ERRADICAR CONDUCTAS QUE LACEREN A PUEBLOS INDÍGENAS

**Realiza CODHEM y CNDH Foro de Acceso a la Justicia para dicho sector vulnerable

Valle de Bravo, México, 21 de junio de 2014.- Conocer el derecho que le asiste a los pueblos y comunidades indígenas permite combatir y erradicar conductas violentas; además de ser un factor imprescindible para acceder a la justicia, hacer oír su voz y abatir la discriminación a la que podrían ser sujetos por el desconocimiento sobre su forma de vida, afirmó el ombudsman Marco Antonio Morales Gómez.

Después de una ceremonia tradicional mazahua para enmarcar los trabajos académicos del foro “Derecho al Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas”, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, subrayó que el desconocimiento de la cultura de la legalidad en los procesos interculturales lesiona el tejido social, por ello es necesario trabajar en una cultura de respeto a los derechos humanos y sumar esfuerzos para generar una visión de inclusión, que permita mejorar las condiciones de vida de los pueblos originarios.

El propósito del foro, al que asistieron más de 500 hombres, mujeres, niños y niñas de la etnia mazahua, procedentes de diferentes localidades del Valle de Toluca, fue generar ideas y propuestas que partan de su contexto social y contribuyan al acceso a la justicia como un derecho humano.

Ante funcionarios tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Morales Gómez destacó la importancia de que los grupos indígenas conozcan y se vinculen a los procedimientos que salvaguardan sus derechos fundamentales, haciendo énfasis en los elementos que componen su cultura e identidad.

El ombudsman mexiquense reconoció que la diversidad cultural permite que los pueblos y comunidades indígenas tengan sus propios sistemas normativos para resolver los conflictos intercomunitarios, considerados como usos y costumbres, mismos que, subrayó, en ningún momento podrán contravenir los preceptos de la Constitución Política federal ni estatal, ni  leyes o tratados internacionales, mucho menos vulnerar los derechos humanos.

Recordó que la Ley de Derechos y Cultura del Estado de México reconoce el derecho a la procuración e impartición de justicia por parte del Estado, a los integrantes de los pueblos y comunidades originarias y garantiza los derechos humanos en todas las etapas procesales; por eso es indispensable ejercer ese derecho a través de la representación legal de sus defensores e intérpretes, que conozcan la lengua y cultura del pueblo correspondiente, para permitir que el proceso judicial sea equitativo y justo.

Cada individuo e institución desde su rol social, añadió, deberá contribuir en la construcción de una sociedad democrática e incluyente donde los pueblos y comunidades puedan acceder en igualdad de circunstancias a la justicia y se respete la dignidad de las personas.

Por su parte, Leticia Escandón Carrillo, Cuarta Visitadora General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo que los pueblos y comunidades indígenas cuentan con un régimen jurídico especial, construido a la luz de la constitucionalidad y la convencionalidad, contenido en la Carta Magna, que reconoce y garantiza en el artículo segundo, el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a acceder libremente a la jurisdicción del Estado.

Bajo esos postulados, indicó, los grupos y comunidades indígenas poseen una plena protección para ejercer sus derechos y la expresión de su identidad individual y colectiva; sin embargo, el reto que enfrenta el Estado mexicano, es materializar dichos pilares y en específico, conjugar las tradiciones, cultura y necesidades con el derecho contemporáneo de acceso a la justicia.

Durante los trabajos, académicos y especialistas analizaron las principales problemáticas que enfrentan los grupos indígenas para acceder a la justicia, a fin de fortalecer la defensa de sus derechos humanos y lograr la inclusión en la sociedad; también se escuchó la voz de representantes de la etnia, quienes externaron sus dudas.