El anuncio del fin del
federalismo para dar paso a políticas centralistas que no han dado resultado,
en lo económico y en lo social, son sin duda un retroceso que aumentará la
irritación popular y con ello se agravará la crisis del Estado Mexicano porque
“lo que necesitamos son ejecutivos que cumplan las leyes y un poder Judicial
que las haga cumplir para que haya seguridad y justicia en México”, afirmó la
secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julisa Mejía Guardado.
Las reformas que el Ejecutivo
anunció enviará en el próximo periodo de sesiones, comentó, requerirán diversos
cambios al 115 constitucional, que de aprobarse terminarán con el federalismo
para dar paso al centralismo en el país como en los tiempos de Santa Anna que
disolvió la federación y anuló la autonomía de los estados lo que provocó la
independencia de Texas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Yucatán, hechos de
la historia que están ahí como ejemplo y que provocaron conflictos
internacionales con Francia y Estados Unidos.
Puntualizó que el centralismo es
lo que se pretende con la anunciada Ley contra la infiltración del crimen
organizado donde el gobierno central asumirá el control de los ayuntamientos
donde existan indicios de que están involucrados con la delincuencia organizada,
al tiempo de definir la competencia de cada autoridad de cara al delito, sin
reconocer que es la ineficacia del Estado y la ineficiencia del gobierno, la
que está provocando que esto ocurra y se perpetúe.
Mejía Guardado enfatizó que no es
silenciando a los medios de comunicación para que no informen a la opinión
pública sobre los índices de delincuencia, como ésta se combate, sino
reconstruyendo el tejido social con políticas públicas que permitan el impulso
de la economía de las familias, que se ponga fin al pacto de impunidad que
existe actualmente entre los diversos actores de la sociedad y se garantice la
seguridad del patrimonio y vida de todos los mexicanos.
“Hasta ahora los mandos únicos de
la policía no han funcionado en ninguna entidad del país donde ya se practican,
como tampoco la presencia de Bases de Operaciones Mixtas (BOM) de policías,
militares y marinos, siendo el Estado de México un ejemplo de su fracaso y el
municipio de Ecatepec en lo particular, con muchas bases, donde pese a éstas,
las ejecuciones, feminicidios, desapariciones, secuestros y extorsiones, están
a la orden del día”, subrayó.
Para la legisladora del PRD, el
inicio del tercer año de gobierno sin cambios en el gabinete que permitan
cambiar el rumbo económico, social y político que sigue este país, significa
echar leña al fuego social que ya está bastante agitado, al no reconocer la
administración la larga fila de errores cometidos en estos dos años que han
agravado la inseguridad y la impunidad en México.
Mencionó que el regreso de la
guerra sucia, reprimiendo las manifestaciones pacíficas y el secuestro de
estudiantes por los cuerpos policíacos, marcan sin duda que no se busca la
vigencia del Estado de Derecho como se declara, sino el control de la sociedad
y la restricción de sus derechos constitucionales.
“Esto lo vemos con las propuestas
de reglamentar las manifestaciones para que se repriman y que no se ha
impulsado la Comisión Nacional Anticorrupción, para que se aclare como una
empresa contratista preferida en el Estado de México, ahora lo es del gobierno
federal, hecho que en otras naciones representa conflicto de interés y remoción
de gobernantes y que en México, nada pasa”, puntualizó.
Estamos entonces, finalizó, ante
el regreso del Santanismo en México poniendo fin a la autonomía municipal y de
los estados, con una dictadura centralista disfrazada de federalismo que ya
veníamos viviendo y que ahora podría agravarse de permitirse reformas
regresivas como las anunciadas en un decálogo que en nada mejora la seguridad y
la justicia. “Es tiempo de defender a la República”.

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