Una vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) resolvió reclasificar el expediente del caso Tlatlaya como Investigación
de “Violaciones Graves” a Derechos Humanos, se acreditó una vez más la
impunidad que se vive en el país sumido en esta grave crisis de justicia que ha
marcado a la actual administración federal, afirmó la secretaria de la Comisión
de Puntos Constitucionales, Julisa Mejía Guardado.
Lamentablemente, dijo, es la propia entidad natal del
ejecutivo, ejemplo de lo que no debe ocurrir en ninguna parte del país, como
son los feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, torturas y extorsiones,
acciones que deben ser combatidas y eliminadas dentro de los cuerpos de
seguridad encargados de la prevención de la delincuencia y la procuración de
justicia.
En Tlatlaya, comentó, la CNDH acreditó hechos violatorios
consistentes en privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza,
tortura y tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos a la
verdad y al acceso a la justicia por lo que recomendó a las autoridades
mexiquenses que tomen en cuenta este hecho
en las acciones para eliminar estas prácticas entre sus filas.
La legisladora del Sol Azteca, apuntó que es tiempo ya pasar
de la simulación mediática de que se combaten estas prácticas ministeriales
para obtener confesiones a modo, mismas que se creían ya erradicadas de las
oficinas gubernamentales y que, de acuerdo a testimonios, están más que
arraigadas.
Mejía Guardado fue enfática en señalar que esto confirma la
grave crisis de derechos humanos que vive México, que ya se venía acentuando en
este siglo de la llamada alternancia y que, en estos dos últimos años, se ha
profundizado de manera grave, pese a que se quiso borrar de la opinión pública
los datos sobre ejecuciones, extorsiones, secuestros y violaciones de diverso
tipo contra la sociedad.
“No cabe duda que las cosas no han cambiado para México, que
todo fue un montaje mediático para hacernos creer que lo estaban haciendo, pero
a los ciudadanos ya no les dan atole con el dedo y lo demostrarán en las urnas
en junio próximo, porque las familias mexicanas están cansadas de tanta
simulación”, subrayó.
Llamó a los actores políticos a legislar por una verdadera
Fiscalía General de la República autónoma del gobierno federal y por un Sistema
Nacional Anticorrupción sin dependencia del Ejecutivo, que la combata, para que
la paz y la justicia lleguen a todas las familias mexicanas, como es la demanda
de la sociedad.
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