La estrategia de seguridad implementada por la autoridad
federal en el estado de Michoacán, que incluyó la llegada del comisionado
Alfredo Castillo, apagó “el fuego” momentáneamente en el corto plazo. Sin
embargo, continúa siendo un foco rojo ya que no existe la capacidad para ser un
estado soberano que atienda sus propias crisis, además de que la crisis de
inseguridad está lejos de resolverse, advirtió el Centro para la Investigación
y el Desarrollo AC.
Explicó que con la entrada del comisionado Alfredo Castillo
se violó la Constitución al transgredirse las facultades del Congreso local y
alterar la jerarquía entre la autoridad estatal y la de la Federación. “En ese
sentido, a pesar de que se mantiene la percepción de progreso, el estado está
más remoto y no más cerca de ser capaz de atender su crisis”.
El CIDAC mencionó que pese a la intervención del gobierno
federal, los michoacanos están muy lejos de que la crisis de inseguridad que
enfrentan esté por resolverse.
En un análisis afirmó que el número de denuncias de los
principales delitos violentos, como homicidios, secuestros y extorsiones, se
mantuvo casi igual entre enero y abril de este año, en comparación con el mismo
periodo del año anterior.
Este centro de investigación aseveró que el no desarrollar
una capacidad policiaca y judicial en Michoacán ha hecho que las soluciones
sean principalmente la incorporación discrecional de ciertos grupos de
autodefensas, así como la detención de uno que otro cabecilla del crimen
organizado.
Por otro lado, dice, la cooptación de grupos armados a la
nueva Fuerza Rural ha creado una división en las mismas autodefensas. “La
cooptación de ciertos grupos armados a la nueva Fuerza Rural ha creado una
división en las mismas autodefensas que por el momento ha permitido
controlarlas, pero que a su vez favorece la aparición de nuevos actores en la
lucha por el monopolio de la violencia”.
Finalmente, el CIDAC alertó que el gobierno federal se ha
enfocado en un fin mayoritariamente político al promover una percepción
positiva del estado. “Todas sus baterías (del gobierno federal) están enfocadas
en ganar la elección o minimizar pérdidas el próximo año, no en construir una
base sostenible de seguridad pública. Tenemos que vigilar que no terminemos con
un gobierno que centraliza pero aún así no puede resolver”.
El gobierno federal, a través de las fuerzas armadas,
mantiene una estrategia de seguridad en los estados de Tamaulipas, Michoacán y
México, los cuales tienen altos índices de violencia e inseguridad.
El primer estado en ser intervenido por las fuerzas armadas
fue Michoacán. En enero de este año comenzó la estrategia federal,
posteriormente en el Estado de México se iniciaron operativos del Ejército y la
Marina, y en mayo pasado en Tamaulipas arrancó un nuevo plan en materia de
seguridad.
El ex presidente Felipe Calderón inició su estrategia de
seguridad en contra del crimen organizado en el estado de Michoacán; ello
debido a que el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel pidió el apoyo del
gobierno federal.
En diciembre del 2006, Calderón Hinojosa anunció el envío de
elementos del Ejército mexicano para hacer frente a la delincuencia y el crimen
organizado. Un sexenio más tarde, el presidente Enrique Peña Nieto también
inició su estrategia en la entidad, y luego se extendió en otras entidades.
El próximo año habrá elecciones en el estado de Michoacán
para definir gobernador, diputados locales y federales, así como 113
presidentes municipales.
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