La Judicatura
Federal ordenó frenar cualquier pago a Eduardo Ochoa Torres, José Manuel
Rodríguez y Javier Rubén Lozano, mientras son investigados por sus presuntos
nexos con 'El Zar de los Casinos'.
RUBÉN MOSSO
Ciudad de México
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF)
suspendió y ordenó frenar cualquier pago a los magistrados Eduardo Ochoa Torres
y José Manuel Rodríguez Puerto, así como al juez Javier Rubén Lozano Martínez,
mientras son investigados por sus presuntos vínculos con el empresario de casas
de apuestas Juan José Rojas Cardona.
Ochoa Torres se desempeñaba como presidente
del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, en Monterrey, en tanto que
Rodríguez Puerto integraba el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del
Trabajo, en Tamaulipas; por su parte, Lozano Martínez era titular del juzgado
Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey. La decisión
responde a la investigación interna iniciada tras la divulgación de grabaciones
que los relacionan con Rojas Cardona.
"...este cuerpo colegiado reafirma que
la nueva investigación se suma a aquellas en las que se han instruido
procedimientos disciplinarios contra servidores públicos judiciales
involucrados con resoluciones irregulares referentes a casas de apuestas.
"Es compromiso del CJF continuar
perfeccionando los mecanismos de vigilancia con los que cuenta para detectar,
sancionar y erradicar actos de corrupción en el Poder Judicial de la
Federación, donde no tienen cabida aquellos cuyo interés no sean el de servir
con imparcialidad a la sociedad", señaló la Judicatura.
El órgano de control y vigilancia de los
jueces y magistrados federales informó que las tareas de vigilancia y los
mecanismos anticorrupción se han venido aplicando con firmeza en estos casos
relacionados con la actividad de los centros de apuestas desde 2011.
Recordó que en enero del presente año, las
investigaciones realizadas por el CJF y sus órganos internos lograron recabar
elementos suficientes para iniciar procedimiento disciplinario de oficio en
contra de Luis Armando Jerezano Treviño y Gerardo Tiscareño Mercado, juez
Primero de Distrito y secretario de juzgado, respectivamente, por conductas
constitutivas de probables irregularidades en su desempeño en el Juzgado Cuarto
de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón.
"Adicionalmente a estos resultados,
las indagatorias siguieron su curso por instrucción de los Consejeros de la
Judicatura Federal de tal forma que el 5 de marzo de 2014 se ordenó el inicio
del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del juez de
Distrito, Ricardo Hiram Barbosa Alanís, y de sus secretarios Héctor Fernando
Monterrubio Pontigo, Alejandro Tovar Álvarez y Eusebia González González",
apuntó.
El 6 de mayo, la Judicatura separó a Mario
Alberto Prado Rodríguez, quien se desempeñaba como secretario técnico de la
ponencia del consejero Daniel Cabeza de Vaca, luego de que se difundieron las
grabaciones con magistrados presuntamente vinculados con Juan José Rojas
Cardona.
En el caso del juez Lozano Martínez,
presuntamente favorecía al empresario de casas de apuestas, no así a sus
competidores.
Apenas el pasado 25 de abril, un día
después de la clausura impuesta por Gobernación en 11 de sus casinos en todo el
país, Rojas Cardona promovió un incidente de violación a la suspensión
definitiva a través de su juez preferido, el mismo que blindó legalmente a
Entretenimiento de México, SA de CV, para que continuara explotando la licencia
federal para 26 casas de apuestas, pese a que desde el 12 de octubre y 9 de
noviembre de 2012, José Epigmenio Zermeño, subdirector de Autorización de
Permisos de la Dirección Adjunta de Juegos y Sorteos, rechazó la operación de
por lo menos tres casinos en Veracruz, San Miguel de Allende y Michoacán.
Por lo menos en siete ocasiones, Rojas
Cardona recurrió a Lozano Martínez en juicios de amparo favorables, que ya
fueron sobreseídos, suspendidos o aplazados.
El 1 de marzo de 2013, tres días después de
que la alcaldesa Margarita Arellanes iniciara la clausura de 10 casinos en
Monterrey, la empresa promovió el juicio de amparo número 390/2013 en el
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León.
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