El Gobierno del
Estado de México y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) han aceptado
las recomendaciones Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los
hechos de violencia ocurridos el pasado 30 de junio en la localidad de
Tlatlaya, donde 15 presuntos delincuentes --de un total de 22 víctimas
mortales-- fueron ejecutadas por ocho efectivos de la SEDENA.
Por un lado, el
gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, ha informado al
presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, sobre la aceptación de dicha
recomendación y ha anunciado que dará las instrucciones necesarias para dar
cumplimiento a la misma. De igual manera, ha prometido hacer un seguimiento e
informar al organismo, tal y como informa el diario mexicano 'Milenio'.
Por su parte, la
SEDENA ha aceptado la recomendación pa
ra "coadyuvar a esclarecer los
hechos ocurridos en una bodega en el estado de México", sin embargo, ha
advertido de que no comparte algunos de los señalamientos contenidos en la
recomendación de la CNDH.
En este sentido, ha
asegurado que si algún militar actuó fuera de la ley "será sancionado
conforme a derecho", pero ha recalcado en que "al mismo tiempo, se
velará para que todo militar que por el ejercicio de sus funciones enfrente una
investigación penal, tenga un trato digno y un juicio justo, agotando todas las
instancias, respetando en todo momento sus garantías constitucionales".
CONCLUSIÓN DE LA CNDH
La CNDH llegó a la
conclusión al término de su investigación sobre los hechos de violencia
ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya que 15 de las 22 víctimas mortales
fueron ejecutadas por ocho efectivos de la Secretaría de la SEDENA, en un hecho
que constituye "una de las peores violaciones a los Derechos Humanos
cometidas por miembros de las fuerzas armadas mexicanas".
Plascencia explicó el
pasado 22 de octubre que los quince civiles, entre los que hay dos adolescentes
de 17 años, fueron ejecutados por militares tras haberse rendido y pese a estar
desarmados. En cuanto a los otros cinco fallecidos, habrían muerto
presumiblemente en el tiroteo.
El titular de la CNDH
recordó que inicialmente se dijo que los 22 fallecidos habían muerto en el
enfrentamiento, ya que esa fue la información que ofreció SEDENA. Sin embargo,
la investigación ha permitido determinar que los cuerpos y la escena de los
hechos fueron manipulados por los soldados involucrados.
Asimismo, indicó que
autoridades de la Procuraduría General de Justicia del estado de México
obstaculizaron la entrega de imágenes para poder realizar las investigaciones.
LAS RECOMENDACIONES
Así las cosas, y dado
que a ninguno de los militares involucrados se les ha abierto un proceso penal
por homicidio, la CNDH recomendó a la SEDENA, a la Procuraduría General de la
República (PGR) y al gobierno del Estado de México, que se inicie una
investigación a los ocho militares involucrados, que sean juzgados por autoridades
federales y se indemnice a los familiares de las víctimas.
Igualmente,
Plascencia denunció la situación de dos mujeres que se encontraban en el lugar
donde se produjo el tiroteo y que actualmente están recluidas en un centro
federal femenino en Tepic, en el estado de Nayarit. Tras lamentar que se las ha
tratado como delincuentes, pidió que se les proporcione atención médica y
psicológica para restablecer su salud física y mental.
Entre tanto,
diputados de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia han creado un
grupo de trabajo para colaborar con las autoridades competentes en la
investigación de los hechos ocurridos. Así, la Cámara de Diputados animó el 30
de septiembre a dichas comisiones a crear una instancia legislativa sobre el
enfrentamiento protagonizado.
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