En México, alrededor de tres
millones de niños y adolescentes trabajan en actividades y lugares inadecuados
y riesgosos como minas, basureros, cantinas, obras de construcción o centros
nocturnos, y muchos de ellos por más de 35 horas a la semana.
La Dirección General de Servicios
de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, advirtió
que pese a que las condiciones de trabajo no son óptimas para los menores, no
se establecen penas y multas claras contra quienes los emplean y explotan.
En un análisis sobre la situación
de los niños que trabajan en el país, señaló que debido a lo anterior la firma
de tratados y convenios contra el trabajo infantil es infructuosa y queda en
calidad de “letra muerta”.
Dicho órgano indicó que las
entidades de la República con mayor número de personas de entre cinco y 17 años
que trabajan son el Estado de México, Chiapas, Jalisco, Puebla, Guerrero,
Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz y el Distrito Federal.
De los más de tres millones de
infantes que realizan trabajo de algún tipo en México y en condiciones
inadecuadas, 1.2 millones -lo que equivale a 39 por ciento- no van a la
escuela.
El documento titulado “Trabajo
Infantil en México. Análisis Conceptual, Marco Jurídico, Antecedentes
Internacionales, Derecho Comparado y Opiniones Especializadas”, contiene datos
del Módulo de Trabajo Infantil INEGI-Secretaría del Trabajo 2011.
De acuerdo con dicha información,
del total de niños 5.5 por ciento se desempeña en un lugar inadecuado, 28 por
ciento bajo distintos riesgos, 28 por ciento labora durante más de 15 horas y
31.5 por ciento durante periodos mayores a 35 horas semanales.
Expuso que el trabajo infantil en
condiciones anómalas, genera secuelas e impactos a mediano y largo plazo, como
daño físico y psicológico, por tratarse de una actividad no natural para un
niño o niña.
Es así que el trabajo en menores
de edad representa un problema social ligado a la pobreza, la desigualdad, la
falta de oportunidades, desempleo, desintegración familiar y la descomposición
social; sin embargo, dicha actividad es cada vez más común.
En este sentido, externó que el
fenómeno podrá revertirse, a partir de la definición de las causas que lo
provocan, pero en términos reales, cuando se reconozca el derecho de los niños
a no verse obligados a trabajar, y en caso necesario que la actividad sea
digna, les permita continuar sus estudios sin sufrir explotación ni maltrato.
Además, consideró contar con
políticas públicas integrales en los tres niveles de gobierno, dedicadas a
reducir la pobreza de la población, por ser esta una de las principales causas
del trabajo infantil.
El organismo recordó que en marzo
pasado, los diputados federales aprobaron aumentar la edad legal para el trabajo
infantil, de 14 a 15 años; no obstante, hace falta que los gobiernos apliquen
la norma.
Recalcó que el país ha firmado
una serie de instrumentos internacionales a favor de los derechos de los niños,
incluyendo el de no obligarlos a trabajar.
Empero, sin la debida aplicación
de la ley “se puede deducir que esto es letra muerta si no se establecen penas
y multas como ya sucede en el Distrito Federal, donde ya ha sido creado un tipo
penal para quien ponga a trabajar a un niño, situación que no sucede en ningún
estado del país”.
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