- Hasta ahora son solo
promesas del Ejecutivo que no se cumplen, afirmó
- La Fiscalía debe informar
sobre los casos de más de 20 mil desaparecidos
- La Comisión
Anticorrupción, tiene en la Casa Blanca su primer caso
Los casos de corrupción, inseguridad y restricción de
derechos suman cada día tantos que el gobierno federal parece haber perdido la
cuenta, sin que hasta ahora se haya definido la Ley de la Fiscalía General de
la República ante el temor de que la Comisión Nacional Anticorrupción tenga
como primer caso, investigar a la “Casa Blanca”, aseguró la secretaria de la
Comisión de Puntos Constitucionales, Julisa Mejía Guardado.
La legisladora del PRD apuntó que los conflictos de interés,
nepotismo y otras faltas administrativas siguen siendo el pan nuestro de cada
día ante la falta de legislación en tal sentido, por lo que la comisión de la
que forma parte debe dictaminar la Ley de la Fiscalía para que se designe a
quien ocupará dicho cargo, al mismo tiempo de dictaminar minutas pendientes que
permitan crear la Comisión Nacional Anticorrupción, para poner un freno a estas
prácticas dentro de los tres niveles de gobierno y los tres poderes.
Puntualizó que la Fiscalía General de la República como
organismo autónomo del Poder Ejecutivo debe contar con un titular que realmente
garantice que no dependa del presidente en turno y deje de castigar
políticamente a los opositores, como hasta ahora ha sucedido con la
Procuraduría General de la República (PGR), que no actúa para cumplir con sus
responsabilidades de institución del Estado.
“México está convertido por ello en fosas de cadáveres en
todos los puntos del país, porque pese a las denuncias de más de 20 mil
desaparecidos, nada ha investigado y el caso de Iguala ha destapado la cloaca
de los cementerios clandestinos, de los que ni siquiera la PGR ha investigado
nada y nada ha informado sobre ¿de quiénes son los restos encontrados?, porque
son parte de las omisiones del Estado Mexicano”, subrayó.
Mejía Guardado enfatizó que por ello, la Fiscalía General de
la República no puede quedar en manos del actual titular de la PGR, destacado
militante del partido en el poder, porque sería convertir la nueva dependencia
en agregado del presidente del turno y con ello el descrédito de las
instituciones republicanas sería permanente y la irritación popular creciente
desbordaría a las propias instituciones hoy tan cuestionadas.
La diputada del Sol Azteca cree que también la Comisión
Nacional Anticorrupción debe contar con todas las herramientas legales para
realizar su trabajo con autonomía de los tres poderes que fiscalice el
desempeño de todos los servidores públicos en cuanto a la aplicación de los
recursos que se presupuestan y con ello darle credibilidad a la actuación de
las instituciones del Estado Mexicano.
Sin duda, dijo, ante la presunción de conflicto de
intereses, el tema de la Casa Blanca debe ser uno de los primeros casos a investigar,
sobre cómo el constructor favorito del ex gobernador mexiquense, lo sigue
siendo ahora a nivel federal, y cómo es que la casa de su esposa llegó vía la
empresa de dicho personaje, toda vez que lo hasta ahora dicho, deja más dudas
que certidumbre sobre su adquisición.
“Hay materia que resolver tanto para la Fiscalía General de
la República, como para la Comisión Nacional Anticorrupción, falta solo la
voluntad de los actores políticos involucrados para que ambas dependencias con
autonomía y patrimonio propio, estén funcionando en México, cumpliendo con la
ley y aplicándola tope donde tope, para ver qué tan convencido estaba de esta
frase el Ejecutivo”, finalizó.
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