· Once policías municipales ingresaron
al “Comedor del Hermano Migrante San José” y los sacaron por la fuerza
Toluca, México, 22 de junio de
2014.- Por la intromisión de policías municipales de vialidad de Huehuetoca al
“Comedor del Hermano Migrante San José”, para detener de forma arbitraria a dos
migrantes, actuación contraria a los principios de legalidad, seguridad
jurídica y trato digno, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
emitió una recomendación al presidente municipal de la zona.
Al documentar prácticas ilegales
en las que incurrieron los elementos, por las detenciones arbitrarias y
maltrato, recomendó iniciar los procedimientos administrativos disciplinarios
contra los servidores públicos involucrados, así como la impartición de cursos
de capacitación y la realización de evaluaciones periódicas al personal en el
uso de la fuerza, incluidas las técnicas de detención, sometimiento y
aseguramiento.
De acuerdo con la información
recabada por la CODHEM, el 17 de junio de 2013, personal del Instituto de
Migración y policías municipales llegaron a las inmediaciones del comedor,
donde se encontraban personas ingiriendo alimentos, que al ver a las autoridades, trataron de
huir, corriendo a la calle y otros hacia el interior del inmueble.
Fue en ese momento cuando los
uniformados ingresaron y sacaron a dos de los extranjeros por la fuerza;
mientras otros eran sometidos con violencia y obligados a subir a vehículos de
seguridad pública municipal; mientras que el personal del INM sólo observó el
desarrollo de los hechos.
De acuerdo a las investigaciones
que sustentaron la recomendación 06/2014, se cometieron violaciones graves a
los derechos fundamentales de los dos detenidos al interior del comedor, pues
no hubo delito flagrante que motivara el ingreso de los uniformados ni estaba
contemplado en el oficio remitido por el Instituto Nacional de Migración a la
autoridad local, en el que sólo pidió el apoyo en un operativo para el
aseguramiento y custodia de personas extranjeras que no comprobaran su estancia
legal en el país.
Los hechos de queja, derivaron en
cinco expedientes y como parte de las indagaciones, se solicitó un informe al
presidente municipal de Huehuetoca, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a
la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, al Instituto Nacional
de Migración y a la Comisión Nacional de Seguridad; además de recabarse
declaraciones y hacer visitas de
inspección al comedor y sus inmediaciones.
Las evidencias permitieron
determinar que el director de Seguridad Pública y Vialidad del municipio,
Francisco Javier Torres Villalobos; así como el jefe de la Región Sur, Vicente
Garfias Godínez y el jefe de la Región Norte de Huehuetoca, Jorge Ángel Santillán
Rivas, así como ocho policías municipales participaron en un operativo de
verificación migratoria en áreas y vías públicas en el que se detuvo a 30
personas, entre ellas tres menores de edad y tres mujeres, sin embargo, dos
fueron asegurados al interior del comedor.
Los otros elementos de seguridad
pública, son Felipe Ramírez Hernández, Juan Carlos López Garay, Ernestina Mina
Castro, Juan Carlos Ayala González, Víctor Hugo Chávez Domínguez, José Manuel
Toribio Ávila Sánchez, Jesús Mateos Rafael y Arturo Vázquez Cabral , quienes
con sus actos y omisiones trasgredieron la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios al realizar acciones ilegales,
arbitrarias e indebidas que atentaron contra los derechos humanos de los migrantes.
En la recomendación se precisa
que es facultad del Instituto de Migración realizar dichas verificaciones, pero
con base en el artículo 76 de la Ley de Migración, no podrá efectuarlas en los
lugares donde haya migrantes albergados por organizaciones de la sociedad
civil, o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de
protección, por tanto, los elementos de seguridad pública no debieron entrar a
dicho lugar.
Se concluye que además de
violentar diversas leyes del país e instrumentos internacionales,
contravinieron el Bando Municipal 2013 de Huehuetoca, donde se indica que los
miembros del cuerpo de la Policía Municipal y Vialidad, no deben molestar por
ningún concepto a las personas; tampoco deben invadir la jurisdicción de otras
autoridades ni realizar acciones que no sean de su competencia; y sobre todo,
incumplieron con su tarea primordial de proteger los derechos y bienes de las
personas.
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