocó a las autoridades nacionales a proteger a testigos y denunciantes
para evitar que sean intimidados o atacados; investigar todos los casos de
desaparición forzada cometidos durante la llamada guerra sucia y castigar a los
responsables, y garantizar el derecho a la reparación integral del daño.
Por último, el Comité de Naciones Unidas
recomendó al Estado mexicano que redoble sus esfuerzos en la búsqueda de
personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la restitución de los
restos a la familia de la víctima, así como crear un proceso para obtener una
declaración de ausencia con el fin de regular de manera apropiada la situación
legal de las personas desaparecidas y la de sus seres queridos.
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